La emergencia sanitaria declarada en Antofagasta a raíz de una falla en una planta desaladora el pasado 3 de diciembre, puso nuevamente en el tapete la fragilidad del suministro hídrico para consumo humano, en un contexto de crisis climática donde el acceso al vital elemento se disputa como si fuera una mercancía en vez de un derecho fundamental para la sobrevivencia de la vida de las especies.

Hace 20 años, Erik Swyngedouw, profesor de geografía en la Escuela de Medio Ambiente, Educación y Desarrollo de la Universidad de Manchester, planteaba que el agua es el “lubricante” crucial y recurso estratégico para los procesos de desarrollo económico y de acumulación de capital.

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Neoliberalizar el agua

En el caso de Chile, fueron precisamente los derechos sobre el agua -más que una consecuencia-, la condición para que se llevara a cabo el programa económico neoliberal de la dictadura de Augusto Pinochet, la que se mantuvo intacta al pactar el retorno a la democracia.

Así lo expone el estudio “Agua, energía y la producción del neoliberalismo en Chile, 1973-2005”, de Jessica Budds, investigadora británica de la Universidad de Anglia Oriental.

Budds instala la tesis de que la relación entre agua y energía sustentaron el diseño, la implementación y los resultados del programa neoliberal de la dictadura, gracias a las reformas que se le hicieron al Código de Aguas de 1981, el cual, si bien tuvo modificaciones durante los gobiernos democráticos, el núcleo que aseguraba el recurso hídrico para las industrias no se tocó.

El Código de Aguas de la década de los 80 tenía la lógica de que el mercado permitiría la reasignación de agua escasa a usos de mayor valor, incentivando a los usuarios a vender el agua si es que no la necesitaban.

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De esta forma, la conversión de derechos de agua de concesiones estatales a propiedad privada reformuló las relaciones de poder al transferir gran parte de la responsabilidad de la gestión del agua a los titulares de derechos de agua.

La nueva normativa, en esta lógica de “neoliberalizar” la naturaleza, permitió a las industrias extractivistas y de recursos naturales, como es el caso de la minería, la agricultura, la pesca, energía (todas dependientes del agua para operar), acumular derechos de agua, asegurándose el acceso libre y permanente al recurso hídrico.

“Las empresas mineras rápidamente adquirieron derechos de agua para posibles proyectos futuros en el norte de Chile, y en algunos casos registraron el uso del agua por parte de indígenas”, señala Budds en su estudio.

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Los tecnócratas de la dictadura, específicamente los que integraban la Oficina de Planificación (ODEPLAN), -actual Ministerio de Desarrollo Social-, desplazaron a los Chicago Boys y apoyaron a los militares, ya que el contexto autoritario propio del régimen les permitía institucionalizar un programa que consolidaría su estrategia de poder político-económico en colaboración con las corporaciones.

[caption id="attachment_806287" align="alignnone" width="600"] Foto de referencia.[/caption]

“Esto produjo una relación mutuamente beneficiosa mediante la cual el acceso privilegiado de las corporaciones a los responsables de la formulación de políticas permitió a sus miembros influir en las políticas, y los economistas obtuvieron el apoyo de las empresas más poderosas, forjando un contexto dentro del cual podrían implementar las políticas neoliberales que a ambos grupos favorecían”, señala el estudio.

Disputa por control de acuíferos

La emergencia sanitaria en Antofagasta se puede explicar como una de las consecuencias de esta “neoliberalización” del agua, donde el recurso está asegurado para la minería, mientras que las comunidades deben abastecerse de agua desalinizada o, como ocurrió en diciembre tras la falla, a través de camiones aljibes con agua cruda.

Antonio Pulgar, abogado y coordinador del equipo de estudios de la ONG FIMA, señala que cuando el grupo Luksic adquiere Aguas Antofagasta en 2003, logra una transferencia de derechos de aprovechamiento de aguas continentales para la provisión de agua potable hacia las mineras.

