Con el aislamiento de la pandemia y la normalización del teletrabajo, en los últimos años creció exponencialmente la oferta de parcelas o loteos; subdivisiones de suelos rurales con los que las inmobiliarias aprovechan el vacío regulatorio para urbanizar áreas naturales donde no hay servicios para acoger a las personas que allí vivirán.

Con esto, también aumentó el número de personas que compraron una parcela bajo la promesa de una vivienda de buen estándar fuera de la ciudad, y que se encontraron con que las inmobiliarias no tenían los permisos para construir, y el lugar no tenía las condiciones mínimas para ser habitado, como acceso a luz y agua potable o sistemas de gestión de basura.

Además, las intensas lluvias de los últimos dos años, que no se vivían desde el inicio de la mega sequía hace más de una década, dejaron en evidencia varios loteos construidos en zonas inundables, que quedaron completamente bajo agua.

El engaño hacia las personas que buscan emigrar de la ciudad, se suma al daño que generan en el ecosistema estos núcleos urbanos irregulares, donde el alcantarillado, la disposición de basura y el abastecimiento de agua potable no están siendo gestionados de forma regular y terminan contaminando el ecosistema.

Proyecto de ley

Para terminar con estas consecuencias, desde el Ministerio de Agricultura presentaron un proyecto de ley “para la protección del territorio y la vida rural”, donde se proponen medidas para “proteger a las personas de estafas o ventas irregulares de terrenos donde todavía no se puede construir ni contar con acceso al agua, luz, manejo de residuos domiciliarios y libre tránsito”.

El proyecto también busca reducir la pérdida de suelo agrícola que garantice la seguridad alimentaria, y el daño ambiental que tiene este tipo de crecimiento irregular. El texto, anunciado hace algunos meses, comenzó a tramitarse en la Cámara de Diputados el último día de julio.

Si se aprueba el proyecto, los loteos que abarquen más de 4 hectáreas de subdivisión o más de 6 lotes no serán considerados subdivisiones agrícolas sino “conjuntos residenciales rurales”, que serán regulados por el Ministerio de Vivienda y no por el de Agricultura.

En ellos, un porcentaje de la superficie deberá destinarse a área común, actividad agropecuaria y a conservar el bosque nativo. Además deberán cumplir requisitos sobre el acceso a servicios básicos como acceso al agua potable y a la gestión de residuos.

Según declaró el ministro Esteban Valenzuela en el Diario Financiero, en cada parcela podrá haber una sola vivienda familiar, y deberán tener cierre perimetral para impedir el merodeo libre de perros que pueden amenazar a la fauna silvestre colindante. Los loteos no podrán tener otra subdivisión como vecina.

Por último, el proyecto detallará los requisitos y las autorizaciones que entregan el Ministerio de Agricultura, el Servicio Agrícola Ganadero y la Dirección de Obras Municipales para este tipo de desarrollo, y fortalecerá la fiscalización y sanciones para quienes incumplan la normativa.

Según comenta Valenzuela, la capacidad fiscalizadora se ha ido fortaleciendo desde ya en regiones donde se sintió más fuerte el boom de parcelaciones, como Los Lagos y O’Higgins, y existen tecnologías satelitales actualmente que facilitan la fiscalización.

 Foto: Agencia UNO.