A 51 años del Golpe de Estado contra el gobierno democrático y constitucional encabezado por Salvador Allende, es menester efectuar una revisión crítica respecto de las secuelas estructurales que dejó la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet, tiranía que contó con muchos adherentes y acólitos que hasta el día de hoy se pasean libremente impunes.

Represión, exterminio y exilio

Los efectos del golpe de Estado y del bombardeo de La Moneda se vieron reflejados en la vida de todos los chilenos. Después de su llegada al poder y de la clausura del Parlamento, la junta de gobierno instauró el estado de sitio y un toque de queda con la intención de controlar a la población.

Se ilegalizaron los partidos políticos, se pusieron límites a la libertad artística y de expresión y se prohibieron las manifestaciones sociales y sindicales de cualquier tipo. En 1974 se creó de manera oficial la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la cual aplicó los principios de la doctrina de la seguridad nacional para la persecución, detención y ejecución de toda clase de oposición política a la dictadura.

Gran parte de los oficiales que formaban parte de la DINA fueron entrenados en la Escuela de las Américas, donde fueron instruidos sobre los distintos mecanismos de tortura, interrogación y ejecución de grupos subversivos.

A través de la DINA -luego renombrada Central Nacional de Informaciones-, el régimen de Pinochet ejerció una política sistemáticamente violenta y represiva contra la población, sobre todo contra miembros de sindicatos, campesinos, obreros y estudiantes, pero también contra otros colectivos sociales.

Los pueblos indígenas, por ejemplo, fueron víctimas de violaciones graves de sus derechos humanos. En 1979 Pinochet anuncia que “ya no existen mapuches, porque somos todos chilenos”; su identidad étnica y cultural fue negada en un intento de homogeneización y chilenización como política cultural del Estado.

De acuerdo con los informes oficialmente reconocidos por el Estado, la dictadura en Chile dejó más de 44.000 víctimas, entre ellas 3.216 muertos, de los cuales 1.185 fueron detenidos desaparecidos.

A estas cifras se suman cerca de 33.000 detenidos y torturados, además de 200.000 exiliados. El Estadio Chile y el Nacional se convirtieron en dos de los principales centros de detención del país, en los cuales muchas personas, como el cantautor Víctor Jara, fueron torturadas y asesinadas.

La DINA formaba parte del acuerdo de cooperación internacional entre los distintos organismos autoritarios y de represión política que había en el Cono Sur, que, con el apoyo de la CIA, conformaron la llamada Operación Cóndor.

Esta consistía en un sistema de coordinación entre países cuya intención era erradicar el “terrorismo marxista” de la zona utilizando instrumentos de represión y ejecución. En conjunto, todos los países que formaron parte del acuerdo -Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay- generaron un saldo de aproximadamente 60.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 400.000 detenidos.

Eliminación del sistema de seguridad social y creación de las AFP (1981)

Con la creación de las AFP se utilizó las cotizaciones de los trabajadores para sus pensiones futuras, pero de paso se capitalizó a los grupos económicos, invirtiendo en acciones y bonos para que estos puedan crecer y reproducirse.

Al año 2020, el 50% de las personas recibía una pensión autofinanciada menor a $257.428. Por otra parte, si se analizan a las personas que cotizaron entre 30 y 35 años, se obtiene que el 50% de ellas recibió una pensión total menor a $315.705.

Mientras tanto, el grupo Luksic recibe de las AFP una inyección de de capital de $3,4 billones; el grupo Angelini, $1,1 billón; SQM, $230.220 millones y Penta, $52.932 millones (2017). Luego estos mismos grupos financian a los postulantes al Congreso Nacional para que se mantengan las reglas del juego.

Plan Laboral (1979)

Su propósito fue despolitizar a los sindicatos y eliminar la correa de trasmisión entre negociación colectiva y distribución del ingreso. Sin negociación por rama y con el derecho a huelga reducido. El Plan Laboral muestra su inobjetable «éxito»: solo el 8% de los trabajadores chilenos negocia colectivamente y el 74% gana menos de $400.000 líquidos.

