Este martes Corporación Humanas dio a conocer el informe anual de monitoreo correspondiente al 2023, de la objeción de conciencia en hospitales públicos en el contexto de la implementación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres causales.

Según el reporte, para el año señalado y de acuerdo a los datos entregados por el Ministerio de Salud (Minsal), quienes en mayor medida se acogen a esta figura en al menos una causal son los y las obstetras.

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Incluso, una de las preocupaciones principales en este contexto tiene que ver con la causal de embarazo como consecuencia de una violación, en la que 45,8% de las y los obstetras se declara objetor de conciencia para negarse a materializar la interrupción de la gestación. Paralelamente, es la causal con mayor objeción en el resto del equipo de salud necesario, como anestesistas (20,5%), profesionales no médicos de pabellón (12,7%) y técnicos paramédicos (13%).

En tanto, en cinco hospitales públicos la totalidad de los obstetras se declaró como objetor de conciencia en embarazos por violación. Se trata del Hospital de Santa Cruz en la Región de O’Higgins y de los de Cauquenes y Constitución en la Región del Maule, además del de Victoria en la Región de La Araucanía y el de Puerto Aysén en la región del mismo nombre.

"La Ley Nº 21.030 del año 2027 la consideramos un avance importante al permitir la interrupción del embarazo en tres causales, comparado con lo que existía hasta ese entonces, que era la criminalización total del aborto en relación con la prohibición total del aborto, fue una ley que costó mucho sacar adelante, porque durante mucho tiempo recuperada la democracia la influencia religiosa y conservadora (lo) impidió", releva la  directora de la corporación, Camila Maturana, en diálogo con El Desconcierto.

Objeción de conciencia, un tema grande

Sin embargo, producto del monitoreo que ha efectuado la entidad, detalla, "se identifica la falta de información de los derechos que esta ley consagra, falta de capacitación en todos los niveles, la atención en los centros de salud públicos y privados".

Otra barrera, comenta, es la regulación inadecuada de la objeción de conciencia, "una de las barreras más significativas que pueden obstaculizar que mujeres y niñas afectadas por algunas de las tres causales puedan acceder a la información que requieren, a los diagnósticos de manera oportuna (...), y a la interrupción del embarazo dentro del sistema".

"La objeción de conciencia es un tema muy grande. Estamos hablando de una ley de causales. Sólo cuando una mujer o una niña se encuentra en alguna de esas situaciones específicas, excepcionales, va a poder acceder a la ley, quedando afuera todas las situaciones cotidianas que las mujeres enfrentamos con un embarazo que no es posible llevar adelante", asegura Maturana.

Causal violación

"Respecto a la causal violación, que es súper importante, porque la violencia sexual en Chile es una realidad cotidiana para las adolescentes, las mujeres y las niñas, hemos visto cómo las cifras de denuncias han aumentado de manera preocupate en los últimos años. Entonces, es un tema la violencia sexual y es necesario que la ley proteja, que entregue esta alternativa de interrumpir un embarazo, pero la ley sólo permite esta decisión en embarazos de hasta 12 semanas, es un plazo muy acotado", agrega.

Según explica, "en el caso de niñas menores de 14 años, el plazo es de 14 semanas. Estamos hablando de plazos súper breves como para, en el caso de las niñas y las adolescentes, saber que están embarazadas, las niñas se enteran de su embarazo producto de violencia sexual en etapas muy avanzadas y ya no es posible interrumpirlo bajo la ley de tres causales. Eso es un problema que esta ley no resuelve".

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"Y el otro problema es la objeción de conciencia, es una figura que permite no cumplir la ley, la ley permite a ciertas personas en situación específica, no cumplirla", complementa.

Maturana recalca que "se incorpora esta figura 'conciencia' recién en 2017 para la Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales y se permite de manera amplia sin ajustarse a estándares de excepcionalidad ni resguardar el carácter individual que debe tener la objeción de conciencia".

