Durante este primer fin de semana de julio, la Plataforma Internacional por los Derechos Humanos emitió una declaración pública manifestando su preocupación por una serie de medidas impulsadas por la administración de Javier Milei en Argentina, "tendientes a poner término a un conjunto de políticas públicas que daban cuenta del compromiso del Estado argentino con las políticas de memoria, verdad y justicia".
"Los grandes avances conseguidos en esta materia por parte de las organizaciones de derechos humanos, hoy pretenden ser borrados por parte del gobierno argentino, bajo el falaz argumento de la necesidad de recortar el gasto fiscal", plantea la declaración pública.
Paralelamente, esta asegura que tras estas medidas, "se esconde una impúdica simpatía con la dictadura cívico-militar, un reprochable negacionismo, una inadmisible reivindicación del terrorismo de Estado, y una inaceptable relativización de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar".
En su opinión, todo "comenzó como una descalificación a las Madres de Plaza de Mayo, a las Abuelas de Plaza de Mayo, y a los organismos de Derechos Humanos", luego de lo cual ahora "su nefasta política se expresa en el despido de trabajadores de los organismos estatales que se desempeñan en la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia".
De hecho, plantea la Plataforma, "al finalizar junio, echaron a 50 trabajadores, principalmente del Archivo Nacional por la Memoria y los Espacios de Memoria, que no podrán seguir funcionando por no tener al personal capacitado para la misión para los que fueron creados".
Y "a las unidades que subsisten, no les transfieren los recursos necesarios para llevar adelante su cometido".
"Se trata de un ataque liso y llano a las políticas de memoria, verdad y justicia", recalca el comunicado planteando además que "lo mismo pasa con Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, otro ejemplo del atropello al legado que la lucha por los derechos humanos en Argentina significa, ya que no se les ha asignado los fondos correspondientes para su normal funcionamiento, por lo que en lo que va del 2024 no han podido cobrar sus sueldos los docentes y los no docentes".
Tanto, así, complementa la declaración, que "la universidad resiste gracias al empuje militante de quienes todos los días trabajan para sostenerla, y por el apoyo que la sociedad en su conjunto le ha expresado".
Pero hay más. "Otro organismo que quieren terminar por decreto es la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado, una rama de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y desplazar a Claudia Carlotto, su directora", asegura la declaración pública.
"Este organismo se ocupa de buscar a los niños y niñas robados durante el terrorismo de Estado. Para ocuparse de la búsqueda de los bebés robados, la Conadi recibe denuncias – de personas que tienen un dato que puede ayudar al encuentro– y las presentaciones espontáneas de quienes dudan sobre su origen biológico", complementa el comunicado.
Tratándose de un gobierno que niega los crímenes de la dictadura, plantea el escrito, estas acciones demuestran "que lo peor de la maquinaria criminal era cierto".
Adicionalmente, se denuncia que "la muy difícil situación económica actual en Argentina golpea hoy a prácticamente todos los sectores y actividades, incluyendo el de los medios de prensa y comunicación".
Según la declaración, la situación "se agrava en el caso del ejercicio del derecho humano a la comunicación, con políticas que le afectan directamente".
Ejemplificando, se menciona "la existencia de una constante agresión de parte de las autoridades gubernamentales y sus seguidores y adherentes contra cualquier posicionamiento crítico o incluso apenas interrogativo, la toma de medidas que tienden al desfinanciamiento y privatización de medios públicos y alternativos a la prensa dominante, la eliminación de unidades completas del sistema de medios públicos y la desfinanciación de universidades públicas que sustentan a un buen número de medios de comunicación, el desmantelamiento del mundialmente reconocido y referencial Instituto Nacional de Cine (INCAA)".
"Todas estas realidades y acciones configuran un cuadro de una completa regresión y retroceso frente a los avances que contempló en su momento la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o “Ley de Medios” promulgada en el año 2009", asegura la declaración.
"La Plataforma Internacional por los Derechos Humanos denuncia a la opinión pública internacional que estas políticas y medidas constituyen un grave incumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos derivadas de la suscripción y ratificación de tratados internacionales de derechos humanos por parte del Estado argentino, que lo hacen incurrir en responsabilidad internacional", cierra el comunicado.
Crédito foto: @OPRArgentina
