Primero en el Consejo Constitucional en 2023, luego en el Senado a principios de este 2024 y ahora en la Cámara de Diputados, la derecha ha buscado impulsar una norma para beneficiar a reos mayores de 75 años con el cumplimiento de sus penas mediante reclusión domiciliaria.

Los argumentos del sector para impulsar la medida han variado: en el órgano constitucional se decía que la medida era de carácter “humanitario”. En el Congreso, se ha esgrimido como razón el hacinamiento en las cárceles, y el hecho de que solo beneficiaría a mayores de edad reclusos que padecen enfermedades terminales o demencia.  

[Te puede interesar] Agenda de seguridad: Necesidad urgente, pero de forma responsable

¿El problema? Según acusan desde el oficialismo la norma busca dar un “perdonazo encubierto” a reos que cumplen condena en Punta Peuco por violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. Y, lo cierto, es que de acuerdo a datos del Ministerio de Justicia, sería así; de los 256 personas recluidas en centros penitenciarios mayores de 75 años, 146 están en el penal destinado en que están presos personas como Miguel Krasnoff o Álvaro Corbalán.  

Nuevo intento

La indicación en cuestión, sostiene que “se concederá libertad condicional para aquellas personas condenadas que hubiesen cumplido 75 años de edad y padecieran una enfermedad terminal o inhabilitante”, a la vez que agrega: “Deberán cumplirse las normas generales y requisitos que regulen su otorgamiento y revocación”.

Paradójicamente, la norma fue incluida en el proyecto que agrava las sanciones a delitos que se cometen contra personas que fue tramitado este lunes en la Comisión de Seguridad de la Cámara. Y ante la mayoría de la derecha en la instancia, fue aprobado por dos votos en contra y tres a favor.

El diputado Johannes Kaiser (Ind. exrepublicano) fue uno de los firmantes de la indicación y que votó a favor en la comisión. En el contexto de la discusión, aseveró que “hay penales del país en los cuales hay adultos mayores de 75 años de edad que se encuentran muchas veces en estado de demencia o están sufriendo enfermedades terminales, por lo que no pueden ser sujetos al mismo trato que el de la población penal general, en razón de su condición distinta”. 

[Te puede interesar] Sernac oficia al Banco Santander investigar y garantizar datos de clientes tras ciberataque

Consultada por El Desconcierto, la diputada Lorena Fries (CS) —que es integrante de la comisión y votó en contra de la indicación— sostiene que habría votado a favor si es que se hubiese excluido a condenados por violaciones a los DD.HH. pero que la derecha se negó. 

En ese sentido, la parlamentaria cuestiona uno de los argumentos hilados por la derecha para impulsar esta medida: “Existe actualmente una norma en el Código Procedimiento Penal que permite a los jueces, a petición de parte, hacer que las personas que estén en estado de demencia puedan cumplir las penas en su casa. Esa herramienta no ha sido invocada por parte de aquellos que defienden a criminales lesa humanidad. Por lo tanto, lo que se está haciendo aquí es un punto político para beneficiar a esa población penitenciaria (reos de punta Peuco) y creo que poco les importa los adultos mayores que están en otros centros penitenciarios”.

Historia de la norma 

Antes de presentarse en la Cámara, esta norma ya había sido impulsada por Republicanos y Chile Vamos en el Consejo Constitucional y en el Senado, recibiendo en ambas ocasiones una negativa de la población en el plebiscito y de los senadores en la Cámara Alta. 

En el Consejo Constitucional, la norma fue presentada por el Partido Republicano y en un principio el beneficio era para toda la población penal mayor de 75 años. Sin embargo, tras la presión de comisionados expertos y los partidos tradicionales de derecha, la norma fue morigerada y se le incluyó el apartado para que solo incluyera a enfermos terminales. 

[Te puede interesar] Ligero y esponjoso: descubren nuevo planeta gigante "algodón de azúcar"

“Las personas condenadas a una pena privativa de libertad podrán solicitar al tribunal competente la sustitución de dicha pena por la de reclusión domiciliaria total siempre que se acredite conforme a la ley, la existencia de una enfermedad terminal y que el condenado no represente un peligro actual para la sociedad”, decía el el artículo que fue usado, de hecho, por las fuerzas de izquierda para hacer campaña en contra del texto constitucional.

Con la propuesta de nueva Constitución rechazada, Chile Vamos intentó nuevamente impulsar la medida a través de un proyecto de ley que fue visto en el Senado en enero de este 2024. 

Sin embargo, pese a la mayoría que ostenta la oposición, la iniciativa fue frenada por 23 votos en contra y solo 21 a favor.