Este miércoles se oficializó el Informe Anual de Derechos Humanos 2023 de Amnistía Internacional (AI), contexto en el que se analizó la situación de nuestro país en este ámbito, a través de la revisión de distintas aristas.

Entre otras materias, este alude a la crisis migratoria y su impacto en Chile, reportando que "en febrero, el gobierno desplegó tropas militares a lo largo de las fronteras con Bolivia y Perú para impedir la entrada irregular de personas migrantes y refugiadas, lo que afectó principalmente a quienes llegaban de Venezuela en busca de protección".

AI asegura que en nuestro territorio, su población "seguía encontrando obstáculos para obtener protección, como el requisito de notificar la entrada irregular para acceder al procedimiento de solicitud de asilo".

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Incluso, detalla, "estos impedimentos, junto con el bajo índice de reconocimiento de la condición de refugiado, dificultaban su acceso a la educación, los servicios de salud y el empleo en Chile", a lo que se adiciona que la Fiscalía Nacional ordenó "solicitar la detención preventiva de las personas extranjeras acusadas de delitos que carecieran de documento nacional de identidad".

Además, hace 10 meses se implementó "un proceso de empadronamiento biométrico de la población extranjera mayor de 18 años que hubiera entrado en Chile por pasos fronterizos no autorizados" previo a mayo de 2023. Finalmente, este enrolamiento se consolidó a través de la Política Nacional de Migración y Extranjería" que, entre otras medidas, considera una comisión a cargo de las expulsiones.

[caption id="attachment_915704" align="alignnone" width="900"] Rodrigo Bustos- Imagen cedida[/caption]

Migrantes "en situación de mucha amenaza"

"Las personas migrantes, solicitantes de asilo o refugiadas están en una situación de mucha amenaza de sus derechos fundamentales, ha sido un mal período de acuerdo a lo que establecen los tratados interncionales en relación a sus derechos", sostiene Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Chile en diálogo con El Desconcierto.

En su opinión, "hemos visto una agenda legistativa con proyectos que implican afectaciones a los derechos de las personas migrantes, generalmente con el argumento de asociar migración con delincuencia"

Además, complementa, existe "una retórica que también ha implicado muchos discursos discriminatorios contra las personas extranjeras y de mucho racismo incluso, en algunos casos. Ha sido un año de mucha preocupación de nuestra organización en relación a los retrocesos, tanto normativos como de discursos en relación a los derechos humanos de las personas migrantes".

"Ha habido varios proyectos de ley de esta 'Agenda de Seguridad',  que lo que hacen es coartar derechos de personas migrantes", agrega.

Siguiendo con su análisis, Bustos transparenta que el que más preocupación genera en la ONG que lidera "es uno que pretende establecer el delito de ingreso clandestino a las personas que se encuentran en condición irregular, independientemente de que hayan cometido cualquier tipo de delito en nuestro territorio, algo absolutamente rechazado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos", entre otras organizaciones como Amnistía Internacional.

"El racismo y la xenofobia lo venimos viendo desde hace varios años creciendo en nuestro país, respecto de personas de distintas nacionalidades", asegura.

Xenofobia puede generar ataques contra migrantes

Incluso, dice, "esta narrativa llena de xenofobia, que incluso puede incitar a actos de violencia contra personas extranjeras, ha ido creciendo en nuestro país de manera muy preocupante"

"Respecto de las personas venezolanas, lo que cabría preguntarse es si en general en la mayoría de las autoridades de nuestro país, del gobierno y del Congreso, se considera que en Venezuela hay gravísimas violaciones a los derechos humanos, en algunos caso se han planteado incluso crímenes de lesa humanidad, ¿cómo es posible que haya un número tan bajo de personas refugiadas de Venezuela?", sostiene a renglón seguido.

De hecho, recalca, "se ha ido asociando, también por una parte de la clase política y algunos medios de comunicación, a las personas venezolanas con la delincuencia como si fuera algo automático. Ha ocurrido que hay delitos, y delitos graves, cometidos por personas venezolanas en particular, pero lo que no cabe de ninguna forma es simplemente una asociación entre las personas de dicho país y la delincuencia y el crimen organizado".

Lo anterior, "porque miles de personas venezolanas que hay en Chile están trabajando y tratando de tener una mejor vida, y en ningún caso corresponde este tipo de discursos que rayan en la xenofobia".

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