Una estudiante de la Universidad de Concepción, que había completado todos los requisitos académicos para obtener su título de magíster, se encontró con un problema cuando la universidad se negó a entregarle su certificado de título y diploma.

La razón: tenía una deuda pendiente por el pago de aranceles. Aunque la estudiante argumentó que la universidad no debería retener su título por esta deuda, la institución insistió en que, hasta que no pagara, no podría recibir los documentos que acreditan su grado académico.

La estudiante decidió llevar el caso a la Corte de Concepción, presentando un recurso de protección.

Ella alegó que la retención de su título era una medida injusta y que violaba sus derechos, ya que la universidad no cuestionaba su rendimiento académico, sino que basaba su negativa únicamente en la deuda económica.

Inicialmente, la Corte de Concepción falló a favor de la estudiante, señalando que la universidad debía buscar otras maneras de cobrar la deuda, sin perjudicar su proceso de titulación.

No obstante, la Universidad de Concepción no estuvo de acuerdo con esta decisión y llevó el caso a la Corte Suprema.

La universidad argumentó que, según el contrato firmado por la estudiante, ella tenía la obligación de pagar los aranceles, y que la institución tenía el derecho de retener el título hasta que la deuda fuera saldada.

Finalmente, la Corte Suprema revisó el caso y decidió a favor de la universidad. El máximo tribunal determinó que la universidad actuó de acuerdo con sus derechos al condicionar la entrega del título al pago de los aranceles pendientes.

La Corte explicó que esta acción no violaba los derechos de la estudiante y que, en casos como este, no se debe utilizar un recurso de protección para resolver disputas sobre deudas contractuales.

Con esta decisión, la estudiante deberá pagar la deuda que tiene con la Universidad de Concepción si quiere recibir su título de magíster.