“Combatiente preso, combatiente activo”, decían los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y del Movimiento Juvenil Lautaro (MJL), que habitaron la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) en 1994.

En ese tiempo, el centro penitenciario más seguro de Chile, estaba destinado exclusivamente a los grupos subversivos que lucharon contra la dictadura.

El penal debía contar con medidas de seguridad inéditas, ya que sólo tres años antes había ocurrido la Operación Éxito, donde 49 presos políticos se fugaron desde la Cárcel Pública de Santiago, protagonizando el escape más grande de la historia de Chile.

Casi 30 años después -el 29 de marzo de 2023-, el Presidente Gabriel Boric participó de la reapertura del penal, ahora renombrado como Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS) y que fue remodelado para albergar exclusivamente a condenados por delitos vinculados al crimen organizado y personas con alto compromiso criminal, como es el caso de Carlos González Vaca y Hernán Landaeta Garlotti, miembros del Tren de Aragua.

Tres décadas de diferencia donde los internos, pese a tener motivaciones diametralmente distintas, tienen un factor en común: la realidad intramuros no les impide seguir con sus operaciones.

El ecosistema intramuros no está totalmente desconectado de lo que ocurre fuera de las cárceles. Un ejemplo de ello son los avisos de bomba que obligaron a evacuar los tribunales de justicia en tres regiones del país, forma de amedrentamiento por el allanamiento en simultáneo que Gendarmería hizo en seis cárceles del país para evitar el rearticulamiento de bandas criminales.

El recién pasado 6 de junio internos de la Cárcel de Alta Seguridad provocaron desórdenes que dejaron a funcionarios lesionados. Pese a que no se informó la causa de la emergencia, ocurrió el mismo día en que cayó preso uno de los tres miembros del Tren de Aragua que fueron liberados por un “error judicial” por el Juzgado de Garantía de Los Vilos.

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La peligrosidad de los internos vinculados al crimen organizado y/o a alguna banda criminal extranjera, se suma a la sobrepoblación que existe actualmente en la mayoría de los recintos penitenciarios del país.

Cárceles al borde del colapso

Mientras el Ministerio Público, en conjunto con Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) han logrado desarticular a bandas ligadas al crimen organizado, en el sistema penitenciario existe un cuello de botella donde el hacinamiento y la peligrosidad de algunos internos dificultan el trabajo de los gendarmes.

Según cifras publicadas por Gendarmería de Chile, actualmente hay cerca de 54.000 personas privadas de libertad (entre imputados y condenados), pero sólo hay capacidad para 42 mil reclusos, plazas que fueron aumentadas hace más de una década.

“En la práctica comprendió instalar más literas en las celdas de los reos, pero no se construyeron más metros cuadrados”, dice el teniente coronel Mario Benítez, de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP).

Según explica a El Desconcierto, Santiago Uno tiene capacidad para 4.000 internos, sin embargo, en la actualidad tiene cerca de 5.000. En el caso de la ex Penitenciaría, tiene 6.000 reclusos, lo que se traduce en una sobrepoblación del 200%.

De las 88 prisiones que existen a lo largo del territorio nacional, sólo siete cárceles concesionadas no superan su capacidad.

“El sistema está con un nivel de pre colapso. El mismo ministro de Justicia (Luis Cordero) en su momento señaló de que el aumento significativo de la población penal podría provocar un colapso”, señala Benítez, quien agrega que algunos de los casos más graves son en Calama y Tocopilla, donde hay una sobrepoblación del 250%.

Visión similar a la de Pablo Jaque Garrido, presidente de la Asociación de Gendarmes de Chile (AGECH).

“El hacinamiento penitenciario es un tema que evidentemente complejiza la labor del personal de gendarmería, entendiendo que eso significa falta de espacio para poder hacer una buena separación de la población penal”, dice Jaque en conversación con El Desconcierto.