Subcontratación

Previo al DL 2.950, la subcontratación del giro estuvo prohibida en Chile y el decreto levanta esa limitación. La subcontratación se reconoce como necesaria a todo nivel, como parte de las tendencias descentralizadoras de la producción para ganar competitividad. Esto se mantiene intacto durante todo el período de la Concertación.

El año 2007, al legislarse la Ley de Subcontratación, existió la posibilidad de eliminar la subcontratación de la actividad principal o giro de la empresa, pero no se hizo. El régimen laboral “tercerizado“, aumenta la probabilidad de tener empleo desprotegido en un 30% (sin estabilidad ni seguridad social), obstaculiza el pleno ejercicio de los derechos colectivos al tiempo que presiona los salarios hacia la baja.

Sector forestal (Decreto Ley 701 de 1974)

El Estado subvencionó a los privados con el Decreto Ley 701 sobre fomento forestal, que estableció la bonificación del Fisco a las plantaciones para aumentar la inversión forestal y les dio exenciones tributarias. Además de implantar una línea de crédito destinada exclusivamente a fomentar la forestación a través del Banco Central.

Acorde con esta política, la superficie plantada, especialmente con pinus radiata, aumentó notablemente en el período entre 1975-1989. En 1975, las plantaciones forestales del país alcanzaban las 390.000 hectáreas, mientras que en 1989, esta cifra se había elevado a 1.326.700 hectáreas.

En 1989, CODEFF (Comité Pro Defensa de la Flora y Fauna) denunciaba la destrucción de 48.592 hectáreas de bosque nativo en la VII y VIII regiones para plantar posteriormente pino insigne. La expansión de las forestales también significó la expulsión de comunidades rurales e indígenas, la degradación y erosión de suelos, la vulnerabilidad ante las plagas, la disminución de los cauces de agua y la contaminación del ecosistema por desechos y emanaciones que resultan de este rubro.

Pesca

La devolución del control de las empresas al sector privado -que habían sido estatizadas-, las políticas de libre acceso a especies marinas, de fomento a las exportaciones y de desregulación del recurso, incentivaron la inversión de grandes capitales.

El desembarque de peces aumentó de 0.9 millones de toneladas en 1975 a 6.6 millones en 1989. Esto en dos etapas: una inicial con buques factoría y de pesca de arrastre, sin ningún tipo de limitación en la captura (siendo que está internacionalmente prohibido que se pesque en zonas de costa), y otra posterior donde se empezó a procesar en tierra, principalmente para la generación de harina de pescado y para conserveras.

Lo anterior se tradujo en arrasar la flora y fauna marítima. En 1986, producto de la presión a nivel internacional, se promulgó la Ley Nº 18.565 y el Decreto Supremo 436, que limitó, muy tímidamente, la cantidad de flotas pesqueras en algunas regiones, entre otras regulaciones mínimas.

Privatización de la educación y abandono de la educación pública

En 1981 se municipaliza la Educación Escolar en Chile y se comienza a financiar las escuelas a través de una subvención por número de alumnos que asisten a clases. También se permite que las escuelas particulares reciban subvención, sin embargo, éstas pueden seleccionar a los alumnos, lucrar y a partir de 1993 pueden cobrar aranceles (política de Financiamiento Compartido implantada en el primer gobierno de la Concertación).

Mientras en 1981 existía un 78% de matrícula en la Educación Municipal, hoy solo queda un 36%, siendo el sistema educacional más segregado del mundo.

En Educación Superior, a partir de 1981, se permitió la creación de Universidades, CFT e IP privados, generándose un mercado de la educación y un crecimiento inorgánico de la matrícula. Hoy, las universidades estatales solo cuentan con un 12% de financiamiento fiscal basal, el 77% del gasto en Educación Superior lo realizan las familias chilenas y prácticamente no existen CFT e IP públicos.

