En la regulación del mercado eléctrico en Chile, la premisa básica es que las tarifas deben dar las señales adecuadas a las empresas y a los consumidores, para un óptimo y eficiente desarrollo del sistema, entendido como el abastecimiento al menor costo real posible.

El congelamiento de tarifas a los clientes regulados acordada el 2019 fue en contra de esta premisa, pero prometía ser limitado en tiempo y monto. La extensión de esta política en el 2022, cuando sus fundamentos ya eran del todo irreales fue, simplemente, una alucinación.

En efecto, las licitaciones de suministro a clientes regulados efectuadas en los años 2015 y 2016 hicieron pronosticar bajas de tarifas de un 20% al 2021. Pero esta previsión tenía supuestos.

Era verdad en dólares, manteniendo otros indexadores y costos constantes (principalmente inflación en USA, precios de combustibles, cargos por transmisión y servicios complementarios). También asumía, crucialmente, que licitaciones posteriores, por aumento de demanda y vencimiento de contratos anteriores, tendrían precios parecidos.

Cuando se realizó el primer congelamiento en 2019, que retrotraía los precios al primer semestre de ese año, implicaba tarifas con un tipo de cambio que estaba entre 650 y 700 pesos por dólar, el petróleo en 70 USD/barril y el índice CPI de USA en 250. Hoy esos valores son 940, 80 y 311, respectivamente. Además, esa proyección asumía otros costos constantes, como la transmisión.

Dado que las generadoras renovables que, en general, ofertaron los contratos más baratos están más lejos de los centros de consumo, deben invertir en la capacidad de transmisión, lo que hace subir el costo total para los clientes finales.

También, los servicios complementarios han subido mucho, en parte, para acomodar la intermitencia de la energía ERNC (Energías Renovables No Convencionales). Finalmente, varios proyectos que ofertaron contratos no lograron concretarse al año 2021, debido a lo ajustado del precio que ofrecieron.

¿Son los indexadores los culpables? Los indexadores sirven para transferir riesgos. De hecho, en el proceso de 2016 los oferentes ya no asumían el costo de la transmisión, los contratos estaban en dólares y se indexaban según la elección de los generadores. Esto incentivaba correctamente a que los generadores ofrecieran un precio muy competitivo por la energía, pero transfiriendo riesgos al cliente final.

Había una apuesta. El resultado podría haber sido a favor, pero fue en contra.

El tipo de cambio e inflación desbordada explican más de dos tercios del alza en las tarifas en pesos de los clientes regulados. Limitar las posiciones a lo que estás dispuesto a perder, consistencia con el plan, gestión de riesgos y control de emociones (habilidades de un trader financiero) hubiesen sido de utilidad para gestionar que esta política no se convirtiera en un fiasco.

Así se llega al 2022, cuando los principios de la política de estabilización ya no eran válidos. Esto, porque las tarifas esperadas de largo plazo eran mucho más altas que las estabilizadas en cualquier escenario razonable.

Ahí es cuando el ministro de Energía, Claudio Huepe, decidió no dictar los decretos tarifarios para eludir un alza, que en ese momento se estimaba de 40% en pesos. Sin embargo, lo que en realidad hizo fue sólo aplazar, y de paso, aumentar la magnitud de la deuda y el plazo para pagarla.

Crédito de la foto: Agencia Uno