La Corte de Apelaciones de Chillán ordenó mantener habilitado un camino rural por seis meses mientras la justicia resuelve el conflicto de fondo.
Corte de Apelaciones de Chillán / Agencia Uno
Una disputa por el cierre de un camino utilizado durante más de 25 años para acceder a viviendas rurales llegó a la Corte de Apelaciones de Chillán, que acogió parcialmente un recurso de protección al concluir que una copropietaria modificó de forma unilateral una situación existente, restringiendo el tránsito sin una resolución judicial.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el conflicto se originó en un predio del sector Pencahue, en la comuna de San Carlos.
Según los recurrentes, la instalación de una reja metálica con portón atravesó un camino interior que históricamente permitía el acceso desde sus viviendas hacia la ruta pública.
Afirmaron que la obra dificultaba el paso de vehículos de emergencia, como ambulancias y carros de Bomberos, y que fue ejecutada sin el consentimiento del otro copropietario ni autorización judicial.
La recurrida sostuvo que el predio vecino cuenta con salida al camino público, que no existe una servidumbre de tránsito legalmente constituida en ese lugar y que el cierre fue instalado por motivos de seguridad, rechazando haber afectado derechos de los demás propietarios.
Al analizar los antecedentes, la Corte estableció que, aunque no existiera una servidumbre formal en ese tramo, el camino había sido utilizado por años y que la construcción de la reja alteró unilateralmente el estado de las cosas.
El tribunal indicó que esa actuación constituyó una forma de autotutela, ya que las controversias sobre servidumbres o derechos de dominio deben resolverse en los tribunales y no mediante decisiones adoptadas por una de las partes.
Por ello, el fallo ordenó mantener el portón sin candados, cadenas u otros elementos que impidan el libre tránsito o, en su defecto, entregar una llave a los recurrentes dentro de tres días desde que la sentencia quede ejecutoriada.
La medida regirá por seis meses, plazo durante el cual deberán acudir a la justicia ordinaria para resolver definitivamente la existencia y regulación de una eventual servidumbre de tránsito.
