La Corte de Apelaciones de Talca ha tomado cartas en un caso que pone en relieve el conflicto entre las creencias personales de los padres y la salud pública.

Según lo que dice el fallo judicial, todo comenzó el 12 de febrero de 2024, cuando una madre ingresó a la Clínica Lircay para dar a luz.

Desde el principio, expresó su rechazo a que su hija recién nacida recibiera cualquier tipo de vacuna, una decisión que había mantenido firmemente durante su embarazo.

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El equipo médico de la clínica, siguiendo los protocolos sanitarios, intentó sin éxito convencer a la madre de la importancia de vacunar a su bebé, destacando los beneficios de las inmunizaciones y los riesgos de no administrarlas.

Además, en el fallo se pone énfasis en que a pesar de los esfuerzos del personal, la madre firmó documentos el 13 de febrero donde rechazaba la vacunación, argumentando una reacción alérgica a las vacunas por parte del padre como principal motivo.

Las vacunas específicas que la madre rechazó para su hija incluyen la vacuna BCG, que protege contra todas las formas de tuberculosis, y la vacuna contra la hepatitis B.

Esta última es especialmente crucial ya que protege contra la infección hepática que puede derivar en enfermedades crónicas, cirrosis e incluso cáncer de hígado.

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Cabe destacar que desde 2005, el Ministerio de Salud ha incluido la vacuna contra la hepatitis B en el Programa Nacional de Inmunizaciones, y desde abril de 2019 es parte del calendario de vacunación inmediatamente después del nacimiento.

Ante la firme negativa de la madre, la Clínica Lircay decidió intervenir judicialmente, llevando el caso a la Corte de Apelaciones de Talca.

La corte falló a favor de la vacunación de la recién nacida, citando el interés superior del niño y la necesidad de proteger tanto su salud como la de la comunidad.

El fallo enfatizó que, aunque normalmente las decisiones médicas sobre los niños deberían ser tomadas por sus padres, existen excepciones cuando se pone en riesgo la salud del niño y la salud pública.

La Corte de Talca autorizó la vacunación y ordenó a la Secretaría Regional Ministerial de Salud del Maule asegurar que se cumpla con la inoculación. Además, en un movimiento preventivo, se ordenó enviar los antecedentes al Juzgado de Familia de Talca para evaluar si hay más vulneraciones de los derechos de la niña.

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