Ad portas de las elecciones municipales de octubre y después del anuncio del Gobierno sobre la construcción de una cárcel de máxima seguridad en la comuna de Santiago para líderes del crimen organizado, todos quieren tener la solución a la problemática que vive especialmente en la Región Metropolitana.

Y es que diversos actores de la política y la sociedad civil, tales como los partidos políticos, parlamentarios de ambas cámaras, autoridades locales como alcaldes y gobernadores e incluso la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), se han sumado de forma activa al debate en torno a seguridad para complementar las nuevas iniciativas del Presidente Gabriel Boric.

Es así que durante la jornada de este lunes, las oficinas de Interior en el Palacio de La Moneda se han visto repletas de representantes que, preocupados por la situación nacional, plantearon al Ejecutivo sus propuestas para aportar a una solución que combata de forma efectiva a la delincuencia.

Senadores y diputados: Destrabar infraestructura crítica

Ante la demora en que los proyectos de seguridad avancen en su tramitación en el Congreso Nacional, los presidentes de las comisiones de Seguridad de la Cámara de Diputados y el Senado, Andrés Longton (RN) e Iván Flores (DC) respectivamente, fueron a presentarle al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, salidas legislativas para los proyectos todavía pendientes.

El presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara Baja, el diputado Andrés Longton, destacó algunas de las iniciativas de Boric. "Por ejemplo, que el equipo ECOH (Equipos de Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía) pueda tener funciones en materia de homicidios frustrados y en delitos contra la propiedad, y para eso es necesario incrementar el presupuesto", sostuvo.

"Pero también le hicimos ver al subsecretario que la ley de infraestructura crítica que pretende impulsar el Gobierno para nosotros es relevante que quede de manera amplia (...) por ejemplo, los terminales de buses, la misma Vega (Central) donde ocurrían hechos de alta connotación social, eso es relevante...", añadió.

De la misma forma, el diputado declaró que Monsalve no se cerró a que los militares puedan acompañar a las policías en funciones operativas, de inteligencia y de tecnología "como lo están haciendo en la macrozona sur para determinados allanamientos, donde es muy difícil entrar por el alto poder de fuego del crimen organizado".

En paralelo, el presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara Alta, el senador Iván Flores, expresó que conversaron varios mecanismos con el subsecretario "para que haya más Carabineros en las calles (...) El problema es que tenemos una proporción importante cumpliendo labores que no resuelven el problema de la urgencia en materia de seguridad".

"En eso estamos avanzando, en cómo le sacamos de encima la constatación de lesiones, las notificaciones judiciales, los trabajos administrativos del interior de los cuarteles, y los ponemos a trabajar donde fueron preparados para trabajar: en las calles. Lo mismo algunos refuerzos de la PDI que también los estuvimos conversando", sumó.

Y agregó que "se habló que ahora los controles migratorios van a ser reforzados a través del trabajo de la PDI".

"Mi punto de vista es que apuremos entonces el trámite de la infraestructura crítica, el proyecto de ley que está en el Senado, que tiene que tener algunas modificaciones para que efectivamente permita que el Presidente de la República (...) pueda convocar a la Fuerza Armada en una situación de protección de infraestructuras que son indispensables", remarcó.

Sin embargo, el senador de la falange también criticó: "Yo creo que es posible hacerlo. Vamos a intentar, en el transcurso de estos días, de definirlo ojalá rápido (...) Un proyecto no se puede demorar un mes. Si el Congreso Nacional, particularmente en el Senado, encontramos que hay una falla en un proyecto, la respuesta tiene que ser inmediata por parte del Gobierno y no demorarse dos semanas".

"Por lo tanto, el apuro es para allá y para acá. Si le vamos a poner discusión inmediata a un proyecto y nosotros tenemos un plazo sobre el cual estamos disponibles para trabajar, el Gobierno también debería darse el mismo plazo y la misma celeridad para responder nuestras observaciones o nuestras correcciones y eso a veces no ocurre", apuntó.

Demócratas y PPD: Estado de Excepción y una tercera policía

Entre los partidos políticos que quisieron formar parte de la discusión y que asistieron a las oficinas del Ministerio del Interior en el Patio de Los Canelos del palacio de gobierno, se encuentran la facción que escindió de la DC, Demócratas, y el PPD, el partido de la ministra Carolina Tohá.

En el caso de Demócratas, los senadores de la directiva, Ximena Rincón y Matías Walker, además de cuatro diputados del mismo partido, también asistieron a las oficinas de la subsecretaría del Interior para sostener una reunión con el subsecretario Monsalve.

La senadora Rincón y presidenta de Demócratas hizo un nuevo llamado a la administración de Boric a utilizar las estrategias que dispone el Estado para fortalecer el orden público y la seguridad: el Estado de Excepción Constitucional, o bien, la implementación de la protección de la infraestructura crítica.

"Es un tema que salta en todas las conversaciones con las organizaciones de la ciudadanía (...) y por lo tanto le hemos pedido al Gobierno que use las herramientas que tiene más allá de la discusión legislativa que pueda haber en una serie de proyectos", dijo la ex presidenta del Senado.

Con todo, recordó que como diputados y senadores demócratas han presentado 22 iniciativas legales y constitucionales relacionadas a la materia. "Le hemos pedido al subsecretario que le transmita al Presidente de la República la solicitud de nuestras bancadas de usar el Estado de Excepción de Emergencia", aseguró.

