Reinserción social, una política que requiere enfoque de género

En febrero de este año LEASUR, una ONG que “trabaja por el respeto, promoción y defensa de los derechos y dignidad de las personas privadas de libertad” publicó una nota titulada “El nacimiento tras las rejas”, en la cuál cuentan el caso de una interna de la cárcel de Iquique que dio a luz en su celda. “A la recién nacida la limpiaron con trapos y toallas de las mismas presas”. ¿Cómo llegamos a esto?

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Según el informe de Visita Reactiva Sección Materno Infantil del C.C.P de Iquique, al momento del parto, existían 36 mujeres en la Sección Materno Infantil, 32 mujeres con lactantes y 4 mujeres gestantes. Son 27 mujeres de nacionalidad boliviana, 5 venezolanas y 4 chilenas.

El decreto 518 del Reglamento de Establecimientos Penitenciario de Gendarmería de Chile estipula que en los centros donde existan mujeres gestantes y/o con hijas/os lactantes, hasta los dos años, deben ser dependencias especializadas y que cuente con un espacio y condiciones adecuados para el cuidado y tratamiento pre y postnatal, así como para la atención de hijas/os lactantes de las mujeres privadas

Uno de los puntos que concluye el informe mencionado, en infraestructura, es poder realizar coordinaciones y gestiones presupuestarias para que las mujeres privadas de libertad que se encuentren embarazadas o con niñas/os cumplan en una residencia externa.

Esto a propósito que el Centro Peticionario está en zona de inundación de tsunami y, ante los hechos ocurridos, no cumple con las condiciones óptimas para personas gestantes y con hijos/hijas lactantes. Sin embargo, esto último, es una respuesta, no sólo a la carencia de infraestructura y al no cumplimiento del reglamento penitenciario, sino también a una medida significativa para la protección de infancias y su tan importante vínculo materno.

Hablar de reinserción social en mujeres e infancias es pensar en historias de vida de marginalidad, victimización y pobreza. Dichas narrativas deben ser percibidas y comprendidas desde una perspectiva de género e intercultural, de derechos y bajo la protección y el interés superior del niño/niña. Esto, especialmente, por las características actuales de las mujeres privadas de libertad.

Para esto, es fundamental abrir el debate a la necesidad de incorporar el principio de igualdad por diferenciación, donde se puede comprender que la igualdad ante la ley no es un derecho absoluto, y quedará sujeto a la posibilidad de diferenciaciones razonables entre quienes no se encuentran en una misma condición.

Y en un contexto carcelario, las mujeres, a diferencia de los hombres, experimentan otro tipo de presiones y desigualdades, por ejemplo, ante situaciones de alta vulnerabilidad, suelen ser el único ingreso económico. Sin duda esto trae consecuencias negativas no solo para ellas, sino que para sus familias y al rol histórico de cuidado de terceros ejercido por las mujeres.

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Entendiendo la reinserción social como un proceso integral de acciones, que se inicia con el período de cumplimiento de una condena y que continúa cuando la persona retorna a su vida en comunidad, siendo un deber del Estado el promover espacios de reintegración social y laboral, con un respeto irrestricto a los derechos humanos, se requiere comprender este proceso, también, como dinámico y diverso, y que estará sujeto a las diferentes realidades.

Por lo mismo es necesario incorporar una política integral e intersectorial que acompañe en las diferentes etapas de este proceso, como, por ejemplo, en el caso de las madres de lactantes de dos años.

¿Quién se hace cargo de esa separación forzosa, que genera un quiebre en el desarrollo del niño o niña? ¿o del duelo de la madre, ante el desapego en un contexto de encierro, marginalidad y vulneración? ¿Cómo se vive el proceso de reinserción, después de un quiebre del vínculo entre madre e hijo?

Uno de los principales motores para el Estado debiese ser la protección de las y los niños y su consideración como sujetos de derechos, entendiendo que estos son víctimas directamente de los actos de sus padres y/o cuidadores ¿Cómo las y los protegemos a ellos?

Según Montenegro, en su escrito de “Modelos Penales de drogas y Criminalidad Femenina en Chile” Niños y niñas que crecen con sus madres en centros de reclusión tienen más probabilidades de ingresar también a instituciones correccionales en algún momento de sus vidas. Es lo que se llama el «ciclo delictivo».

Hoy Chile vive un momento crucial para pensar su política de reinserción social, a propósito de nuevos servicios como Mejor Niñez y Reinserción Social Juvenil, y la necesidad de mayores recursos, y de incorporar otros enfoques al programa Crece Contigo.

El Estado debe lograr que la reinserción social sea sistemática y enfocada en el seguimiento, tomando en consideración sus motivaciones personales, para que puedan asumir un nuevo rol dentro de la sociedad. En el caso de madres privadas de libertad es fundamental el poder otorgarles herramientas y el conocimiento de oficios, certificaciones, acompañamiento laboral y psicosocial que permita disminuir las posibilidades de volver a delinquir.

Pensar en residencias desde una perspectiva de género, con enfoque educativo-psicosocial, donde las mujeres y madres puedan cumplir con su pena, garantizando un espacio seguro para la crianza, y un acompañamiento al proceso de desvinculación con el niño/niña, podría ser una experiencia significativa, para que las y los niños no crezcan en establecimientos penitenciarios que, bajo ningún contexto, son idóneos para su desarrollo y que impactan en su corporalidad, lenguaje y su entorno socio-cultural.

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Considerando realidades como la del norte de nuestro país, políticas como estas, permiten dar una respuesta a la crisis de seguridad actual, con un enfoque psicosocial y a largo plazo.