Plan de Fortalecimiento del Empleo en el Biobío tras el cierre de Huachipato, agenda procrecimiento, nueva Ley de Pesca, impulsar el cooperativismo, el proyecto de ley de Ferias Libres; esos son algunos de los temas que han rondado la cabeza del ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, los últimos meses.

Precisamente, el acuerdo de esta última iniciativa, que busca fortalecer e impulsar a una parte integral de la economía popular chilena, fue firmado el pasado 30 de agosto por la cartera y la Confederación Gremial Nacional de Organización de Ferias Libres, Persas y Afines (ASOF); la Federación Nacional de Sindicatos de Ferias Libres, Persas y Anexos (FETRACOM); y la Coordinadora de Ferias Libres.

El nuevo proyecto de ley propone establecer un sistema de regulación nacional para asegurar la operatividad de las ferias y el abastecimiento de productos, para un sector que proporciona productos frescos y asequibles a las familias chilenas, pero que hasta ahora opera sin un marco jurídico unificado, dependiendo de diversas ordenanzas municipales, cuando estas existían.

Entre las nuevas disposiciones se encuentra la fijación de un número mínimo de puestos de alimentos por feria, buscando mantener la variedad de productos y precios. Asimismo, la estandarización de las ordenanzas municipales, junto con mejoras en la capacidad de negociación y oportunidades de capacitación, apuntando a fortalecer la estabilidad laboral de los feriantes. Una regulación que encuentra su relevancia en los más de 300 mil empleos que genera el sector y en una producción que representa el 0.4% del PIB nacional.

“Este proyecto de ley es el resultado de un acuerdo con las tres grandes confederaciones de ferias libres en Chile. Esto refleja uno de los sellos del gobierno del Presidente Boric: la construcción de políticas públicas en codiseño con los principales actores involucrados”, aseguró el secretario de Estado en entrevista con El Desconcierto.

-¿Cuál es el impacto de las ferias libres en la economía chilena?

En Chile existen más de 1.200 ferias libres que generan empleo directo para unas 300.000 personas. Es un número relevante considerando que en el país hay alrededor de 9 millones de personas empleadas. Además, las ferias libres son un importante canal de distribución de alimentos de buena calidad a precios razonables, lo que impacta positivamente en la alimentación de la población.

El proyecto de ley busca crear una institucionalidad y un marco normativo que reconozca a las ferias libres, definiéndolas y otorgándoles derechos y deberes, especialmente en su relación con los municipios. Esto es fundamental porque actualmente carecen de una institucionalidad que las proteja y les permita desarrollarse con una perspectiva de futuro, así como mantener una relación equilibrada y de largo plazo con las autoridades locales.

-¿Cómo mejora este proyecto en la seguridad laboral de los feriantes?

El proyecto mejora su seguridad laboral al limitar la arbitrariedad que pueden tener los municipios al definir el futuro de una feria, lo que impacta en la estabilidad laboral de todos los trabajadores. Además, dentro de la feria, hace más estables los permisos individuales de los feriantes. Y agrega transparencia y claridad al proceso de otorgamiento de nuevos permisos.

-En relación a eso, ¿cómo serían las nuevas ordenanzas municipales en relación con las ferias?

El proyecto de ley exige que todos los municipios tengan una ordenanza relacionada con las ferias libres. Define ciertos contornos y cuestiones mínimas que estas ordenanzas deben incluir. Además, se creará una ordenanza tipo que servirá como guía para los municipios sobre cómo debe ser la relación entre el municipio y la feria. Así, se establece la obligatoriedad de la ordenanza, se proporciona un modelo a seguir, y se definen ciertos aspectos mínimos que deben incluirse.

-¿Cómo se manejarán las diferencias territoriales en las ordenanzas?

Se reconoce que es razonable que los municipios tengan cierto margen de acción, ya que juegan un papel importante en definir la estrategia territorial de su comuna. Por lo tanto, se les da cierta flexibilidad, pero dentro de unos mínimos establecidos. Estos mínimos buscan evitar arbitrariedades que actualmente pueden ocurrir y que se quieren limitar en el futuro. Sin embargo, esto no limitará la capacidad del municipio de definir su estrategia territorial general.

-Otro de los aspectos que regula el proyecto de ley es la herencia familiar en las ferias ¿Cómo los aborda?

Una de las principales demandas de las organizaciones de feriantes era que los hijos, hijas, nietos o nietas de quienes tenían un puesto pudieran dar continuidad a esa labor en la misma feria. El proyecto de ley define un mecanismo que da cierta preferencia a los familiares de un feriante fallecido para continuar con el trabajo.

No se trata de una herencia directa, sino de una preferencia en un contexto de mayor transparencia. El proyecto establece que debe existir una lista de espera para cada feria, y los familiares de un feriante fallecido tendrán preferencia en esta lista. Esto hace el proceso más transparente y evita que los derechos a los puestos se utilicen como favores políticos, al tiempo que da a los familiares una mayor probabilidad de continuar con la tradición familiar en la feria.

Huachipato

-A casi 20 días del cierre de Huachipato ¿Cómo avanza el plan del gobierno para aminorar el impacto de la pérdida de empleo por el cierre de la siderúrgica?

Cuando Huachipato anunció recientemente el cierre de su planta de acero, nosotros ya llevábamos entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía unos seis meses trabajando con un grupo de más de 35 sindicatos del sector industrial de Biobío, el gobierno regional y organizaciones gremiales empresariales, además de algunos académicos.

