El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia condenó a 541 días presidio a una profesora por calificar a sus alumnos como "pajarones" o de "cara de poto", situación que se habría perpetuado por al menos cinco años, a contar desde 2017.

La mujer, de iniciales C.A.M.P., se desempeñaba como docente en una escuela de lenguaje en la localidad de Coñaripe, en la comuna de Panguipulli, en la Región de Los Ríos.

El rango etario de los ocho alumnos afectados por el delito de trato degradantes es de entre 4 y 5 años de edad.

De acuerdo a lo consignado en el fallo, la imputada trataba a los menores de "‘pajarones’, ‘tontones’, ‘cochinos’, ‘chanchos’, ‘huevones’, ‘cara de poto’, ‘cara de mono’, ‘cabezas de pájaro’, ‘cabezas de pollo’, les gritaba constantemente".

Además, "se sentaba de forma intimidante frente a algunas víctimas para que se coman su comida y en caso contrario los obligaba a que comieran la comida mientras los niños mantenían la boca llena de comida hasta vomitar, debiendo algunos incluso comer su propio vómito".

Como también otros actos degradantes como expulsarlos "de la sala de clases si se orinaban sin asistirlos o cambiarlos de ropa, los expulsaba de la sala de clases cuando estaban desordenados, como forma de castigo, incitaba a los alumnos a burlarse de las víctimas, cuando lloraban diciéndoles ‘guagüita’ o cuando hacían mal una tarea, frente a demás alumnos".

Dichas actitudes ocasionaron secuelas psicológicas y emocionales en los estudiantes preescolares, que se reflejaron en "cambios de ánimo, rechazo a estudiar e ir a clases, presentando cuadros de estrés psicológico y/o emocional, entre otros efectos”, indica en el fallo.

Tomando en cuenta estos antecedentes de acuerdo a declaraciones de testigos, el tribunal estimó que estos actos constituyen "acciones humillantes, ridiculizantes, vejatorias, creando con ello la acusada un ambiente hostil, nocivo para la salud y bienestar biosicosocial de los y las niños y niñas víctimas, que se evidenció en los efectos tanto físicos como mentales de relevancia".

Además del presidio, el tribunal decretó la suspensión del oficio de la imputada durante un periodo de tres años, más la obligación de que asista a un programa de rehabilitación para maltratadores por un lapso no mayor a 60 días.

Y para proteger a las víctimas, la condenada no podrá a acercarse a los menores ni "a sus familias, a sus domicilios, lugar de estudios o donde quiera que ellos se encuentren, por el lapso de duración de la condena”.

Foto: Agencia Uno.