Fin del sistema público de salud; la creación del Fonasa y de las Isapres

Entre 1979 y 1981 se decretó el fin del sistema público de salud. La creación del Fonasa (1980) y de las Isapres (1981) instituía el actual sistema mixto de seguros en el cual los subsistemas público y privado compiten entre ellos, mientras que la municipalización de los Centros de Atención Primaria (1980) reducía el alcance de la responsabilidad estatal.

Los gobiernos democráticos no han modificado esos cimientos, limitándose a intervenciones en materia de regulación de precios, control y fiscalización. Los resultados son claros: hoy en día el “gasto público” en salud es uno de los más bajos entre los países OCDE, mientras que el “gasto de bolsillo” de los usuarios uno de los más altos.

Las Isapres, en tanto, durante el primer semestre de 2023 obtuvieron ganancias por 8.933 millones de pesos. Según consignó El Mercurio, estas cifras corresponden a los primeros números azules que exhiben las aseguradoras privadas desde diciembre de 2020, año en que superaron los 80.000 millones de pesos en utilidades.

Sistema bancario

Desde 1975 se privatizan los bancos (excepto BancoEstado), se permite la entrada de bancos extranjeros y se liberalizan las tasas de interés, las cuales se ajustarán según una “máxima convencional”.

Desde 1981 -producto de una crisis interna (previo a la crisis internacional)- la superintendencia interviene los bancos traspasando sus deudas al Banco Central (impagable hasta el día de hoy), dando acceso a divisas a precios preferenciales y la reprogramación de sus deudas (35% del PIB de la época).

En 1986 se crea la Ley General de Bancos (LGB) que, entre otros, estableció segmentación de carteras según tipo de riesgo (hogares de ingresos bajos es más riesgoso y por lo tanto mayor tasa de interés). En la misma línea, en 1999 se segmentan las tasas de interés según tramos de préstamo (menos y más de 200 UF).

En 2001 se deroga el artículo XIV de la LGB que permitía el funcionamiento de financieras y se reduce a la mitad el requerimiento mínimo de capital necesario para constituir una sociedad bancaria (Art. 51 LGB), generando condiciones para la banca de retail, la cual no estuvo regulada hasta 2006.

Desnacionalización del cobre

Consagrado en dictadura (1981) por el entonces ministro de Minería José Piñera, a través de las ‘concesiones plenas’, se entregó la propiedad de los nuevos recursos mineros a los privados en un proceso conocido como la desnacionalización del cobre (Ley 18.097 Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras).

Los posteriores gobiernos de la Concertación dieron la venia a esta política, renunciaron a la soberanía sobre los recursos y desperdiciaron la oportunidad política que se abrió con la discusión por el royalty minero.

Hoy el 70% de la minería se encuentra en manos de privados. Todo lo anterior, a pesar de que la Constitución señala que “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”. Entre 2006 y 2018 las grandes compañías mineras extranjeras se llevaron de Chile más de US$210.000 millones en ganancias.

Privatización de las aguas

Con el Código de Aguas (1981) se permitió la apropiación particular sin costo de las aguas y de por vida, separándolo de la propiedad de la tierra. Estos derechos se repartieron en gran cantidad en aquella época, y fueron los empresarios afines al Golpe de Estado los principales beneficiados.

Se instaló de forma inédita un mercado del agua a través de la propiedad privada sobre el recurso, permitiendo que el titular de un derecho de aprovechamiento pudiera comercializar con este.

Asimismo, este dispositivo anuló el rol del Estado como garante del uso racional de este recurso, dejando en manos de privados la determinación de la necesidad de uso, de acuerdo a criterios económicos particulares, desplazando así la relación histórica del agua con la tierra.

Pueblos indígenas

En 1978 la dictadura dictó una ley que dio fin a las medidas de Salvador Allende que denominaban los terrenos históricamente en disputa como «tierras indígenas», traspasando los derechos de las hectáreas recuperadas por los mapuche a dominios privados.

Hoy los mapuche que mantienen la lucha por sus tierras son perseguidos, reprimidos y asesinados, siendo juzgados bajo la Ley Antiterrorista, creada por Pinochet en 1984, la que lleva a cabo procedimientos y condenas más duras.

