La inmobiliaria Fundamenta, sin razón alguna, considera que el juez Sergio Muñoz la ha perjudicado en la tramitación de un juicio entablado por vecinos de Ñuñoa en contra de su proyecto de cuatro torres de 32 pisos c/u en esa comuna y por ello, con una pueril e infundada denuncia de un abogado de apellido Fuentes en la Corte Suprema, se le acusó que habría entregado información privilegiada a su hija Graciel, también jueza, con lo cual se configuraría un "notable abandono de deberes".

Se utilizó como justificativo el hecho de que ella quería desistirse  de una promesa de compraventa de un par de departamentos de ese cuestionado proyecto. Con esta maniobra, la derecha justificó su embestida al magistrado presidente de la 3a Sala de la Corte Suprema.  

Se debe saber que dicha empresa, muy enojada con Muñoz, contaba con el permiso de edificación N° 296 del 12/10/2018, mal cursado a las empresas Plaza Egaña SpA y Metro S.A. por un director de obras municipales (DOM) subrogante.

Esto, recordando que durante el período de un año, 30/08/2018–30/08/2019, hubo un congelamiento de ingresos de permisos de edificación en Ñuñoa, pues la autoridad estaba tramitando una modificación al Plan Regulador Comunal (PRC) para, entre otras cosas, proceder a limitar las alturas máximas de las edificaciones a 15 pisos.

Este instrumento normativo entró en vigencia el 30/08/2019, con lo cual se demuestra que el aludido permiso de edificación por las cuatro torres de 32 pisos se cursó mientras estaba vigente el congelamiento, pero ello fue posible porque, conforme a la regulación nacional, su solicitud ingresó en la DOM con fecha 25/04/18, cuando no había restricción urbana. 

Por las fechas descritas, en conocimiento que construir torres de más de 30 pisos es muy distinto que construirlas con solo 15 pisos, ello por las ganancias a obtenerse, se entiende claramente el apuro que tuvo el funcionario municipal para otorgar el permiso, sin revisar el Estudio de los Conos de Sombra, relacionado con el volumen teórico del proyecto.

Estudio que la 3a Sala de la Suprema resolvió que debía ser analizado por la Administración, en este caso por la Seremi Minvu, instancia superior jerárquica de la DOM de Ñuñoa, materia que supuestamente se determinará en los próximos días.

Sin embargo, esta decisión de la autoridad central competente, por el prolongado tiempo transcurrido, operando la prescripción, no afectará al negocio trucho de las torres, aunque sí se acreditará el embuste en comento.  

Recordamos que hace un par de años la jefa de gabinete de la alcaldesa Emilia Ríos y un arquitecto de esa municipalidad, solicitaron una entrevista para analizar la situación existente, ya que la prensa estaba dando cuenta del conflicto. Me reuní con ellos en un café y a ambos funcionarios se les explicó que el mencionado "estudio" estaba mal elaborado, sin saber qué acciones correctivas adoptó dicha municipalidad.

Es más, el ingeniero civil Rodolfo Acha, miembro del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) de Ñuñoa, también le ha expresado a la Seremi Minvu que ese "estudio" contiene innumerables errores, dando cuenta asimismo que el propio permiso de edificación del año 2018 vulnera diversas disposiciones reglamentarias y legales. Por razones entendibles, estos aspectos asociados a la tramitación del proyecto no son publicados por la prensa de derecha.     

Pues bien, la semana pasada la Cámara de Diputados, con los disciplinados votos de los partidos políticos UDI, RN, Evópoli, que conforman Chile Vamos, más Republicanos y Social Cristiano, livianamente se suspendió al juez Muñoz de sus funciones jurisdiccionales, al aprobar la misma acusación constitucional que afectó a la jueza Ángela Vivanco, pero por motivos muy diferentes (sic).

En efecto, Vivanco mantenía infinidad de amistosos diálogos y tratos non sanctos con el abogado Hermosilla y por ello fue removida de su cargo por parte de la Corte Suprema, a pesar de la interesante defensa hecha por su abogado Cristóbal Osorio. Todos sabemos que se juntaron las dos acusaciones para asegurarse su aprobación.   

Volviendo a la acusación constitucional, se concluyó entonces que, con ese garrafal error de los diputados, se pasó por alto el principio de que las responsabilidades son personales, y ahora la suerte del juez Muñoz será resuelta por el Senado, teniéndose en cuenta que la derecha, sobre todo la pinochetista, lo considera de izquierda por el contenido de las sentencias en que ha participado.   

En mi condición de sabedor de las trampas que muchos privados cometen para obtener mayores lucros en las actividades productivas, conociendo además la probidad y el estricto apego a la ley por parte del juez Muñoz, el 10/10/2024 expresé mi posición respecto de este asunto, ver link.

Obviamente en el caso del juez Muñoz, bajo ninguna circunstancia, se configura el grave delito del “notable abandono de deberes”, él es rechazado por la derecha debido a sus apegos irrestrictos a los derechos humanos, por ceñirse a la ley, haciendo prevalecer los asuntos ambientales, y por proceder conforme a la sana política que busca la justicia social.

Involucrarlo en la acusación porque una empleada de la inmobiliaria Fundamenta, quien actúa por cuenta de su empleadora, diga que la hija de Muñoz le "habría" manifestado a ella la frasecita que la opinión pública ya conoce, es hasta burlesco pues no está comprobado. Así las cosas, sostengo que estamos ante una vulgar operación política para así empatar con lo acontecido con la ex jueza Vivanco, a quien se le considera de derecha. 

A muchos diputados acusadores, que forman parte del partido Republicano, no les gustó el desenlace conocido respecto de las innumerables cuentas que tenía Pinochet en el Banco Riggs, investigado por el juez Muñoz y por ello son los que lideran, con otros tantos de la UDI, esta pérfida imputación que producirá efecto solamente si al menos 26 senadores la aprueban.

Si llegara a primar el sentido común, lo cual es posible, esta acusación constitucional no prosperará y así se confirmará que los senadores son bastante más serios y responsables que los faranduleros diputados. 

Y ya que estamos hablando de corrupción, es de esperar que más gente denuncie en la Contraloría o en el Ministerio Público las malas prácticas que conocen, dejándose en claro que es perder el tiempo recurrir a los municipios. Y en esa línea, apoyo con absoluta convicción la nominación anunciada por el gobierno para que Dorothy Pérez sea la titular en ese importante servicio fiscalizador.