Latinoamérica es la región más mortífera para defensoras y defensores ambientales, que en muchos casos son víctima de asesinatos, amenazas y criminalización por la labor que cumplen enfrentándose a poderosos intereses económicos.

[Te puede interesar] Más de 30 episodios de violencia contra defensores ambientales se registraron este año en Chile

Mejorar las condiciones de estas personas es uno de los objetivos del Acuerdo de Escazú, y esta semana Chile recibe a autoridades y defensores de cada país firmante en la tercera COP o cumbre de las partes del acuerdo.

[Te puede interesar] Nuevas reglas para proyectos de inversión: Deben contemplar cambio climático y Acuerdo de Escazú

El objetivo de esta COP es definir el texto de un Plan de acción para defensores y defensoras ambientales, y así definir los lineamientos dentro de los cuales cada país deberá tomar medidas para reducir la violencia contra estas personas por el rol que ejercen.

[Te puede interesar] Valentina Toro llega al N° 3 del ranking mundial de karate tras su histórico logro

Chile, como país anfitrión, presenta en la COP un nuevo plan de implementación del acuerdo con medidas para generar cambios en la legislación y las políticas públicas, y un nuevo protocolo aprobado por el Ministerio de Justicia para tratar los casos de violencia contra defensores y defensoras ambientales.

Protocolo en la justicia

En palabras del Subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, el protocolo “aplica para personas expuestas a sufrir lesiones o amenazas por su rol de defensa de derechos humanos y del medio ambiente, y se activa a partir de denuncias que puede hacer cualquier organismo o persona ante el Ministerio Publico o policías”.

El protocolo define la creación de una mesa de coordinación interinstitucional que analice los casos y determine medidas idóneas para abordar cada situación y resguardar a las y los defensores.

Además se presentará una plataforma web para dar a conocer el protocolo y las 26 instituciones públicas que deben coordinarse para cumplirlo, y se realizarán capacitaciones para que los funcionaros públicos de cada institución conozcan cómo opera el mecanismo y puedan aplicarlo.

A diferencia de otros países de la región, en Chile no se han registrado aún casos donde se haya logrado comprobar ante la justicia que defensores ambientales fueron asesinados por su rol (aunque existen dudas sobre algunas causas). Pero sí existen decenas de casos de amenazas de muerte, amedrentamiento y criminalización de quienes ejercen esta labor en el país.

Plan de implementación del acuerdo

Para hacer efectivo cualquier tratado internacional, se requieren de cambios en la legislación y las políticas públicas de cada país firmante. En el caso del Acuerdo de Escazú, Chile es el tercer país de la región en presentar un plan de implementación con medidas para adaptar la normativa interna y poder aplicar los principios del texto.

El plan fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de abril, y contempla medidas concretas, algunas de las cuales comenzarán a regir durante este año, para mejorar el acceso a la información ambiental, ampliar la participación de la ciudadanía en decisiones sobre medio ambiente y garantizar el acceso a la justicia ambiental.

Que la información ambiental esté disponible de forma fácil y en lenguaje claro, que la ciudadanía pueda acceder a asesoría técnica y legal en materia ambiental, y que las comunidades puedan participar en decisiones sobre medio ambiente en etapas tempranas del diseño de proyectos o políticas públicas, son algunos de los objetivos del plan en el corto plazo.