Sistema tributario

En 1974, se crea la integración de impuestos entre empresas y sus dueños a través del Impuesto Global Complementario: los impuestos que las empresas pagan por sus ganancias, son un crédito a los impuestos que pagan los dueños de esas empresas.

Adicionalmente, en 1984 se crea el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), el que permite que los impuestos se paguen sobre las utilidades efectivamente retiradas y no sobre la base de su simple existencia.

Ello ha permitido que los dueños de las grandes empresas (principalmente) se hayan beneficiado del uso de esos recursos a través de sociedades de inversión que operan como vehículos financieros, a fin de crear una zona franca donde no se pagan impuestos.

Actualmente se estima que se han acumulado cerca de US$290.000.000.000 en el FUT. De esta manera, hoy tenemos un sistema tributario pro-rico, donde los que más ganan pagan menos impuestos en términos proporcionales.

Constitución Política de 1980

Ideada y plebiscitada bajo un régimen de terror que mantenía al país sometido a la cúpula militar y empresarial que se encontraba implementando un proyecto de sociedad y economía neoliberal extremo.

La ciudadanía carecía de las condiciones mínimas para debatir y manifestar libremente sus ideas y preferencias. Miles de opositores habían sido asesinados, encarcelados, torturados o exiliados.

No existía libertad de prensa, derecho de reunión ni de asociación para los opositores; los registros electorales habían sido quemados por los militares golpistas; el estado de emergencia regía en todo el territorio nacional y el “receso político” o prohibición de funcionamiento de los partidos políticos se prolongaba desde el mismo día de la defenestración de Allende.

Uno de los modelos asumidos por la ilegítima Carta Magna de 1980 fue la privatización de los servicios básicos como la luz y el agua; también áreas como la educación y la salud siguieron el mismo esquema. De acuerdo con esta política, el Estado dejó de ser proveedor de los principales servicios públicos del país, y asume un papel de supervisor de estos.

El actual Estado subsidiario es un Estado mínimo que se limita únicamente a vigilar o supervisar cómo los particulares proveen esos derechos, por lo que se consagra un sistema económico que no proporciona servicios básicos, como atención médica ni pensiones dignas para millones de chilenos.

Asimismo, privilegia la libertad de quienes proveen los servicios anteriormente mencionados y la de aquellos que pueden pagarlos. Otro de los aspectos más significativos del contenido constitucional es que se requiere de supramayorías parlamentarias para realizar reformas en este.

De acuerdo al profesor de Ciencias Políticas de la Virginia Commonwealth University, Michael Ahn Paarlberg, en una columna para The New Republic (2018):

“El milagro económico que Milton Friedman atribuyó a Pinochet es una de las más grandes falsas narrativas de la historia económica moderna. El milagro que él (Friedman) supervisó fue sólo una serie de ciclos de auge y depresión: dos periodos de rápido crecimiento que se precipitaron hacia dos profundas depresiones. Incluso, el desempleo alcanzó el 20% y los sueldos bajaron un 35%, con respecto a los que habían en 1970 y la pobreza llegó al 40%”.

Asimismo, Paarlberg indica que el crecimiento promedio del producto interno bruto per cápita fue menor al 2%, lo que contrasta con las cifras conseguidas en los gobiernos de la Concertación, asegurando que “el verdadero milagro económico chileno ocurrió después de Pinochet, bajo gobiernos democráticos de izquierda”.

En definitiva, las políticas implementadas por los militares en connivencia con los Chicago Boys cumplieron al pie de la letra la sacrosanta trinidad neoliberal, es decir, reducir al mínimo el rol del Estado, libertad empresarial a ultranza gracias a la desregulación y gasto social prácticamente nulo; todo ello merced a la sistemática práctica de terrorismo estatal a punta de metralla, torturas y asesinatos... Doctrina del shock, sin ambages.

Crédito de la fotografía: Agencia Uno