La agenda de seguridad ha enfrentado al gobierno y la oposición en un punto crítico. Ambos carecen de agendas propias a largo plazo, manteniéndose condicionados por la contingencia y los escándalos comunicacionales en torno a la seguridad pública y el crimen organizado.

[Te puede interesar] "Operación Alfa Carbón": Ordenan traslado a Punta Peuco de condenado por homicidio en dictadura

Es innegable la urgencia de una agenda de seguridad transversal, capaz de enfocar los esfuerzos estatales en la prevención, la persecución, y la judicialización de delitos con foco en el crimen organizado: pero al mismo tiempo se requiere que dicha agenda sea responsable, con miras a futuro y objetivos claros, no una que solo evidencie resultados superficiales.

Frente a esto se da un debate regresivo en dos direcciones en temas de seguridad: la militarización en el resguardo de la ciudadanía, y la reinstalación de los tribunales militares para delitos de miembros de las Fuerzas Armadas.

Desde la transición a la democracia los problemas de seguridad han sido parte del debate público, pero al inicio del periodo estos eran muy distintos a los hechos delictuales que actualmente ocurren en Chile. Como herencia de la dictadura, en los noventa siguió una jurisdicción militar para casos que involucraron a las Fuerzas Armadas, existiendo una figura legal que generaba una justicia paralela a la civil.

Jurisdicción militar que fue modificada en 1997 con la creación del Ministerio Público (Ley 19.519) y que con los gobiernos de Piñera y Bachelet se reformó para fortalecer la justicia civil, la igualdad, e imparcialidad ante la justicia, tras fallos internacionales en contra de esta figura en el Estado de Chile. Hoy, a más de dos décadas de avances en esta materia, reaparecen presiones políticas por restituir la justicia militar cuando el problema es distinto, hoy se debe apuntar al crimen organizado.

[Te puede interesar] Estudiantes con altas capacidades intelectuales ahora pueden acceder a programa universitario

Creer que retroceder en el recorrido realizado en la democratización de nuestras instituciones policiales y en el fortalecimiento de nuestro sistema judicial nos proveerá de una instantánea sensación de seguridad y orden, es una fantasía oportunista de ciertas nostalgias autoritarias, que solo empeoraría el problema a mediano plazo.

La agenda en seguridad pública no debe tener debates regresivos en términos democráticos ni jurídicos, sino que debe ser capaz de proyectar a futuro las posibles medidas para solucionar un problema que posiblemente sea de largo alcance.

Hoy por hoy es un problema suponer que la militarización de la seguridad pública es condición necesaria para prevenir y perseguir el delito. Y es que la pregunta va más allá de si los militares están o no preparados para asumir ese tipo de labores, el asunto de fondo es pensar este momento como una ventana de oportunidad para proponer medidas responsables, efectivas e innovadoras, bajo estándares suficientes como para mantener la esfera militar en su rol primordial: defender la soberanía ante amenazas externas, y no aspectos internos de la vida civil.

[Te puede interesar] Ola polar: Se contamina el aire en el sur de Chile e impulsan recambio de calefactores

Por otro lado, en materia de competencias judiciales, retroceder en el lugar y jurisdicción de los tribunales militares puede abrir el camino a debilitar nuestra legislación en Derechos Humanos, e incurrir en sanciones internacionales como ha sucedido en el pasado.