“Lo que terminó pasando es que la operación buscó asegurar el uso del agua continental para las faenas mineras industriales de la región. Eso tiene un tema bien problemático respecto de quién y cómo decide y se distribuye la toma de decisiones sobre una cuenca muy importante, como lo es las aguas continentales en la región de Antofagasta, particularmente la cuenca del Loa”, señala Pulgar.

El estudio “Transición socioecológica justa en Chile: recomendaciones para la protección de los ecosistemas marino costeros frente a la desalación del agua de mar”, de la ONG FIMA, analizó el caso de la comuna de Antofagasta respecto del impacto del agua desalada tanto para las comunidades como para el ecosistema.

[caption id="attachment_721681" align="alignnone" width="600"] Balneario de Antofagasta. Agencia Uno.[/caption]

“Debido a la instalación de industrias extractivas en Antofagasta, que utilizan grandes volúmenes de agua para su operación, existe una disputa por el control de los acuíferos disponibles. Así, uno de los potenciales beneficios de la desalación es que permitiría descomprimir conflictos socioambientales existentes en torno al uso de cuerpos de agua continentales”, indica el estudio.

Sin embargo, sólo el 18% del agua producida en desaladoras tiene como destino el abastecimiento de agua potable para la población, mientras que el 28% se asocia a la minería, según señala la ONG FIMA.

Pero existe incertidumbre respecto al impacto que puede producir en la salud de las personas el consumo de agua proveniente del mar, aunque esté tratada en una planta desaladora y tiene relación con los micronutrientes esenciales que aporta el agua potable continental, donde se destaca el magnesio y el calcio.

En 2011 la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la importancia de la mineralización del agua desalinizada. “Sin embargo, no existen antecedentes científicos que permitan establecer rangos mínimos de micronutrientes necesarios en el agua. Además, generan alerta las altas concentraciones de boro resultante en el agua desalinizada”, señala el estudio de FIMA.

Minería: una nueva forma de colonialismo

El poder que tienen las mineras es comparable con pocas industrias productivas, donde las comunidades tienen poco y nada que hacer cuando un grupo económico decide instalar un proyecto extractivista.

Si bien las industrias han implementado políticas y departamentos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), como una manera de llegar a acuerdos con las comunidades, más allá de los beneficios económicos, tecnológicos y de empleo que pueda surtir las grandes empresas, las comunidades se ven impactadas en su cotidianeidad, ya que su dinámica social y cultural se ve condicionada por la minera que se instale en los alrededores.

“Hay un tema, primero, de distribución de poder. Cuando una empresa minera llega a un territorio, es difícil que las comunidades puedan decir que no. Conocer esa posición de poder les da una forma de entrada, una dinámica en los territorios bien concreta, bien específica, en donde la gente es como ‘lo hago para que esto sea lo mejor posible para mí y mi comunidad o hago que me pasen por encima’”, señala Pulgar.

“El segundo punto creo que tiene que ver con los sistemas de vida. Yo he escuchado muchas veces en los territorios esta idea de ‘señora, ¿a usted le gusta la tecnología’ Si nosotros llegamos aquí no va a tener un celular, va a tener 10, van a ser civilizados. Eso habla de una forma muy colonial de relacionarse con las comunidades. Es una forma avasalladora, occidental, profundamente occidental de comprender la vida que todos debiésemos desear”, complementa el abogado.

Pulgar señala que en esa asimetría de poder entre empresa minera y pequeñas comunidades se puede apreciar la poca autonomía que tienen los pueblos y la ausencia del Estado y el rol que debiera tener de asegurar derechos fundamentales y servicios básicos, como es el caso del agua.

“Hay una ausencia tan profunda de Estado que pareciera ser que, de alguna manera, la entrada de la actividad productiva minera permite un ingreso de recursos que los servicios públicos no son capaces de ofrecer. Eso también aumenta la asimetría de poder para relacionarse con este monstruo que es la minería”, explica el investigador de FIMA.