La siderúrgica Huachipato suspendió de forma indefinida sus operaciones tras años de pérdidas acumuladas en los últimos 10 años de US$ 756 millones. La razón principal: el dumping chino al acero que se intensificó en 2023 ante la caída del crecimiento del gigante asiático y su consiguiente menor expansión en construcción, por lo que se ve obligada a exportar el metal a un costo menor al de su producción.

Ante esto han salido varias voces a pedir un aumento arancelario, aunque un Tratado de Libre Comercio firmado por Chile y China en 2005 impide a buenas y primeras una medida de ese estilo.

"En Chile tenemos un reglamento para el dumping en los TLC que es bastante largo y burocrático. Hay que pedir que se investigue, que lo acepten, y luego es un ida y vuelta de antecedentes. En 2023, cuando partió este dumping grosero, se gatillaron medidas (de protección) en Canadá, Estados Unidos, la UE, Brasil inmediatamente. No se demoraron cinco meses ni un mes. Después ellos siguen investigando", aseguró Julio Bertrand, presidente de Huachipato, a La Segunda.

En ese escenario operó la Comisión Antidistorsiones que recomendó un arancel promedio de 15,3% para las importaciones de bolas de acero de ciertas empresas chinas, una cifra menor al 25% solicitado por CAP.

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Reforma Constitucional

Ante esto la diputada por la Región del Biobío, Joanna Pérez (Demócratas), junto a los dirigentes de los Sindicatos 1 y 2 de Huachipato CAP Acero, el Gobernador Regional Rodrigo Díaz, alcaldes de la zona, el senador Gastón Saavedra y los diputados Marlene Pérez, Roberto Arroyo, Félix González, Leonidas Romero; anunciaron un proyecto de ley que promueve una reforma constitucional para establecer una sobretasa arancelaria transitoria por 3 años al acero proveniente de China.

Una solución vía alteración de la carta magna que es de iniciativa presidencial exclusiva, por lo que plantea un choque entre el poder ejecutivo y el parlamentario.

Durante un acto en la minera Pelambres la tarde de ayer, el Presidente Boric indicó que la solución para resolver la crisis de Huachipato "es algo que va más allá de la voluntad o no del Gobierno porque tiene que ver con cuestiones internacionales".

Por su parte, la diputada Joanna Pérez comentó que “reconocemos que aquí la Comisión (Antidistorsiones) ha hecho un trabajo importante, pero creemos que es insuficiente para lo que otros países han reconocido en cuanto a la distorsión de precios”.

Asimismo afirmó que “también desde la Cámara vamos a ejercer todo tipo de acciones para hacer ver que esto es insuficiente y visibilizar nuestra problemática regional por la posible pérdida de empleos, pero además de una actividad que para nosotros, esta región y el país, es y debe seguir siendo estratégica y necesaria”.

Sobre la iniciativa, explicó que “este proyecto es un aumento de un 50%. Quizás es excesivo, sí, pero tendremos que ponernos de acuerdo: Desde el Congreso, con el Gobierno, con la Comisión, con los antecedentes que pueda aportar la empresa y el mercado, creo que hay mucho más por hacer”.

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En relación con lo anterior, precisó que “un proyecto de ley probablemente nos lo hubieran declarado inadmisible, pero nosotros sí tenemos iniciativa para reformar la Constitución. Por eso es que este proyecto se va a dar cuenta en Sala el 1 de abril, luego de la semana distrital. Y esperamos que el presidente de la Comisión de Constitución lo ponga en tabla la misma semana”.

Respecto a lo señalado por el Presidente Boric sobre factores internacionales que inciden en esta situación, la parlamentaria comentó que “creemos que nuestro país tiene una relación comercial importante, pero también entendemos que cuidar nuestro productos y proteger aquellos que hoy día son estratégicos. Creo que llevamos bastante años, a través de varios gobiernos, en que hemos dejado de dar señales a nuestra producción. Somos un país abierto al mundo, nos hemos encargado de hacer ese trabajo y lo hemos hecho bien como país, pero también tenemos que corregir cuando se han generado distorsiones como es este caso”.

7% al 12% de cesantía

Por su parte, el gobernador regional, Rodrigo Díaz, destacó el proyecto y el apoyo que “es una muestra de la preocupación que tenemos”.
De igual forma, alertó que “si Huachipato dejara de operar, nuestra cesantía regional va a pasar de 7% a 12%. Seríamos la primera región en cesantía en el país”. Además, “hay 300 pymes que están en la región que dejarían de recibir US$ 130 millones al año”, y “3.500 trabajadores que están en sus primeros anillos, y no en las pymes, que dejarían de recibir US$ 70 millones al año que mueven la economía local”.

“Esto es una bomba atómica a la economía local, sería terrible. Además, Chile tendría un problema. Cuando no llegó acero chino hace dos años atrás, la industria del cobre pudo seguir funcionando porque Huachipato proveía las bolas de acero que se necesitaban en su sociedad”, señaló.

El Gore además afirmó que “no veo tampoco que haya un plan B que se haya señalado desde las autoridades políticas para poder superar este golpe mortal a la economía de la Región del Biobío. Entonces, parece muy inteligente hacer todos los esfuerzos para repensar esta situación. Las cosas se deshacen de la misma manera en que se hacen. La Comisión Antidistorsiones debe volver a revisar esta situación”.

“Iniciativas como la reforma constitucional que están presentando es una medida más para poder decirle al Gobierno: Por favor, active a esta Comisión Antidistorsiones y solucionemos este problema”, concluyó.

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