La segunda mitad del año arrancó con expectativas positivas respecto a la economía nacional, la que recibió buenas noticias respecto al Producto Interno Bruto (PIB), el que aumentó en casi todas las regiones del país -excepto Aysén-, dejando al gobierno proyecciones alegres y con una sensación de cumplimiento respecto a su manejo económico. 

Buenas noticias que además se terminan de titular como tales con un aumento histórico del sueldo mínimo -el mayor en 20 años- por lo que la percepción ¿debería ser? de conformidad con la gestión económica del gobierno de Boric. 

Pero ese dulzor de boca que deja la economía interna no alcanza a disfrutarse plenamente, ya que desde energía un sabor amargo se posiciona en la agenda pública. 

Corría el 2016, y un radiante ministro Máximo Pacheco anunciaba un hito histórico: de acuerdo con las nuevas licitaciones de energía eléctrica el 60% de los hogares de Chile, de Arica a Chiloé, verían una disminución de la cuenta de la luz de un 20% para el año 2021, precios que se mantendrían por 20 años. “Con estos precios de electricidad, vamos a ser más competitivos y productivos” (Cooperativa, 2016).

Pero durante estos primeros días de julio del 2024, en vez de verse materializadas aquellas promesas, el sector energía se abre como un flanco para el Gobierno con el término del congelamiento de las tarifas de la energía eléctrica que partió durante el 2019, en el contexto del estallido social, con la llamada “Ley PEC1”, y que se extendió en 2022 a los meses de la instalación del actual gobierno con la “Ley PEC2”, “descongelando” dichas tarifas a partir del quinto día de este mes. 

Las leyes PEC constituyeron dos fondos de US$1350 y 5500 millones respectivamente, con el objetivo de estabilizar el precio de la cuenta de la luz a cambio de que está no baje hasta el año 2032. 

¿A qué se debe este aumento del valor de las cuentas de la luz? la respuesta está en la composición de los cargos de dicha cuenta. Un 70% del total corresponde al pago por la producción de energía, mientras que el 30% restante corresponde a su administración y su transporte. 

De la parte de la cuenta que corresponde al ítem de producción, un 26% del volumen de energía corresponde a antiguos contratos de generación caros y anexados al precio del carbón como índice -con tarifas dependientes de la cotización internacional de este combustible-, mientras que la otra parte corresponde a aquellos asociados a energías renovables, de menor precio y mayor estabilidad en su valor (Piedra, Radio Udec, 2024).

Aparte del mantra “deuda que no se paga sale más cara” que han repetido desde la vocería de gobierno -e incluso el mismo presidente-, para responder el porqué no extender la Ley PEC, desde La Moneda añaden tres argumentos relevantes: la extensión temporal de los contratos correspondientes al 26%, la promulgación de una ley de estabilización tarifaria y la implementación de subsidios para paliar el efecto que este nuevo trato tiene sobre los hogares más pobres. 

Respecto al primer argumento, indican que los contratos “problemáticos” indexados al precio del carbón, tienen los días contados: de acuerdo con la revisión hecha por el Ministerio de Energía, un 46% de ellos vencen este mismo año, un 11.5% vence en 2027; y el 42.5% vence el año 2032 (Pardow, oficio ordinario 319: 2024). 

El fin de las Ley Pec vino acompañado de una nueva promesa incumplida que pretendió amortiguar el impacto del descongelamiento de los contratos: la Ley de Estabilización Tarifaria, que en la práctica “mitigó” el valor de las cuentas de sólo un 5% de los consumidores, a cambio de un alza de los precios del 95% restante (Piedra, Ciper, mayo 2024).

Finalmente, el ejecutivo plantea una fórmula para aplacar el impacto de este aumento: triplicar el actual subsidio de la cuenta de la luz, ampliándolo a la totalidad de los hogares correspondientes al 40% más pobre del país, beneficiando con ello a cerca de 10 millones de personas. Este subsidio se entrega de manera puntual y tendría vigencia hasta el año 2026, por lo que no se trata de una solución permanente (Ministerio de Energía, 2024). 

Revisando lo planteado, las medidas del gobierno son insuficientes. Con todo, más de 5 millones de hogares verán un aumento tarifario, cuyo impacto dependerá de la comuna y la región en que residan, pero que se estima que será de a lo menos un 20%. De acuerdo con la fundación “Energía para todos” los aumentos podrían llegar a un 60% durante agosto de 2025. 

La energía es un insumo fundamental que afecta transversalmente, ya que hace parte de la producción y/o cadena de abastecimiento de todos los bienes y servicios que produce la economía, por lo que es esperable que este a 54umento tarifario además de afectar directamente al índice de precios al consumidor, en el componente relacionado con Vivienda y servicios básicos (INE, 2024), contribuya a la inflación, lo que opacaría el efecto del aumento del sueldo mínimo, por lo que con estas alzas esperamos que ocurra lo contrario a lo planteado por el ex ministro Pacheco: que con este nivel de precios de la energía seamos menos competitivos, y menos productivos. 

Para cerrar, y resguardar las buenas intenciones de la medida económica del aumento del sueldo mínimo, es decir, el aumento del poder adquisitivo de los hogares más pobres del país, es necesario buscar una fórmula que permita frenar el alza de las cuentas de la luz para los hogares de Chile, al menos, hasta que los leoninos contratos indexados al precio del carbón puedan ser renegociados, para que así, al fin, cambiemos todo y que “algo” cambie.

Autora de la columna: Ximena Yañez, administradora pública

Crédito de la foto: Agencia Uno