Con una amplia mayoría, el Senado dio luz verde a un proyecto que podría cambiar la situación de miles de estudiantes endeudados en Chile.

Con 25 votos a favor y 2 abstenciones, la Sala del Senado aprobó la propuesta que prohíbe a las universidades exigir el pago de deudas arancelarias como requisito para rendir exámenes de grado y obtener títulos profesionales.

El proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados para su tercer trámite legislativo.

Este proyecto, impulsado originalmente a través de una moción parlamentaria, sufrió modificaciones en la Comisión de Educación del Senado.

Las enmiendas precisaron que la prohibición se aplicaría únicamente a los exámenes finales de grado o título, dejando fuera otras evaluaciones previas en el proceso académico.

El proyecto responde a un problema práctico que afecta a muchos estudiantes en Chile: el bloqueo del título universitario debido a deudas impagas.

Los tribunales ya han fallado a favor de los estudiantes en varios casos, acogiendo recursos de protección contra universidades que retienen títulos por este motivo. En algunos casos, la División de Educación Superior también ha intervenido a favor de los estudiantes.

A pesar del respaldo mayoritario, no todos los parlamentarios están de acuerdo con la iniciativa. Algunos criticaron el proyecto, argumentando que permitir la entrega de títulos sin asegurar el pago de deudas podría agravar la morosidad en las instituciones de educación superior.

En particular, se mencionó la alta tasa de morosidad relacionada con el Crédito con Aval del Estado (CAE) como un ejemplo de los problemas financieros que podrían intensificarse si esta norma es aprobada.

El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas también expresó su preocupación durante el debate en la Comisión de Educación, señalando que el proyecto podría generar costos adicionales para las universidades, que se verían obligadas a entregar títulos sin garantizar el cobro de las deudas.

También advirtieron que la morosidad podría incrementarse en los últimos semestres de las carreras, ya que los estudiantes podrían retrasar sus pagos hasta después de obtener sus títulos.

A pesar de estas críticas, el proyecto avanza hacia su revisión en la Cámara Baja, donde se espera un intenso debate.