Este viernes se conoció que la Cámara del Senado despachó a su segundo trámite legislativo, y por unanimidad, el proyecto de ley que obliga a las empresas concesionarias de autopistas a aplicar mayores estándares de seguridad que eviten hechos delictuales violentos.

Accidentes, pero también otros hechos delictivos como apedreamientos, asaltos, encerronas e incluso asesinatos han ocurrido en diferentes carreteras sin que las empresas se vean obligadas a invertir en mayores medidas de seguridad como personal o cámaras, entre otras.

Al respecto, el presidente de la comisión de Seguridad y uno de los autores de la iniciativa, senador Iván Flores, declaró que esta ley “nace de la preocupación e indignación ciudadana frente a la debilidad estructural de varias autopistas, lo que se ha traducido en accidentes y delitos, transformándose en algunos casos, en verdaderos callejones sin salida o trampas mortales”.

Recordar que hace un tiempo atrás, el senador Flores fue víctima de un violento accidente en una conocida carretera capitalina, debido a la mala mantención en el ítem limpieza.

¿En qué consiste este proyecto de ley?

El proyecto aprobado, explicó Flores, modifica diversos cuerpos legales, para establecer el deber de adopción de medidas de seguridad para las concesionarias de obras públicas viales.

“Esperamos que la Cámara apruebe a la brevedad para que sea ley de la República y que estas nuevas exigencias se incorporen en los contratos vigentes”, avisó.

En lo medular, el proyecto impone a las concesionarias de obras públicas viales el deber de entregar el servicio en condiciones de seguridad para los usuarios y sus bienes, adoptando las medidas de vigilancia, seguridad y asistencia que deberán estar contempladas en las bases de licitación.

“No sirven de nada las cámaras sino están interconectadas y en tiempo real, única forma de poder perseguir a los responsables de accidentes y delitos”, acusó Flores.

Asimismo, el concesionario deberá permitir el acceso del Ministerio Público a la información e imágenes cuando este lo requiera en el marco de la investigación de un delito, y a las policías, en tiempo real y sin necesidad de requerimiento, en caso de flagrancia.

Además, se establece una disposición transitoria que dispone que el Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con el Ministerio del Interior, realizará las acciones tendientes a modificar los contratos de concesión de obras públicas viales vigentes que no cuenten con medidas de seguridad en un plazo máximo de cinco años con objeto incorporar las obligaciones de vigilancia, seguridad y asistencia.

Tras esta unánime aprobación, la iniciativa que forma parte de la agenda priorizada de seguridad, quedó en condiciones de ser remitida a la Cámara de Diputados para cumplir su segundo trámite constitucional.