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Pese al poco espacio que cuentan en los penales, los funcionarios de Gendarmería deben ingeniárselas para poder ubicar a los recién llegados, tarea que se complejiza cuando son reclusos de alta peligrosidad.

“Tenemos que reinventar espacios dentro de la unidad penal para poder segregar de manera correcta aquellos internos de menor peligrosidad con aquellos que tienen mayor peligrosidad”, señala Jaque.

Si bien en abril de 2023 se aprobó un convenio de transferencia de cerca de $4.000 millones a Gendarmería en el marco de la Política y Plan Nacional Contra el Crimen Organizado, desde hace más de una década que no se construye una cárcel en Chile.

[caption id="attachment_115017" align="alignnone" width="900"] Agencia Uno[/caption]

Pese a que su construcción está terminada, el Centro Penitenciario La Laguna en la ciudad de Talca estará operativa recién en noviembre de este año. El penal, ubicado en el sector de Aldea Campesina, albergará a 424 internos separados en dos módulos.

Una nueva criminalidad dentro de las cárceles

“No podemos pretender que con los mismos recursos de hace 15 años vamos a hacer frente a una nueva criminalidad, a un nuevo tipo de delincuente”, dice el Teniente coronel Benítez respecto a los internos vinculados con bandas criminales extranjeras.

Los internos de nacionalidad extranjera, principalmente los vinculados con el Tren de Aragua, se han hecho conocidos por someter con extrema violencia a los otros internos de los penales.

“Sí existían bandas, pero no con este nivel de violencia, con este nivel de decisión para cometer delitos. Hay nuevos delitos que se están cometiendo extramuros, pero también se replican al interior. Por ejemplo, el delito de extorsión, de secuestro, eso lamentablemente ocurre”, afirma Benítez.

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Esta realidad es confirmada por Jaque Garrido, quien señala que este cambio ha venido con la aparición de bandas extranjeras.

“Ha habido algunos casos muy particulares respecto a amenazas a familiares. Conocemos algún caso que se envió una corona de flores, un vehículo que apareció baleado en otra región”, recuerda.

Si bien, ambos aclaran que los casos de extorsión o secuestro han ocurrido solo entre internos, cabe recordar que en diciembre del año pasado la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas solicitó a la Corte Suprema contar con mayor seguridad, luego de que un juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago denunciara amedrentamiento por parte de bandas criminales, sumándose a los 14 magistrados que se encuentran con algún tipo protección.

“Aquí hay un cambio de la criminalidad mucho más peligroso, hay un desprecio por la vida”, dice Benítez, quien agrega que ya hay cerca de 8.000 internos extranjeros, por lo que hace falta una reforma importante para que pueda existir un control efectivo en los penales.

Al igual que en otros países de la región, en Chile el crimen organizado aprovechó que durante la pandemia las fronteras estaban descuidadas y se instalaron en territorio nacional, lo que también se ha visto en la población en las cárceles chilenas.

“Nosotros observamos que la tasa de población penal se empezó a elevar desde el inicio del año 2022. Terminada la pandemia ha venido un aumento sostenido de la población penal”, señala Benítez.

De hecho, en febrero de 2019, la población penal rondaba los 40 mil internos, entre condenados e imputados. En cuatro años esa cifra aumentó a 46.119. En la actualidad hay un total de 53.700 internos, es decir, en cinco años la población penal aumentó en un 26%, sin que se haya construido una cárcel adicional.

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“El Plan Nacional de Seguridad Penitenciaria se hace cargo de las urgencias más apremiantes, pero hay que desarrollar un trabajo más a largo plazo de planificación, de infraestructura”, señala Benítez.

“Entendemos que en el mensaje presidencial está incorporado un plan para aumentar en 12.000 plazas el sistema penitenciario y quizás esto nos quede muy corto porque ya tenemos un déficit sobre ese número. Aquí tiene que haber una decisión de Estado que sea mucho más fuerte”, cierra Benítez.