El gobierno manifiesta que ha impulsado una serie de iniciativas clave que han fortalecido la institucionalidad ambiental y promovido la participación ciudadana en la toma de decisiones, como la Ley SBAP, la Ley Marco de Cambio Climático, la Ratificación del Acuerdo de Escazú, la creación de 32 áreas protegidas e implementación de la Ley REP (ver aquí). Sin embargo, la institucionalidad ambiental no es solo el MMA. ¿Qué iniciativas clave se han materializado para la institucionalidad forestal?

El 2022, CONAF asumió el compromiso de modificar el DS N°93 y el DS N°68 por un dictamen de contraloría. El gobierno de Sebastián Piñera (2012) modificó el DS N°93 desprotegiendo a las formaciones vegetales de zonas áridas y semiáridas, quedando sujetas solo a una autorización de corta y permitiendo su eliminación sin ninguna medida de recuperación. El DS N°68 contiene un listado de 228 especies nativas, una fracción reducida de las especies arbóreas, arbustivas y cactáceas nativas.

Las especies que no aparecen en este listado no son reguladas por los instrumentos sectoriales, por lo que pueden ser intervenidas o cortadas sin criterios de manejo ni medidas de protección. Los estamentos consultivos sectoriales trabajaron en ambos decretos, y ya existen propuestas de modificación aprobadas que corrigen estos problemas. Sin embargo, se desconoce cuándo el MINAGRI formalizará las modificaciones. Ambos decretos deben publicarse en conjunto, de lo contrario es una muestra nítida de un discurso vacío respecto al resguardo de los ecosistemas.

La Ley de Bosque Nativo (2008) declaró como objetivos la protección, recuperación y mejoramiento de los bosques nativos para asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental. Tras 15 años, diversos actores concluyen que la Ley ha tenido un desempeño pobre y de bajo impacto. Su modificación es un compromiso de gobierno, pero a la fecha no ha sido trabajada por los estamentos consultivos. Todas las organizaciones del sector forestal consideran que la Ley debe modificarse, y no se entiende por qué teniendo ese nivel de concordancia el gobierno no le da urgencia a este trabajo.

Hay que resaltar que la Ley SBAP modificó artículos de la Ley de Bosque Nativo. Entre éstos se encuentra el 19°, al que se adhirieron nuevas categorías de conservación que incrementaron la superficie de bosque nativo de preservación. Esta decisión sin justificación técnica o científica resultó ser un retroceso para el manejo de los bosques nativos, pues se redujo la superficie de manejo para aprovechamiento maderero y no maderero.

Con esta decisión no se afectó a proyectos de interés nacional, pues se logran acomodar igual a los cambios. Acá se afectó a las comunidades campesinas e indígenas, que tienen economía de subsistencia y que hacen patria en un sector rural abandonado por el Estado.

El gobierno propone derogar el DL 701 para sustituirlo por una nueva ley de fomento forestal, que regule las talas rasas y promueva forestaciones mixtas y nativas. No hay muchas expectativas de que esto prospere considerando la fuerte resistencia por parte de las empresas forestales y asociados. Acá se aprecian las mayores diferencias entre actores del sector forestal. De antemano se sabía esto, pues desde el término de incentivos del D.L. 701 ha habido más de una propuesta para contar con un nuevo instrumento de fomento, pero ninguna se ha concretado.

A pesar de no estar en su programa, una de las prioridades que ha planteado el gobierno es la aprobación del SERNAFOR y la Ley de Incendios. Con la reciente creación del SBAP, CONAF ha sido despojada de las áreas protegidas y del rol de restauración de ecosistemas forestales nativos degradados. Se espera que realmente haya intenciones de fortalecer al servicio forestal, tanto en las demás competencias que aún no le han sido arrebatadas como en las nuevas atribuciones que se establezcan. No es una exageración decir que una institucionalidad forestal precaria atenta contra la propia seguridad del país.

Quedan menos de dos años para que culmine este gobierno y se avecina un largo periodo de elecciones que distrae al mundo político. Diferentes actores de la sociedad civil vemos con preocupación como se estanca el fortalecimiento y modernización del sector forestal, en el amplio y verdadero sentido de su quehacer, y no reducido a la industria del monocultivo como se insiste en hacer creer a la opinión pública. A la fecha hay incertidumbre absoluta porque no hay iniciativas materializadas. Se puede decir que el balance en materia forestal de esta administración es negativo.

Sin el sector forestal no se alcanzan metas de los NDC, del Plan Nacional de Restauración a Escala de Paisaje y la carbono neutralidad al 2050. Fortalecer solo al MMA es insuficiente, pues la problemática ambiental excede con creces el ámbito de su rol y competencias.

Agencia Como AIFBN esperamos que el gobierno se esfuerce en materializar cambios, pues hay un notorio agotamiento de las organizaciones sociales, tanto de quienes participan en estamentos consultivos y de quienes están expectantes preocupados(as) por la degradación y destrucción de los ecosistemas nativos en sus territorios.

La credibilidad de los espacios de diálogo y trabajo que se promueven desde los gobiernos está en juego, y para mantener la confianza civil es importante entregar señales concretas, resultados.

Autor de la columna: Pablo Parra Soto, Presidente de la Agrupación de Ingenieros(as) Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN)

Crédito de la foto: Agencia Uno