Casa Royal es multada con $10 millones por vender productos electrónicos importados sin certificación

Casa Royal es multada con $10 millones por vender productos electrónicos importados sin certificación

Por: Horacio Gutiérrez Areyte | 05.07.2024
La Quinta Sala del tribunal de alzada confirmó una multa de 142 UTM, equivalente a aproximadamente $9.367.314, a Casa Royal por la venta de productos importados sin las certificaciones necesarias. La sanción inicial había sido impuesta por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) tras detectar incumplimientos en las normas de certificación de seguridad.

La empresa Casa Royal ha estado en el centro de una controversia legal tras ser sancionada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) por no tener la certificación adecuada en algunos de sus productos importados.

Este caso ha experimentado varios giros, desde la primera solicitud de información por parte de la SEC en enero de 2022 hasta la última decisión del tribunal que confirmó una multa aumentada contra la empresa.

Inicialmente, en enero de 2022, la SEC solicitó a Casa Royal información sobre ciertos productos que, según indicaron, no cumplían con las normas de certificación necesarias para su venta.

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Meses después, en septiembre de 2022, la SEC pareció resolver algunos de estos problemas, levantando ciertos cargos.

Sin embargo, la situación dio un giro cuando, en diciembre de ese mismo año, Casa Royal fue notificada con una multa de 58 UTM por los cargos previamente levantados.

La trama se complica más cuando, en abril de 2023, la SEC emitió otra resolución, esta vez imponiendo una multa de 142 UTM ($ 9.367.314) por los mismos hechos.

Casa Royal respondió rápidamente con un recurso de reposición, que fue rechazado en junio de 2023.

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La empresa argumentó que la segunda multa era inválida, basándose en que la primera resolución, aunque defectuosa por carecer de fecha y firma, había sido notificada y, por lo tanto, debería ser considerada válida.

El tribunal finalmente desestimó los argumentos de Casa Royal, concluyendo que la falta de formalidades esenciales, como la firma y la fecha, hacían que la primera resolución no pudiera ser considerada un acto administrativo válido.

Además, la corte apoyó la capacidad de la SEC de rectificar su propia documentación y reafirmar la multa, asegurando que la segunda resolución estaba bien fundamentada y dentro de las competencias legales de la SEC.

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