Así como el hotel Punta Piqueros, siempre a la merced de las marejadas, ilustra los riesgos de construir sobre la roca oceánica, los edificios construidos sobre la playa en Los Molles también son un ícono de los problemas de construir sobre un humedal costero: la calle que rodea los edificios se inunda constantemente al subir la marea.

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Ahora, la Constructora RD, que construyó uno de los edificios, interpuso una demanda contra el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando que la “indefinición” del Ministerio de Medio Ambiente sobre la protección del humedal ha demorado otro proyecto inmobiliario de la empresa, generando una pérdida de US$ 20 millones.

El nuevo proyecto contempla seis pisos y 195 departamentos, y su construcción fue detenida en 2021 como medida cautelar ya que el Ministerio de Medio Ambiente está en proceso de delimitar el humedal urbano reconocido sobre el cual se construye el edificio.

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La constructora alcanzó a rellenar una parte del humedal y construir una pequeña parte de la edificación; un bloque de 5 pisos que yace inconcluso.

Edificios vs humedales

El conflicto para proteger el humedal comenzó en 2019, cuando vecinos de Los Molles vieron con sorpresa cómo una retroexcavadora rellenaba parte del ecosistema y construía sendos edificios de 200 departamentos sobre él.

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Un año después entraba en vigencia la ley de humedales urbanos, y desde ese entonces los vecinos realizaron un trabajo con el municipio para delimitar el humedal y que se reconozca bajo la ley, para poder protegerlo de la presión inmobiliaria.

Sin embargo, la delimitación hecha por el Ministerio de Medio Ambiente dividió el humedal en dos partes reduciendo significativamente la superficie que había planteado el municipio tras varios estudios con la comunidad. El hecho suscitó otra batalla legal, en que el Tribunal Ambiental ordenó que el ministerio debe volver a delimitar el espacio. El fallo fue dictado hace un año pero la nueva delimitación aún no ocurre.

Por su parte, la constructora llevó el caso hasta la Corte Suprema solicitando revocar la paralización del edificio, lo que fue desestimado por el máximo tribunal. Por esto la constructora ahora demanda al Estado ante la justicia internacional, tras “haber agotado todas las instancias” en el sistema legal nacional.

Las comunidades que buscan proteger el ecosistema declararon estar en contra de la acción tomada por la inmobiliaria. “Solicitamos que la Corte Interamericana se ponga del lado de las comunidades y el medio ambiente”, declara, por ejemplo, la organización Protege Los Molles.