Un trabajador de la Municipalidad de Puchuncaví, quien había dedicado años de servicio, encontró su carrera abruptamente interrumpida tras ser despedido sin una justificación clara.
La situación no solo le privó de su medio de vida, sino que también afectó gravemente su estado emocional y psicológico, llevándolo a buscar justicia legal para reparar su situación y defender sus derechos.
La disputa legal culminó en una decisión de la Corte Suprema, donde la Cuarta Sala del tribunal, conformada por las ministras Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz, María Soledad Melo y las abogadas integrantes Leonor Etcheberry y Fabiola Lathrop, revisó el caso.
La Corte confirmó una sentencia anterior que había sido favorable al trabajador, reconociendo que la Municipalidad había vulnerado sus derechos fundamentales al trabajo y a la integridad psíquica.
Como resultado, la Corte ordenó que la Municipalidad de Puchuncaví no solo reintegrara las prestaciones laborales que le debían al trabajador, sino que también le compensara con $9.452.296 por daños morales.
Además, se dictaminó que la municipalidad debería emitir disculpas públicas y llevar a cabo programas de capacitación en derechos fundamentales para evitar futuras violaciones.