"La ley es la que establece la objeción de conciencia, (da) bastantes posibilidades, porque la permite en los hospitales sin necesidad de fundamentar cuáles son las razones a las que pueden acogerse los obstetras, anestesistas, enfermeras, matronas y técnicos paramédicos que van a intervenir directamente en el pabellón, la objeción de conciencia no permite negarse a atender, entregar información realizar examen y emitir un diagnóstico, o dar atención posterior al aborto de acuerdo al reglamento, pero sabemos que cuando las personas se declaran objetores de conciencia, muchas veces se abstienen de todas estas etapas", comenta luego relevando la compleja implementación de la normativa.

"Permite la objeción institucional"

Además, complementa, "sabemos que esta ley permite la objeción institucional, o sea que las clínicas se puedan declarar objetoras de conciencia. El problema es que en los hospitales públicos que están habilitados para realizar este procedimiento, que son 68 hospitales a lo largo de todo el país, no se asegura por ley ni reglamento que exista al menos un equipo no objetor que pueda garantizar que las mujeres y las niñas afectadas por alguna de las tres causales va a ser atendidas en el mismo establecimiento".

Consultada luego respecto de una necesidad de actualizar la ley, Maturana dice que "al menos respecto de la objeción de conciencia", debiera generarse. "Desde el 2018, ya se observaba una proporción superior al 40% de obstetras objetores de la causal violación. Desde la dictación se ha mantenido sobre el 40%, el 2023 sube respecto del año pasado (2022), el próximo puede bajar un punto, pero el dato duro es que aumentó, pero más grave es que se mantiene en el tiempo. No es una realidad momentánea, sino generalizada que permanece en el tiempo y no existen las garantías suficientes para asegurar la atención de las mujeres y niñas que puedan requerir atención", agrega.

"Y lo vemos con preocupación, hay establecimientos, porque no todos tienen 40% de objeción, eso sería más o menos sencillo de resolver, el problema es que hay establecimientos en que todos son objetores. O más de dos tercios", detalla.

Difusión de derechos, fundamental

Paralelamente, comenta Maturana, "una primera cuestión es que exista difusión de la ley en todos los establecimientos públicos y privados de salud. Y que existan campañas de información sobre los derechos y prestaciones que se deben garantizar a las mujeres y niñas. Si las niñas no conocen sus derechos, ¿cómo los van a ejercer?".

"Una segunda recomendación es la implementación de programas de información y capacitación a los equipos de salud, los equipos de salud tienen que garantizar información oportuna, completa y sin sesgos morales a todas las mujeres que requieran algún tipo de atención", agrega recalcando que esta "los equipos la tienen que tener desde la atención primaria, la atención secundaria, en los centros de urgencia y en los hospitales, en toda la red de salud debe estar disponible la información sobre la ruta que una niña o una mujer debe transitar para poder materializar esta decisión".

Insistiendo en que "derogar la objeción de objeción de conciencia institucional es la recomendación desde el día uno", la directora de Humanas asegura que resulta "muy difícil con ese tipo de restricciones que una niña, una adolescente o mujer adulta pueda seguir adelante con la decisión para exigir su derecho".

"También son importantes los mecanismos de monitoreo y fiscalización sobre si se está implementando adecuadamente esta ruta de atención y, por supuesto, es fundamental asegurar que en cada uno de los establecimientos habilitados para la implementación de la ley exista al menos un equipo objetor", dice Maturana.

Finalmente, recuerda que cuando se dictó la ley, los meses siguientes se presentaron varias iniciativas para derogar la objeción de conciencia institucional, lamentablemente ninguna ha podido avanzar. Es un obstáculo, pero como medida creemos fundamental asegurar que en cada establecimiento haya un equipo no objetor, no puede ser que existan establecimientos con 100% u 80% de objetores y que ni siquiera tengan un protocolo claro de cómo se garantiza que a esa mujer la atiendan en ese establecimiento y no la tengan que derivar a otro que puede estar a 100 kilómetros de distancia".

Accede al informe íntegro de Humanas en el documento adjunto:

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