En el contexto del nuevo informe de Amnistía Internacional oficializado este miércoles, trabajo que aborda la situación de los derechos humanos en nuestro país y el mundo, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) evidenció su malestar ante el despliegue de algunas instituciones de nuestro país, caso de la Fiscalía Nacional, responsabilidad de Ángel Valencia.

"El informe está marcado por la impunidad de los graves crímenes cometidos contra los derechos humanos durante el denominado estallido social", asegura la entidad liderada por Carlos Margotta cuestionado que, de acuerdo al reporte, “hasta diciembre" sólo presentaron cargos "en 127 de los 10.142 casos de denuncias relacionadas con las violaciones de derechos humanos cometidas en ese periodo, con un resultado de 38 sentencias condenatorias y 17 absolutorias”.

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Cifras que, según la CChDH, "dan cuenta de un serio incumplimiento de las obligaciones del Estado (...) en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y vuelven a poner en el debate el serio cuestionamiento al Ministerio Público que existe en las víctimas y gran parte de la ciudadanía, por su falta de debida diligencia en las investigaciones judiciales que sustancia y la falta de imparcialidad en que ejerce sus funciones"

"Las organizaciones de derechos humanos reprochamos en su oportunidad la decisión del Fiscal Nacional, Angel Valencia, de sacar de sus funciones al Fiscal Regional, Xavier Armendáriz, y consecuentemente, a la Fiscal Ximena Chong, que hasta ahora tenían asignada la investigación de los casos de crímenes contra la Humanidad, iniciados por querellas interpuestas, entre otros, por la Comisión Chilena de Derechos Humanos", agrega la Comisión.

Despliegue de 'guerra jurídica'

Adicionalmente, el organismo apunta a la "inexplicable situación vivida por el alcalde de Recoleta (...) Daniel Jadue, quien a pesar de no estar sujeto a ninguna medida cautelar que se lo impidiera, no pudo viajar fuera del país producto de la amenaza de una fiscal de dictar una orden de detención en su contra por el peligro de fuga o por el temor que se asilara", asegurando que esta acción "cuestiona la debida objetividad del Ministerio Público, establecido como deber en su respectiva Ley Orgánica Nº 19.640 y en la legislación procesal penal".

"Además, estos hechos dan argumento y sustento a la idea que de que contra ciertas dirigencias, autoridades y fuerzas políticas de carácter impugnador del statu quo, existe el despliegue de una estrategia de 'guerra jurídica' o 'Lawfare', que viola flagrante y gravemente los principios del debido proceso, el derecho a la igualdad ante la ley, y los deberes de objetividad e imparcialidad en el actuar del Ministerio Público y el Poder Judicial (...) bases esenciales del Estado de Derecho", detalla el documento oficializado este jueves.

Asimismo, la CChDH recuerda que "el Comité de Derechos Humanos de la ONU (...) señaló que 'los jueces no deben permitir que su fallo esté influenciado por sesgos o prejuicios personales, ni tener ideas preconcebidas en cuanto al asunto sometido a su estudio, ni actuar de manera que indebidamente promueva los intereses de una de las partes en detrimento de los de la otra y que 'el tribunal también debe parecer imparcial a un observador razonable".

"Es decir, los jueces no sólo deben ser imparciales, sino que también deben parecerlo”, recalca la Comisión recordando que la instancia citada, a propósito de una situación que vivió Lula da Silva el 2016, aseguró en un dictamen que  “todas las autoridades públicas tienen el deber de abstenerse de prejuzgar los resultados de un juicio, por ejemplo, absteniéndose de hacer comentarios públicos en que se declare la culpabilidad del acusado y que los medios de comunicación deberán evitar expresar opiniones perjudiciales a la presunción de inocencia”.

Finalmente, la entidad liderada por Magotta recalca que el estallido social se generó en el contexto de una profunda falta de legitimidad de las instituciones de nuestro país, y que, transcurridos más de cuatro años, "la percepción de la ciudadanía no ha variado pues no se han producido los cambios sustanciales demandados".

Amnistía Internacional difundió su Informe Anual 2023/2024, sobre la situación de los DD.HH. en Chile y en el mundo.
En relación a nuestro país, el Informe está marcado por la Impunidad de los graves crímenes cometidos contra los DD.HH. durante el denominado estallido social. pic.twitter.com/jWlbIsxdsO

— Comisión Chilena de Derechos Humanos (@ComisionChilena) April 25, 2024

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