Esta semana, Amnistía Internacional oficializó su Informe Anual de Derechos Humanos 2023, trabajo que aludió a la materias pendientes en este ámbito, detallando que "continuó la impunidad por la mayoría de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido social".

Adicionalmente, el reporte establece que "según la Fiscalía Nacional, hasta diciembre solamente se habían presentado cargos en 127 de los 10.142 casos de denuncias relacionadas con las violaciones de derechos humanos cometidas en ese periodo, con un resultado de 38 sentencias condenatorias y 17 absolutorias".

Sobre Ricardo Yáñez, general director de Carabineros, recalca que este "no acudió a la mayoría de las citaciones para declarar como acusado y ejerció su derecho a guardar silencio en otra causa" derivada de la revuelta.

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— Amnistía Internacional Chile (@amnistiachile) April 24, 2024

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Consultado al respecto, considerando además la situación en la que se encuentra el responsable de la policía uniformada, quien justamente en este contexto será formalizado el 7 de mayo, Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Chile, es categórico.

"Él era director de Orden y Seguridad, en ese cargo tuvo información de las violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo, tenía todo el poder para adoptar medidas para frenar las violaciones a los derechos humanos respecto de las que a él le llegaban reportes diarios de una serie de situaciones que ocurrían, específicamente con la escopeta antidisturbios", recalca.

Habilitó uso de armas letales

Sin embargo, agrega, "no utilizó ese poder y, más aún, habilitó la posibilidad de seguir usando armas letales que generaron un daño irreparable en personas de nuestro país".

"Desde Amnistía defendemos que él no debería estar en el cargo de director general", dice apuntando a "informes de organismos internaciones que respaldan las violaciones" a los derechos humanos entre los que se encuentra el de Amnistía Internacional", complementa.

Incluso, asegura, "está muy documentado el rol que tuvieron los mandos en esas violaciones a los derechos humanos, por sus actos y omisiones".

Paralelamente, recalca que "Yáñez ha hecho todo lo posible para evadir la acción de la justicia. Al menos seis veces no fue a declarar, dijo que quería declarar pero necesitaba más tiempo. Después dijo que ya no quería declarar, que quería hacer uso a su derecho a guardar silencio".

Lo cual, asegura, "es muy legítimo para el ciudadano Yáñez, pero lo que es muy complejo y contradictorio es que el director de una policía, de una institución encargada de hacer cumplir la ley, no colabore con la justicia".

Se diluyen sus opciones

Por otra parte, Bustos cuestiona la existencia de parlamentarios que "plantean darle un cheque en blanco a las policías para enfrentar a los delincuentes".

En este sentido, asegura que "eso está completamente alejado de lo que tenemos que hacer si se quiere enfrentar la delicuencia de manera eficiente, con respeto a los derechos humanos, como corresponde en un Estado como nuestro país, que tiene derechos fundamentales en su Constitución y ha ratificado tratados de derechos humanos".

"Esto dificulta que se cumpla una gran garantía de no repetición, que es tener una policía que respete los derechos humanos, cosa que no sucedió durante el estallido", complementa.

Requerido luego por la situación judicial y los diversos recursos presentados por su defensa para evitar a como dé lugar su formalización, comenta que de momento, todo parece indicar que "no tendrá más opciones de intentar no estar en tribunales escuchando los cargos que se le imputan".

Reforma a las policías sigue pendiente

Finalmente, consultado acerca de la situación del ahora exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, quien debió renunciar a su cargo tras ser vinculado a la red de corrupción que la justicia investiga a partir de los audios filtrados de Luis Hermosilla, que se adiciona a la de Yáñez, lo que implica tener a dos altos mandos formalizados en menos de seis meses, Bustos es lapidario.

"También tenía denuncias de malos tratos al interior de su propia institución", dice asegurando que además, lo que sucede con el general director de Carabineros, "es sólo una muestra de la situación de estas policías".

De hecho, recuerda que "en el segundo gobierno de Sebastián Piñera se destituyó a tres generales directores de la policía, a un director de la PDI, en algunos casos por violaciones a los derechos humanos, en otros casos por corrupción".

"Por lo tanto, no es algo aislado", recalca insistiendo que en estamos frente a "un problema estructural. Por eso está pendiente una reforma profunda a las policías para que sean modernas, eficientes en la respuesta del delito, no haya duplicidad de funciones y tengan una formación actualizada" y "respetuosa de los DD.HH."

Pero lamentablemente, concluye, pese a que esta se encuentra en el "programa del gobierno del Presidente (Gabriel) Boric, se ve cada vez más distante de que pueda suceder en los próximos dos años".

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