Considerando que un tema que se ha instalado en la agenda pública estos últimos meses tiene que ver con el uso de la fuerza de las policías, además de las atribuciones que corresponde que estas tengan en momentos en que el crimen organizado se despliega en medio de la crisis de seguridad que afecta a Chile, existen entidades preocupadas del efecto que esto podría tener en la comunidad civil, como ya sucedió hace un par de años en el contexto de la conmemoración del Día del trabajador.

Carlos Margotta, abogado y presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), observa con preocupación el devenir de nuestro país este ámbito, en tiempos en que en Chile se constatan tendencias que lo inquietan, lo que comparte en diálogo con El Desconcierto.

"Se puede apreciar una cultura de incumplimiento de los estándares y reglamentos internos y una manifiesta ausencia de controles", asegura apuntando a las atribuciones de las policías, cuestionándolas también respecto de actitudes de sus funcionarios que han generado dudas en la población desde una supuesta inacción ante hechos de evidente gravedad.

Incluso, advierte que "un caso de esto puede verse en el actuar policial frente a los hechos del 1º de mayo de 2022, en la Alameda, donde hubo un actuar pasivo e incluso de diálogo de parte de Carabineros con personas civiles armadas que disparaban hacia manifestantes y comunicadores, con el trágico asesinato de Francisca Sandoval de la Señal 3 de La Victoria, y dos personas más heridas de bala".

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Abundante prueba gráfica

"El procedimiento administrativo fue cerrado sin sanciones para los funcionarios policiales, a pesar de que la prueba gráfica es abundante en cuanto a señalar una conducta al menos permisiva de parte de Carabineros frente a una verdadera balacera en plena Alameda, hecho que duró aproximadamente una hora", recalca antes de profundizar en el tema de la seguridad y el discurso actualmente predominante en nuestro territorio, en virtud de lo que hemos vivido como sociedad en los últimos años.

Respecto de este homicido, de hecho, desde la familia de Francisca no tienen una opinión distinta a la de Margotta. Así lo aseguró su hermano Nicolás en entrevista con Cooperativa hace algunas semanas.

"El Estado falló en proteger la vida de un ciudadano, en este caso mi hermana. Y en ese sentido, se tendrán que hacer las investigaciones correspondientes en las instancias que correspondan para que los responsables también se hagan cargo", dijo a casi dos años del asesinato de la reportera.

Por otra parte, reflexionando acerca de nuestra historia reciente, Margotta asegura que en el contexto "del proceso que se vivió en el país a partir de la revuelta social, y el cambio constitucional en que se intentó proyectar un inicio de solución a los problemas que se visibilizaron con ese histórico ciclo de movilización popular en el país (...) las demandas e ideas que se reflejaron en la revuelta, han sido temporalmente derrotadas con el resultado del plebiscito del 4 de septiembre de 2021".

A lo anterior, comenta, también contribuye "el devenir del actual gobierno, que como es muy notorio, ha modificado aspectos muy sustantivos de las ideas que asumía en su discurso previo y programa".

Creciente tendencia anti derechos

Junto con ello, sostiene, "las derechas y sectores dominantes del país han sido activas partícipes en la oposición a los cambios que dirijan al país en otro sentido, han utilizado el tema de la seguridad pública en un sentido 'anti derechos' como una de sus principales banderas".

Una materia a la que según detalla Margotta, también suman, como "tema relacionado, el de la migración principalmente la proveniente desde Venezuela".

Se trata de un tema no menor en el ámbito de las tendencias predominantes en Chile respecto de la cuestionada seguridad pública, tanto así que el también abogado apunta a los extranjeros que han llegado a nuestro territorio provenientes del país liderado por Nicolás Maduro, ante quienes plantea una evidente paradoja que lo mantiene inquieto respecto de las garantías básicas de la gente.

"Los mismos sectores de las derechas que fomentaron y auspiciaron las medidas y sanciones contra la economía venezolana, que hicieron llamados públicos a favor de ella, y otorgaron condiciones legales especiales a las y los venezolanos, impulsan hoy un discurso contra ella y le adjudican al gobierno actual no actuar de manera más dura de lo que hace", cuestiona.

Tanto así, que cataloga esta embestida como "un despropósito total".

Odio a quien se considera enemigo

"En cuanto al avance de la ultraderecha, en especial en la órbita de lo que se conoce como 'occidente', y también en varios países de nuestra región latinoamericana, es también un factor de estas tendencias, pues un pilar central de esas corrientes es precisamente un discurso anti derechos, punitivista, de rebaja de las garantías democráticas... instalación de la desconfianza social, y hasta del odio frente a lo que se considera como enemigo, entre lo cual las figuras del delincuente o del 'migrante ilegal' operan perfectamente", complementa.

Lo anterior, asegura, "más cuando tal narrativa se divulga tan sistemáticamente por los medios de comunicación masiva...".

Siguiendo con su análisis del discurso predominante, Magotta asevera que "con todo lo que estamos hablando, no debiera reducirse sólo a la influencia de las variantes más extremas de las derechas, eso sería librar de responsabilidades a los otros actores de los escenarios políticos en cada país, incluyendo al nuestro".

Incluso, comenta, "también hay una clara predisposición favorable a esas posturas extremas en lo que se conoce como derecha más tradicional y 'democrática', en sectores de centro, e incluso en lo que se conoce como 'progresismo' o 'de izquierda'".

Finalmente, alerta que "en estos tiempos hemos visto claudicaciones, concesiones, y relativización de ideas muy esenciales en múltiples temáticas, como por ejemplo en torno a la necesidad de reforma o refundación de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad pública, o en cuanto a la necesidad de justicia y reparación integral y garantías de no repetición frente a las violaciones a derechos humanos cometidos bajo el gobierno pasado, o en cuanto a temas específicos como las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para las policías, o la pena de muerte".

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