Después del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, doce personas fueron detenidas ilegalmente y sometidas a tortura.

Años más tarde, estas víctimas han obtenido justicia mediante un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó que el Estado les pague un total de $224.000.000 como compensación por el daño moral sufrido.

El tribunal, compuesto por la ministra María Paula Merino, el ministro Manuel Rodríguez y la abogada María Fernanda Vásquez, decidió de forma unánime que esta cantidad de dinero debía distribuirse entre las víctimas de acuerdo con el tiempo que cada una pasó detenida y los sufrimientos físicos y emocionales que experimentaron.

Cada víctima recibirá una suma que varía según los días, meses o años que estuvieron privados de su libertad y los malos tratos que padecieron.

Por ejemplo, dos hombres que estuvieron detenidos por cinco y seis días respectivamente, recibirán tres millones de pesos cada uno.

Por otro lado, otro hombre, quien estuvo detenido más de diez años, recibirá treinta y cinco millones de pesos como compensación.