La evidente y marcada diferencia política e ideológica entre los presidentes de Argentina y Chile, sumado al tenso ambiente internacional, obligan aún más a la realización de esfuerzos para lograr un intercambio profundo y honesto en las relaciones diplomáticas entre nuestros estados y trabajar en conjunto con otros actores no estatales, para crear las mejores condiciones y mecanismos de interacción positiva entre nuestros Estados.

Por un lado, la asunción al gobierno del Presidente Javier Milei trajo un renovado interés por modernizar a sus fuerzas armadas, el que tuvo un punto alto en el anuncio de la compra de una cantidad importante de aviones de combate F-16, que son seguramente los más modernos a los que podrían haber accedido, teniendo en cuenta la opción ideológica del nuevo gobierno. A estos se suman, los aviones noruegos de vigilancia P-3N Orion ya adquiridos en el gobierno pasado y la reciente noticia de la compra de helicópteros israelíes.

Es necesario considerar que, efectivamente, las capacidades militares de las fuerzas armadas argentinas llevan varios años de estancamiento, lo que quizás se puede ejemplificar con la tragedia y hundimiento del submarino ARA San Juan, en octubre de 2017.

Esto también se relaciona con acciones tendientes a la mejora de la situación económica de estas instituciones, aún en el marco de una importante crisis económica y social del pueblo argentino.

Este nuevo énfasis no es ajeno a los nuevos realineamientos geopolíticos del actual gobierno, que en forma muy inmediata ha estrechado relaciones con Estados Unidos, lo que se reflejó en la visita de la Jefa del Comando Sur de EE.UU, dando pie a pomposas declaraciones de cooperación y trabajo conjunto, que incluyeron las tradicionales maniobras entre fuerzas y una novedad muy sustancial, que fue el anuncio de la instalación de una base militar estadounidense en suelo sureño argentino.

Por su parte, en abril de este año el Ministerio de Defensa argentino presentó una petición a la OTAN, para convertirse en un “socio global” de la misma. Hay que recordar que desde 1998, en tiempos del gobierno de Menem, Argentina ya había sido designada por EE.UU como un “aliado importante extra OTAN”.

Esta renovada relación con EE.UU. también se ha reflejado en la postura internacional del gobierno argentino, apoyando al régimen de Kiev en su guerra contra Rusia (se ha incorporado al Grupo de Apoyo Rammstein en Alemania, que coordina la cooperación militar), y en el apoyo a Israel en la ofensiva contra Hamás en suelo palestino.

Una demostración muy performática ha sido el ejercicio militar conjunto de la marina argentina con una fuerza de tareas estadounidense encabezada por el portaviones nuclear George Washington, que reafirma esta concepción de trabajo conjunto entre el hegemón del norte y nuestros países, con el objetivo de la protección de los océanos, en este caso el Atlántico Sur y el estratégico paso interoceánico del estrecho de Magallanes, además de la propia proyección antártica.

En el caso de Chile, el actual gobierno tiene una mirada compartida con el gobierno argentino para el caso de Ucrania, y difiere en la situación del medio oriente. También ha sido objeto de una relación muy favorecida por parte del Comando Sur de EE.UU, que en dos años ya ha realizado cuatro visitas a nuestro país, sumado a los ejercicios navales, también con la presencia del portaviones George Washington y sus buques de acompañamiento y comparte la importancia estratégica que se le asigna al territorio antártico.

Un tema recurrente para nuestros países ha sido la constante presión pública de Estados Unidos, especialmente a través de la llamada diplomacia militar, debido a la presencia y los contactos que tanto Chile como Argentina tenemos con Rusia y China, particularmente con esta última, que es uno de los principales socios comerciales de la subregión suramericana. A este respecto, las intervenciones mediáticas de Laura Richardson, Comandante del Comando Sur de EE.UU, han sido bastante escandalosas, rayando en una intervención política en asuntos soberanos.

El objetivo principal declarado por Estados Unidos es el estrechamiento con nuestros países de los lazos de cooperación en materias de seguridad y defensa, con un foco muy relevante en la política antártica, territorio que sin duda será un lugar de tensiones en el futuro cercano.

El Tratado Antártico vigente, al que adhieren 56 países, establece que ningún país es propietario del territorio y designa la región como un territorio dedicado a la paz y a la ciencia. No obstante varios países, entre ellos Chile, han reclamado históricamente partes de su territorio. En mayo pasado se realizó en India la 46° reunión consultiva del Tratado Antártico, el que podrá revisarse en el año 2048.