"Creemos que se puede perfectamente utilizar esa herramienta acotándolo, sin restringir las libertades, pero permitiendo que las Fuerzas Armadas apoyen y acompañen el trabajo de las policías y de Carabineros en materia de seguridad", postuló.

Por su parte, la directiva de Partido Por la Democracia se reunió con su militante y ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, para reiterar su apoyo a todas las propuestas de La Moneda y específicamente el anuncio respecto de la nueva cárcel de alta seguridad que finalmente se emplazará en el barrio judicial de Santiago.

"Los alcaldes tendrán que dar su opinión, pero hay que entender que aquí hay un fin superior y por lo tanto, vamos a respaldar las gestiones que el ministro (Luis) Cordero va a seguir haciendo", planteó el presidente del PPD, el senador Jaime Quintana, aludiendo al ministro de Justicia y secretario de Estado a cargo de implementar los cambios al sistema penitenciario.

El presidente de la tienda oficialista afirmó que formularon "una serie de propuestas de política pública al Gobierno y también proyectos de ley en materia de migración irregular". "Lo que estamos planteando es que, extranjeros que cometan delitos en Chile, que el ingreso irregular al país sea considerado una agravante y con apena accesoria de deportación, que hoy día no está en Chile", detalló.

"También como medidas de mediano plazo insistimos en que Chile necesita, como en todos los países del mundo con situaciones delictuales de alta complejidad, iniciar en algún momento la discusión respecto a la tercera policía: pequeña pero táctica y altamente especializada", agregó el senador.

Gobernador y alcaldes: Reforzar la seguridad municipal

Quienes también fueron a ver al subsecretario Manuel Monsalve fueron el gobernador de Santiago, Claudio Orrego (ex DC), los alcaldes de Independencia y La Cisterna, Carola Rivero (PS) y Joel Olmos (AH), y los ediles reunidos en la Asociación Chilena de Municipalidades. Allí, las autoridades locales de la capital pusieron sobre la mesa las posibilidades reales de la seguridad municipal ante la lucha contra el crimen organizado.

El alcalde de La Cisterna, de hecho, lamentó nuevamente la muerte del inspector municipal de la misma comuna que falleció durante el fin de semana mientras realizaba la persecución de un robo.

En tanto, el ya confirmado candidato a la reelección por la Gobernación de Santiago, pidió que se considerara "pensión de gracia para la viuda de Mauricio Díaz, el inspector municipal de La Cisterna, y sumar también a esa petición a la viuda de Hugo Vega, el inspector municipal de Macul que falleció el año pasado también producto del cumplimiento de su deber".

"Segundo, hemos planteado la importancia al Gobierno de ponerle suma urgencia a la discusión del proyecto de ley que fortalece las capacidades preventivas de los municipios. Hoy día los municipios no pueden contratar seguros de vida, no tienen regulación para los funcionarios que están arriesgando su vida en el cumplimiento de su deber", prosiguió.

Sumado a ello, el gobernador de la RM confirmó que "ya estamos implementando el proyecto de 3 mil millones de pesos que está invirtiendo el Gobierno Regional Metropolitano para dotar a los inspectores municipales de nuestra región con casco con chaleco antibala".

"Y por último, también pedir que se ponga urgencia al proyecto de ley que fortalece la capacidad de prevención del delito de los gobiernos regionales de manera que estemos todos lo que tenemos la visión del territorio, alcaldes y gobernadores, en la mesa de la lucha frontal contra el delito y el crimen organizado", cerró.

La Sofofa: Registro y colaboración internacional

Al final del día, la ministra del Interior, Carolina Tohá, recibió en sus oficinas a la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, que también se sumó al debate por la seguridad nacional.

"Como gremio tenemos una mesa de seguridad muy activa (...) y hemos podido levantar mucha evidencia de cómo el crimen organizado está afectando al sector empresarial y a la manera en que se hacen negocios en Chile. Esto no solo tiene efectos en la vida cotidiana de las personas, sino también tiene un efecto importante en los costos de hacer negocios", manifestó la representante de los empresarios después de la reunión.

La empresaria comentó que llevaron a la jefa de Interior una propuesta concreta con al menos 20 medidas y "una agenda en temas internacionales, así que quedamos en que las próximas semanas el ministerio nos va a convocar para poder hacer seguimiento a cada una de estas medidas y ver cómo se concretan aquí al corto plazo".

De acuerdo a Navarro, hay algunos puntos prioritarios: "el primero es cómo el sector privado puede aportar a desafíos que hoy día el sector público está teniendo, como tener mapas de calor de dónde están ocurriendo la ciertos delitos y poner a disposición esto para que también el Ministerio Público, las policías y la Fiscalía puedan hacer un seguimiento mucho más concreto".

"También, en temas que el sector privado puede aportar, es tener bases de datos integradas de cuáles son los elementos que se han sustraído cuando hay robo de madera, robo de salmón, o robo de tecnología. Poder tener indemnizados todos los códigos de barra para poder hacer seguimiento y que esto no llegue al mercado negro", complementó.

Y en la misma línea, defendió que este año la Sofofa está con "la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Hemos puesto como eje prioritario un grupo de trabajo con las cuatro economías miembros de la alianza, y en las próximas semanas vamos a presentar cuál es la agenda de trabajo, las reuniones que vamos a sostener".

"Así también le manifestamos a la ministra de una instancia de colaboración con la OEA y la CAF. Ella se vio muy interesada en poder participar de esas instancias, y creemos que aquí se requiere de una mirada conjunta y el sector privado tiene mucho que aportar para la solución de estos problemas", concluyó.