Luego de haberse tomado los accesos al Salar de Atacama en protesta, comunidades indígenas agrupadas en el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) habían retomado la participación en una mesa de diálogo con representantes de Codelco y SQM, las empresas que extraen litio en el salar.

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Sin embargo, ahora cuatro de las comunidades indígenas del CPA se restaron nuevamente de la instancia. Su principal preocupación sería la frágil situación hídrica que atraviesan y cómo esta podría verse afectada por la actividad minera en el salar.

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Son las comunidades de Toconao, Socaire, Camar y Peine las que decidieron marginarse de la mesa, donde continúa el diálogo con las otras 14 que integran el CPA. Estas se agrupan en la zona sur del salar, y sus dirigentes alertan que son sus comunidades las más afectadas por la falta de agua y la actividad minera.

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Según declaraciones del presidente de la comunidad de Toconao a La Tercera, las otras comunidades habitan al norte del salar, más cerca de San Pedro de Atacama, por lo que se ven menos afectadas. En efecto, la actividad actual de extracción de litio en el Salar de Atacama, llevada a cabo por Albemarle y SQM, se concentra en el sur del salar.

Suelo más seco y caliente

Cuando la administración de Gabriel Boric presentó la Estrategia Nacional del Litio, desde la comunidad científica e indígena alertaron sobre los riesgos de echar a andar una industria sin conocimiento suficiente sobre el estado actual de los salares y cómo les afecta la extracción de litio.

El único estudio al respecto se ha hecho en el Salar de Atacama, donde la minería de litio está avanzada, y se descubrió que la actividad degrada la vegetación de humedales y bofedales altoandinos, además de reducir la humedad y aumentar la temperatura del suelo circundante, por la evaporación de agua.

Tampoco existe conocimiento sobre las interconexiones entre los salares y las cuencas de los ríos circundantes, y por ende cómo afecta la actividad en la disponibilidad de agua a futuro para las comunidades, que es una de las preocupaciones más latentes entre organizaciones indígenas.

Para responder a estas incertidumbres, el CPA llevará a cabo un proyecto de US$4,9 millones para instalar 24 plataformas de monitoreo que recogerán variables hídricas en distintos puntos del salar.