En noviembre de 2022, un ciudadano venezolano llegó a Chile y se instaló en Concepción, donde encontró trabajo informal.

Sin embargo, su ingreso al país no fue por los canales oficiales, sino a través de un paso no habilitado, lo que llevó al Servicio Nacional de Migraciones a ordenar su expulsión.

El hombre apeló esta decisión, argumentando que no representa un peligro para el país y quería regularizar su situación para seguir apoyando a su familia en Venezuela.

A pesar de no tener antecedentes penales y trabajar en Chile, las autoridades migratorias iniciaron el proceso de expulsión en octubre de 2023, explicando que no cumplió con los plazos para presentar la documentación necesaria para cambiar su situación.

La Corte de Apelaciones de Concepción revisó su caso y el 12 de junio de 2024 confirmó la decisión de expulsarlo.

El tribunal sostuvo que el ingreso por un paso no habilitado es una infracción grave y no encontraron razones suficientes para permitirle quedarse en Chile.

Además, señalaron que no tiene familia directa en el país ni ha hecho contribuciones significativas que justifiquen su permanencia.

El venezolano intentó un último recurso apelando a la Corte Suprema, pero esta también mantuvo la decisión de la Corte de Apelaciones, confirmando que debe dejar Chile según lo establecido por las leyes de migración.