El jueves de la semana en curso, que comenzó tras días en que varios hechos delictuales le costaron la vida a 18 personas, 17 de ellas en la Región Metropolitana, el Presidente Gabriel Boric anunció la construcción de una cárcel de alta seguridad, una medida para enfrentar la crisis de seguridad que enfrenta Chile, entre otras que se espera implementar próximamente.

En qué situación nos encontramos y a qué requerimientos debiera atender un penal para enfrentar el tipo de criminalidad que actualmente inquieta a nuestro país, es lo que consultamos a distintos profesionales de la academia, quienes entregaron su visión sobre el tema.

"La construcción de una cárcel de alta seguridad para combatir crimen organizado presupone comprender que el recurso (del) sistema penal no necesariamente es el más eficiente para combatir la criminalidad organizada, y que “cualquier agenda de seguridad ciudadana debe ser, ante todo, preventiva", asegura Angélica Torres, académica e investigadora Programa de Reformas Procesales y Litigación de la Universidad Diego Portales (UDP).

Además, comenta, "también implica entender que se trata de una medida de largo plazo, y no de efecto inmediato".

E "implica asumir que existe certeza respecto a que la coordinación de actividades delictivas se está desarrollando desde dichos recintos, y por ello se pone el foco en ello, y no en otras medidas de carácter preventivo, ejecutadas en otros contextos, fuera del sistema penal", dice.

"Probablemente uno de los tantos objetivos de la construcción del recinto sea evitar la comunicación desde el interior de las cárceles hacia el exterior", complementa luego.

"Deberá respetar estándares de DD.HH."

En ese sentido, sostiene Torres, "una de las medidas adoptadas en el contexto de la agenda legislativa priorizada en materia de seguridad, del año 2023, buscó este mismo efecto mediante la Ley N°21.594, que modificó el Código Penal, incorporando el artículo 304 para sancionar con una pena de entre 61 a 540 días de presidio, la tenencia de elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior".

"En el Informe de DDHH UDP 2023, se advirtió que dicha medida no sería útil para combatir el crimen organizado, y que sólo incrementaría sanciones -probablemente- respecto de la población penal en general", complementa.

Por otra parte, comenta, "debe considerarse que la nueva cárcel deberá respetar estándares internacionales de DDHH, como los establecidos por Naciones Unidas, recogidos por la jurisprudencia del Sistema Interamericano, por lo que debe buscarse un equilibrio entre los objetivos y seguridad del recinto, y los derechos de los privados de libertad".

"En ese contexto, la doctrina especializada ha identificado en este tipo de recintos, situaciones donde existe 'un riesgo particular de que la seguridad en las prisiones sea enfatizada en exceso, en detrimento de la dignidad de los reclusos', recurriendo a métodos tales como cadenas, grilletes, dispositivos de electroshock utilizados en el cuerpo, requisas rutinarias ejecutadas de forma humillante, registros al desnudo, exceso de uso de cámaras de vigilancia al interior de las celdas, aislamiento y confinamiento solitario", recalca.

En este contexto, ejemplifica con "las cárceles de seguridad de Brasil", donde "encerraban a los privados de libertad por 22 horas diarias en celdas individuales, sin acceso a medios de comunicación, y con una baja frecuencia de visitas, lo que se tradujo en graves consecuencias para su salud mental (Association for the prevention of torture)".

Finalmente, enfatiza, "no basta con que la construcción del recinto sea eficaz para prevenir fugas. Es necesario que el personal que trabaje en dichos recintos tenga una adecuada capacitación, porque la capacitación insuficiente puede provocar que el personal emplee medidas de seguridad innecesarias o desproporcionadas".

Modelo Bukele no es emulable

En una línea similar a la planteada por Torres, la doctora María Pía Méndez Mateluna, docente de la Escuela de Gobierno y Administración Pública de Universidad Mayor, sincera su preocupación por que no se repitan hechos como los ocurridos en la administración de Nayib Bukele, quien sostiene que "un penal de alta seguridad también debe tener condiciones que resguarden los derechos humanos de quienes habiten en él".

"Parte crucial de que estas medidas efectivamente se constituyan en una respuesta apropiada al problema del aumento de delitos violentos y acción de crimen organizado, es evitar seguir el ejemplo de casos como El Salvador, donde se han evidenciado detenciones arbitrarias y condiciones que no respetan los derechos humanos de las personas encarceladas", releva.

De hecho, es categórica en asegurar que "una medida urgente y que demuestre tomarse en serio a la delincuencia, no implica desatender estas cuestiones".

