Continúan las repercusiones políticas y judiciales de la audiencia de formalización que determinó con prisión preventiva para Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, los abogados implicados en el denominado Caso Audios que perseguirá los crímenes de lavado de activos, soborno reiterado y delitos tributarios.

Luego de conocer el veredicto de la medida cautelar, la defensa del sindicado como el principal impulsor de la red de corrupción más grande del país, su hermano Juan Pablo Hermosilla, entregó polémicas declaraciones en donde advirtió que hay más autoridades judiciales involucradas con los imputados.

Además de criticar una eventual politización de la causa por parte del Gobierno, el litigante amenazó con transparentar los chats en donde habría pagos de favores entre abogados, fiscales y ministros del Sistema de Justicia y el mismo Luis Hermosilla, cuya publicación motivó la investigación por parte del Ministerio Público.

Luego que la magistrado Mariana Leyton ordenara la reclusión en Santiago 1 y que el defensor solicitara traslado al Anexo Penitenciario Capitán Yáber para delitos económicos, surgieron las dudas respecto de la pertinencia de que Hermosilla comparta prisión con otros inculpados en el mismo tipo de infracción.

Sobre esto mismo, el senador del PS, Juan Luis Castro, objetó que quienes se encuentren formalizados por la emisión de facturas falsas y delitos de cuello y corbata estén compartiendo los mismos espacios en el lugar de arresto, sobre todo por los otros comprometidos en el caso: los hermanos Ariel y Daniel Sauer.

"Constituye un grave error fijar como lugar de detención en Capitán Yáber a los mismos que están siendo investigados y en que puede estar el más grande fraude de la historia, tanto en lo privado como en lo público", lanzó el parlamentario oficialista.

Castro cuestionó además que "Hermosilla, Topelberg, los hermanos Sauer, Pavez Canessa, todos en el mundo de las facturas falsas y resulta que están en el mismo lugar donde van a poder comer, conversar, dialogar y ponerse de acuerdo".

"¿Es una buena idea tenerlos a todos en el mismo lugar? ¿No va a entorpecer acaso eso la investigación para un resultado que la justicia debe llegar? ¿Es posible que estén todos los que se han confabulado ahí mismo todo el día todos los días? Parece que hay un error grave", se pregunta el miembro de la Cámara Alta.

Respuesta del ministro de Justicia

Consultado sobre este mismo tema, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, respondió que "he sido bastante claro (...) El Gobierno no tiene facultades, y el Ministerio de Justicia en concreto, para decidir en qué lugar una persona debe dar cumplimientos a su medida cautelar o donde cumple condena".

"Eso es una atribución que la ley, explícitamente, le entrega Gendarmería de Chile. A propósito del informe de factibilidad de Gendarmería que le fue entregado al Cuarto Tribunal, se señala la disponibilidad pero también advierte que hay otros imputados asociados a esta misma causa que se encuentran en ese establecimiento", continuó.

Asimismo, el secretario de Estado fundamentó que "la decisión de trasladarlo a Capitán Yáber finalmente es una decisión del Cuarto Juzgado de Garantía Santiago (...) Yo no voy a emitir opinión sobre ese punto fundamentalmente porque tiene que ver con la evaluación de cautela".

"El Tribunal al momento de adoptar la medida cautelar de prisión preventiva, en este caso tuvo razones de cautela respecto de ella. Entonces creo que la discusión es si se cumple o no se cumple ese objetivo, pero eso es un asunto que le corresponde a los intervinientes del procedimiento y no al Gobierno", concluyó Cordero.