Por supuesto, el anuncio del cierre de Huachipato implica que ese plan tiene que ser ahora más ambicioso, tiene una tarea más compleja que abordar y además nos tenemos que hacer cargo, por ejemplo, de las empresas que son proveedoras de Huachipato y que al dejar de vender para Huachipato van a tener un riesgo de poder cerrar ellas también. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajar en un plan que aborde tanto la situación de estos proveedores, la situación de los trabajadores de Huachipato, al mismo tiempo que nos hacemos cargo de esta mirada de más largo plazo del Biobío.

Entonces, aquí de nuevo, esto se conecta políticamente con lo que vamos a hacer en Ferias Libres. ¿En qué sentido? Hay un tema de forma y fondo. En la forma, estamos trabajando con los sindicatos, los empresarios, justamente promoviendo un diálogo social, con el gobierno regional, que tiene un rol protagónico en los temas económicos.

Por supuesto, este es un plan difícil, porque el cierre de una empresa de este tamaño y de este nivel de encadenamiento productivo con otras empresas de la región nos pone una tarea compleja. Pero nosotros estamos determinados a hacer nuestro mejor esfuerzo por construir un plan que se haga cargo del desafío.

-¿Cuál es la previsión de tiempo para presentar ese plan?

Nosotros siempre hemos hablado de semanas, así que espero que en pocas semanas podamos presentarlo.

-¿El plan de fortalecimiento va a considerar proyectos de infraestructura pública en la región o por ejemplo avanzar en la industria nacional de construcción de naves, madera o aserraderos?

No me gustaría dar detalles de cosas sobre todo que no hemos anunciado. Aunque de lo que tú me preguntas hay algo que ya anunció el Presidente Boric y que va a ser parte del plan, que es lo que se denomina el plan de construcción naval continua. Esto, en términos generales significa hacer un esfuerzo mayor porque Chile produzca una fracción más importante de su flota. Es un encargo que nos hizo el Presidente a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y a mí como ministro de Economía para que logremos construir una política que va a tener una serie de efectos muy importantes para el país y en particular para la región del Biobío. Pero hay otros elementos de esa naturaleza que esperamos sean parte del plan.

Nueva Ley de Pesca

-¿Cómo ve el Ejecutivo el debate que se está dando en el Congreso en relación a la dilatación en la discusión, votando inciso por inciso, de la nueva Ley de Pesca?

Hay aspectos positivos y preocupantes en esa tramitación. Lo positivo es que se han realizado unas 180 votaciones, de las cuales 150 han sido por unanimidad y en la gran mayoría restante ha primado la visión del Ejecutivo. Por lo tanto, nuestro proyecto está avanzando. El problema es que la forma de votación es por inciso, lo que ha ralentizado el proceso. A pesar de tener a veces más de tres sesiones por semana, solo hemos logrado votar algo menos de 40 artículos.

-Serían casi 5 mil votaciones...

Estamos preocupados por cómo se está votando y esperamos que cambie esa perspectiva, pero eso depende del Parlamento y requiere unanimidad. A pesar de esto, como Ejecutivo haremos nuestro mayor esfuerzo por avanzar con este proyecto de ley, que es fundamental para el país. La ley actual tiene problemas de legitimidad por graves casos de corrupción comprobados y sancionados penalmente.

-¿No se podría avanzar en la nulidad de la anterior ley para presionar el avance del nuevo proyecto?

El proyecto de ley de nulidad se discutió en la Cámara de Diputados y tuvo una aprobación mayoritaria. Ahora está siendo discutido en el Senado. Ese proceso tiene su forma natural de discusión y hay que ver cómo evoluciona. Por ahora, estamos concentrados en lo fundamental, que es construir una nueva ley. Hemos avanzado bien en términos de contenido, pero muy lento, y esperamos que los parlamentarios se abran a trabajar de una forma que permita avanzar más rápido.

-¿Hay posibilidad de que el gobierno avance en el fraccionamiento artesanal, por ejemplo, en la sardina, un recurso en crisis, cuando el proyecto salga de la Comisión de Pesca?

Nuestro diseño es lo que ha señalado el Subsecretario de Pesca, Julio Salas, que es avanzar con este proyecto lo más rápido posible y de manera global. Esto es buscando que avance todo el proyecto. Nosotros tenemos que ir analizando siempre cómo las dificultades que estamos teniendo en la tramitación pueden generar otras estrategias, pero por ahora nuestra estrategia es avanzar con el proyecto.

-Las licitaciones en el proyecto del gobierno llegan a un 50%. ¿Por qué no se avanza al 100%?, como sugiere, por ejemplo, el académico Andrés Gómez-Lobo, dado que esto no afectaría al empleo. Uno de los argumentos esgrimidos por la oposición...

Nosotros creemos que el diseño actual logra un buen equilibrio entre la competencia a través de la licitación y también tener cierta inercia que dé estabilidad al sector.

-Los derechos históricos…

Nunca hablamos de derecho histórico, porque en nuestro juicio no hay acá algo así como un derecho histórico. Pero sí las licencias de pesca pueden tener esta lógica mixta entre licitación e inercia digamos entre licitaciones e historia, que creemos que le puede ser un buen equilibrio para el sector pesquero industrial.