Carencia de capacitación y desinformación de los profesionales, falta de disposición de algunos médicos, desinformación de las usuarias, la objeción de conciencia y la penalización social del aborto son parte de las razones que dificultarían el acceso de las mujeres o personas gestantes a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en tres causales.

La normativa especifica que se puede optar a esta alternativa en casos de riesgo vital, inviabilidad fetal y violación, contexto en el que este martes se oficializó un estudio realizado por la Asociación Chilena de Protección de la Familia (Aprofa), la Fundación Derecho a Decidir y la Mesa Acción por el Aborto en Chile.

A seis años de la promulgación de la Ley 21.030 que regula este derecho, aún existen dificultades para su práctica, aseguran los equipos de salud entrevistados para este trabajo, entre los que destacan tanto médicos como matronas que pertenecen a las regiones del Maule, Coquimbo y Metropolitana.

El lanzamiento del trabajo presentado en la Casa Central de la Universidad de Chile contó con la participación de la exPresidenta Michelle Bachelet, y de la abogada experta en Derechos Humanos y presidenta de Aprofa, Lidia Casas.

https://twitter.com/APROFAChile/status/1729523436626555268

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Objeción de conciencia

El estudio muestra que del universo sondeado, 23% de las mujeres y 34% de los hombres se declara objetor de conciencia, y de ese porcentaje un 100% lo es en relación a casos de violación.

Aunque al ser consultados si en caso de emergencia, de igual forma harían el procedimiento, el 84% responde positivamente. Además, el 50% de los objetores de conciencia dijo serlo antes de empezar a trabajar.

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Falta de información

En cuanto a la información, esta sigue siendo un tema crucial tanto para el personal médico como para las pacientes. Respecto del primer grupo, el estudio apunta a que es necesario continuar con formaciones periódicas, no solo para ellos, sino también el personal administrativo, el de las ventanillas y de primera acogida, ya que tienen una importante función en la recepción de las usuarias, en especial para no revictimizarlas.

En el caso de las pacientes, como acción en torno a la ley, es importante la incorporación de los principios de la educación integral de la sexualidad en la atención primaria, para hacer un ejercicio concreto del derecho, en especial en la población más vulnerable.

Frente a la falta de información, Lidia Casas, presidenta de Aprofa asegura que este "es un problema asociado a la ley, aparece la idea de que no se puede publicitar. Ninguna institución puede poner aquí se hace aborto. Sin embargo, quiero desmitificar esto, porque luego la ley dice: 'esto es sin perjuicio del cumplimiento de la Ley sobre los derechos de personas en salud, todas las personas deben ser informada de forma completa y veraz'".

Recomendaciones

A su vez, el estudio también propone algunas recomendaciones para mejorar la implementación de la ley, como fortalecer la difusión y la educación sobre la IVE, garantizar la disponibilidad y calidad de los servicios, respetar la autonomía y la confidencialidad de las mujeres, regular la objeción de conciencia y promover una cultura de derechos sexuales y reproductivos.