El 20 de marzo puede ser una fecha negra para la industria nacional, y especialmente para los más de 22 mil trabajadores y trabajadoras que prestan servicios a la siderúrgica Huachipato.

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Marco ese día miércoles porque es la fecha en la que, hasta el minuto, se está poniendo fin a 74 años de historia de Huachipato. Una empresa que nació al alero del Presidente Juan Antonio Ríos, con el fin de fomentar y desarrollar la industria chilena.

Vale recordar que inicialmente era una empresa de propiedad mixta conformada por Corfo; la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública; y accionistas particulares.

Fue justamente en este periodo en el cual la empresa desarrolla una serie de acciones que traspasan la barrera de la actividad económica, poniendo de relevancia el rol social que se espera de una empresa que tenga participación del Estado. Entonces, ante esos antecedentes, uno se puede preguntar cuál es el rol que debe tener el Estado en empresas catalogadas por todos como estratégicas.

Es en este aspecto que he propuesto insistentemente que el Estado debe tener participación en la toma de decisiones en industrias tan relevantes como lo es la siderúrgica Huachipato.

Lo planteo porque no solamente estamos hablando de la única usina del país, sino que también de la productora del acero necesario para que Codelco produzca cobre. Vale decir, “el sueldo de Chile”, es sustentado desde el Biobío, hecho que quedó aún más patente cuando en medio de la pandemia por el Covid-19, China cerró sus fronteras por lo que no llegó acero del “gigante asiático” al país. Fue Huachipato quien entregó este insumo para la producción de cobre.

Por lo mismo cobra aún más relevancia el futuro de la siderúrgica, siendo desde mi perspectiva, sumamente necesario que el Estado se involucre de forma activa en su administración, porque no bastará sólo con entregar las urgentes sobretasas del 25% para las barras de acero, y el 33% para las bolas de molienda, ya que si bien esto permitiría la continuidad de la operación de la empresa; no deja de ser cierto que la compañía lleva más de una década con pérdidas constantes.

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Sin duda, ese último antecedente resulta relevante para que, tal como lo hemos propuesto desde el Comité PC-FRVS-AH e independientes, logremos generar nuevas políticas que resguarden la industria del acero, siendo una de las opciones el ingreso del Estado en la administración de Huachipato, inyectándole recursos amparada en una estrategia nacional del Acero, dando paso a un amplio acuerdo en beneficio de la industria nacional.

Porque no sólo bastará con darle continuidad a la operación de Huachipato, sino que el contexto económico actual nos dice que son necesarias acciones que fortalezcan el sistema completo de industrias nacionales, apalancando recursos entre unos y otros, lejos de lo que han expresado desde Sonami, quienes en una visión egoísta han planteado que cada empresa tiene sus propios planes, obviando de forma mañosa el beneficio mutuo que se puede lograr bajo una planificación estratégica en conjunto.

Reitero, los antecedentes suman y siguen para que el Estado tenga participación directa en empresas estratégicas, fortaleciendo de paso la soberanía nacional.

Para lograr aquello es fundamental revisar el modelo económico que nos rige actualmente, uno en donde la participación estatal está fuertemente restringida bajo la constitución de la dictadura, y por cierto, de los tratados de libre comercio (TLC) que hemos suscrito como país, y a los cuales desde distintos sectores de la izquierda y particularmente desde el Partido Comunista nos hemos opuesto dado que advertimos la indefensión a la que se vería expuesta la industria local. La revisión de los TLC es un paso importante para proteger a nuestras industrias.

Repito, debemos fortalecer el rol del Estado en empresas estratégicas y para eso es prioritario que demos una discusión con altura de miras sobre el modelo económico que nos rige, más cuando algunas voces como la del alcalde de Talcahuano (UDI), han expresado que la participación del Estado puede ser una alternativa válida para darle una salida a la crisis de Huachipato.

En esa línea, tenemos que pensar las formulas para que esta idea se concrete, ya sea a través de Codelco, de Enami; o de Corfo.

Finalmente, debo insistir en la urgencia tras la entrega de nuevos antecedentes que presentó Huachipato y MolyCop ante la comisión Antidistorsiones de que esta última se pronuncie a la brevedad entregando tasas de un 25% y un 33% para las barras de acero y las bolas de molienda respectivamente.

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Tras eso tendremos un largo trabajo para avanzar en nuevas políticas públicas que nos permitan dejar atrás la angustia constante de la industria del acero en nuestro país, y para ello tenemos que construir un amplio acuerdo para la defensa de la industria nacional. Huachipato es la punta de lanza.