Por otro lado, dice, "va a ser crucial que en esta discusión se vuelva a atender a las condiciones carcelarias actuales existentes en otros penales de nuestro país".

"Si va a haber inversión en términos de la construcción de un penal de alta seguridad, se abre una oportunidad invaluable de poner en la mesa la discusión en torno al sistema penitenciario, y las condiciones de los penales que no aportan a evitar la reproducción de la delincuencia", complementa.

Finalmente, Méndez Mateluna apuesta porque "se pueda revisar la manera en que se organiza la reclusión, y los tipos de reclusión para evitar tragedias como el incendio de la cárcel de San Miguel de 2010", lo que "también forma parte de hacernos cargo de la delincuencia".

Debe garantizar seguridad

Desde otra casa de estudios Carlos Silva, abogado experto en crimen y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Andres Bello (UNAB), asegura sobre su emplazamiento que es importante que sea "en un lugar que tenga conectividad, de manera tal de poder asegurar de alguna forma los suministros a este lugar y, además, tener asegurada la seguridad, valga la redundancia, de este recinto que va a tener características especiales”.

En ese sentido, dice, "pareciese ser que la zona centro del país es la más adecuada para aquello, no estas ideas de estar en medio del desierto o en una isla que parecen bastante descabelladas".

Cómo funcionan habitualmente estos penales de alta seguridad, Silva detalla que "son cárceles que están altamente segmentadas en las formas de comunicación de los internos, tienen celdas habitualmente individuales, o de solo un par de personas, no celdas colectivas como suelen ser las celdas en el resto de los recintos penitenciarios".

Estas, complementa, "tienen algunas características especiales respecto a la salida de la celda, y las horas de patio, cuestión que ha sido cuestionada en reiteradas oportunidades".

Eso sí, dice, "pareciese ser que un penal de estas características requiere de ciertas disposiciones también especiales, sobre todo en cuanto al tamaño de este complejo penitenciario, que no debiese ser menor".

Personal capacitado

“Por supuesto que esto llevará a un perfil especial, en cuanto a las medidas de seguridad que deben tener para su custodia", recalca.

Desglosando, sostiene que respecto de las comunicaciones con el exterior, estas "debiesen ser principalmente a través de teléfonos celulares u otros dispositivos, debiesen ser especialmente custodiadas, sin perjuicio de tener derecho a comunicarse con sus familiares o sus abogados".

"El personal también debe estar capacitado, no es lo mismo la custodia de internos de baja peligrosidad, que de alta peligrosidad y, en ese sentido, debiesen tener una preparación especial, cuestión que lamentablemente en este momento no se da. Hay que capacitar al personal de Gendarmería, y esa cuestión es fundamental", enfatiza.

Y en relación a los tiempos, advierte que "esta medida si es que es rápida, demorará cinco años, no es una cuestión que pueda redundar en una disminución de los delitos en el corto tiempo”.

“O sea, es una medida que pareciera ser más bien efectista, que efectiva en cuanto al combate de la delincuencia y el crimen organizado, hay otras cuestiones que resultan mucho más importante y más relevantes, como por ejemplo la seguridad, la inteligencia financiera, o mejorar el sistema de inteligencia de nuestro país”.

"No puedes tener una cárcel en el desierto"

Por su parte, Marcelo Mardones, académico Escuela de Arquitectura y Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales (UDP), explica que “el problema está en que frente a un crecimiento urbano cada vez más acelerado, y cada vez que las zonas metropolitanas se tienden a ampliar, esta dificultad de dónde emplazar este tipo de instalaciones de infraestructura se torna una cuestión de debate político".

Y, evidentemente, dice, "hay municipios que ya han sido afectados por diferentes servicios, (recolección de basura, vertederos, la presencia de vertedero en el área norte de Santiago)", a lo que se suman las cárceles en Colina, "que han generado prejuicios a las comunidades, aledañas”.

“Por lo tanto, se vuelve todo un tema de discusión" donde "hay que considerar también factores logísticos, no puedes tener una cárcel en el medio del desierto, por ejemplo. Mucho menos una cuestión aislada, ¿cómo mantienes una cárcel en esas situaciones, eso es imposible?”, insiste.

Lo esperable, en consecuencia, es "considerar ciertos elementos de planificación bien amplios, a la hora de decidir un lugar”.

Atendiendo a estas variables, finalmente Mardones aboga por “un debate político porque va a ser necesario compensar al lugar donde se instale este tipo de infraestructura”.

Crédito foto: Agencia Uno