A casi cuatro meses del acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso para acelerar distintos proyectos de ley de seguridad, solo uno de los 32 incluidos en el llamado “Fast Track 2.0” ha sido despachado. 

El tema ha causado molestia en consideración de los últimos asesinatos que se registraron el pasado fin de semana. Solo en la Región Metropolitana, se dio cuenta por parte de autoridades de nueve homicidios entre el sábado y domingo pasado. 

Por lo mismo, han surgido nuevos cuestionamientos al Ejecutivo y a la “lentitud” del avance de la agenda de seguridad en el Congreso, considerando que el primer Fast Track se despachó con mucho más celeridad.  

Hasta el momento, del paquete de proyectos que incluye el Fast Track 2.0, sólo el de reincidencia ha sido despachado, mientras los otros 31 se encuentran en etapa de tramitación o incluso ni siquiera han sido puestos en tabla. 

Consultado por El Desconcierto, el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores (DC), hace la distinción entre la tramitación del primero y el segundo, aludiendo a la complejidad de los proyectos que se discuten hoy en las Cámaras.  

“Los dos fast tracks son muy distintos. En el fast track anterior, cuestión que nosotros en el Senado despachamos la totalidad de nuestros proyectos, excepto uno que fue el de Inteligencia Económica que terminó siendo aprobado luego de más de 140 indicaciones que se ingresaron en el Senado (...) En el fast track actual estamos trabajando a full, y eso se ve en que en esta semana en la comisión estamos tramitando cinco proyectos en simultáneo”, dice el presidente de Seguridad de la Cámara Alta. 

La creación del Ministerio de Seguridad, las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), Seguridad Municipal, la iniciativa que busca combatir el contrabando y el que sanciona los llamados “narco funerales”, son los proyectos que tramita hoy por hoy la instancia liderada por Flores. 

El senador, sin embargo, sostiene que “esto no reemplaza el rol que tiene el Ejecutivo, que es preponderante y fundamental en el combate a la delincuencia. Así que no le echen la culpa al Congreso Nacional; es el Ejecutivo el que puede y debe actuar con la norma que existe, colocando más recursos. En ese sentido, el llamado que se debe hacer es al Ministerio de Hacienda”. 

Desde la oposición también se ha emplazado al Ejecutivo por la supuesta “lentitud” en la toma de decisiones.

“He llegado a la conclusión que el gran legado de este periodo parlamentario es hacer todo lo que nos negaron en el periodo anterior (...) Donde yo no veo ningún tipo de fast track es en La Moneda. Cualquier decisión es de ‘low track’. Lo más lenta posible. Y por lo tanto yo no tengo ninguna expectativa de este gobierno”, dijo el diputado Diego Schalper (RN). 

Desde el Frente Amplio, en cambio, aseguran que la lentitud de la agenda se debe a la complejidad de los proyectos que se tramitan y recuerdan que este es el gobierno en que más proyectos de seguridad se han aprobado y donde más se han entregado recursos a las policías. 

En esa línea, la diputada e integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Lorena Fries, asegura a El Desconcierto que “el gobierno ha hecho lo suyo en el sentido de presentar proyectos, pero tenemos como una especie de tren de proyectos que se demoran más de lo previsto. Ahora, yo no soy crítica a que se demore más, porque eso quiere decir que los estamos debatiendo más y mejor. Hay proyectos, por ejemplo, como la ley antiterrorista, que es una ley sumamente compleja y que tiene grandes implicancias, por lo tanto, requiere de un debate profundo”.

Por su parte, el diputado Marcos Ilabaca (PS) asegura que “es evidente que el gobierno ha desplegado una importante cantidad de recursos para fortalecer la actuación de Carabineros, reforzando la presencia policial con un aumento significativo de la dotación a partir del mes de agosto. Y esto es algo que nadie debería perder de vista cuando se debate el tema de seguridad”, sin embargo, plantea que “frente a un fenómeno delictivo que va en aumento, se requieren decisiones más audaces. Y en esto, todos los actores políticos e institucionales debemos asumir un compromiso”.

En ese sentido, emplazó a actuar “desde el Congreso, apurando el trámite legislativo del fast track en materia de seguridad, exigiendo a los tribunales sancionar con penas más altas a los delincuentes y, en particular, a los reincidentes”.

“Desde el Ejecutivo estableciendo un mayor liderazgo en la coordinación intersectorial para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado”, sentencia.