Pero, aún a pesar de todos estos “posibles temas comunes” entre Argentina y Chile, una vez más ronda el fantasma de las sospechas, las desconfianzas y nuevos relatos que tienden a sostener una política de defensa que sigue anclada como modalidad fundamental a la disuasión, la que siempre termina en carreras por nuevos y mejores sistemas de armas.

En Chile, en particular al interior de las fuerzas armadas, se ha generado una preocupación por lo que consideran un rearme argentino, en una posible carrera armamentista que tendría como objetivo adquirir una posición privilegiada en contra de Chile.

Esto por supuesto produce inmediatamente la repetición de las viejas recetas de la disuasión, de la renovación y modernización del equipamiento militar y del incremento del gasto militar para mantener una condición de superioridad.

Actualmente en Chile se está desarrollando la discusión para la actualización del Libro Blanco de la Defensa, el que lamentablemente no trae novedades excepcionales sobre un cambio de rumbo que ponga en el centro un trabajo sostenido y convincente para generar espacios de cooperación y seguridad indivisible entre nuestros países. Esto pasaría por trabajar en una modalidad de doble faz: cooperación al interior de la región y disuasión hacia actores externos, que blinde a la región de los efectos de disputas globales.

Lamentablemente, desde el lado argentino tampoco hay mucho esmero en esta dinámica, y sobresalen mediáticamente opiniones como la del ex Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, quien acusó a Chile de financiar la campaña de Milei, con el objetivo de destruir al Estado y sus fuerzas armadas para apropiarse de la Patagonia.

Así como, a propósito de una nueva conmemoración de la guerra de Las Malvinas, se ha difundido con mucha profusión un video de la entrevista a Sidney Edwards, comandante aéreo británico que fue enviado a Chile como enlace secreto para coordinar el apoyo de la dictadura de Pinochet al esfuerzo bélico inglés y que relata con mucho detalle todo el apoyo que recibió y que él mismo define “como absolutamente de primera clase”.

Es indudable que esta es una herida abierta, provocada por el ignominioso comportamiento de la dictadura militar chilena en este conflicto.

A esto se suma el reciente impasse a propósito de la construcción menor de un puesto de vigilancia y control de tránsito marítimo por parte del gobierno argentino en el Hito 1, el que se adentró tres metros en territorio chileno y que ya fue solucionado, pero que levantó todas las voces y miradas de aquellos sempiternos buscadores de enemigos.

En este sentido, durante esa semana se manifestaron presiones de la derecha para una acusación constitucional contra el canciller, una entrevista periodística al ex director de Inteligencia de la Armada, Oscar Aranda, que calificaba de laxitud a la Cancillería frente al tema argentino y otras críticas por su política exterior, además de las clásicas declaraciones de parlamentarios de derecha exigiendo medidas de fuerza para resolver este problema.

Respecto de este caso, la declaración del presidente chileno “los sacan ellos o los sacamos nosotros”, tiene un tono prepotente que perfectamente podría haberse evitado, dándole como efectivamente ocurrió, un curso diplomático a la solución del problema, sin menoscabar la exigencia de su regularización. La altisonante declaración del presidente más bien pareció dirigida hacia la política interior, que hacia nuestros vecinos.

Todo esto genera la visión de un momento complejo de nuestras relaciones, el que debiera ser objeto de una preocupación para encauzar acciones en dirección a nuestros intereses comunes, particularmente en una coyuntura internacional compleja y de proyecciones peligrosas.

Se deben renovar esfuerzos políticos y diplomáticos por parte de los estados, como lo fueron el Comperseg (Comité Permanente de Seguridad), los encuentros 2+2 (Cancillería y Defensa), la Fuerza de Paz Binacional Cruz del Sur, y otros; renovar la rica experiencia que hubo en el Consejo de Defensa Suramericano, el Centro de Estudios Estratégicos Regional y explorar creativamente la participación de otros actores como la academia, redes de expertos, etc.

En este último sentido, hoy se necesita poner en acción la máxima tantas veces repetida, pero pocas veces implementada, que es incorporar también la voz de la sociedad civil, como protagónica de los asuntos relacionados con la política exterior y la política de defensa. Esto ayudaría a romper el enclaustramiento analítico que siempre ha rodeado a los grupos corporativos militares y partidos políticos, respecto de estos temas.

Autor de la columna: Carlos Gutiérrez Palacios, Licenciado en Historia, Doctor en Estudios Latinoamericanos, Magister en Ciencias Militares de la Academia de Guerra del Ejército y Diplomado en Inteligencia Estratégica de la ANEPE.

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