Luego de que el jueves último la justicia resolviera dejar a Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú formalizada por fraude al Fisco y falsificación de instrumento público, sujeta a la cautelar de arresto domiciliario total durante los 120 días, desde el feminismo no reaccionaron bien.

Así lo corrobora un posteo en Instagram de la Coordinadora 8M donde esta se manifiesta lapidariamente al respecto. "La justicia en Chile diferencia entre ricos y pobres", asegura la organización.

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Paralelamente, en diálogo con El Desconcierto su vocera, Pamela Valenzuela profundiza en la molestia del colectivo sobre el tema. "Cathy Barriga es imputada por un fraude de $31 mil millones hacia la Municipalidad de Maipú, dinero correspondiente al presupuesto fiscal de esa comuna y destinado al bienestar social de ella. Para evitar la cárcel esta persona, acusada de malversación de caudales públicos, alegó que era madre cuidadodora instrumentalizando una realidad que viven muchísimas mujeres y personas del país, pero que ella no vive ni sufre", cuestiona.

Justicia de clase

"Lo que vemos es el aprovechamiento de sus redes de poder al ser parte de una élite política y social vinculada a la UDI, al Opus Dei y a grupos económicos", complementa.

Sobre su realidad como madre guardadora, Valenzuela es categórica. "Dudamos que sepa algo de la injusticia y la violencia que viven las cuidadoras precarizadas del país, tener la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional, es de hecho probablemente lo más cerca que va a llegar a estar alguna vez de esa realidad", plantea la organización.

"En nuestro país los tribunales operan con justicia de clase, lo cual es una expresión más de la desigualdad estructural del país, constituyéndose en un privilegio más para que a aquellos que, por sus redes de contacto o poder económico, independiente de la gravedad del delito que cometan, ya sea robo, malversación de fondos, elusión de impuestos o violencia sexual, no se les apliquen las mismas condenas o fallos que la gente humilde, que somos la mayoría en el país", agrega.

Incluso, la vocera de la Coordinadora apunta a otras situaciones existentes en nuestro país. "Pasó con el caso de Macaya (Eduardo, padre del presidente de la UDI actualmente formalizado por su presunta autoría en cuatro hechos de abuso sexual), con Jhordy Thompson (formalizado por un caso de femicidio frustrado contra su ex pareja), con el hijo de Carlos Larraín (Martín, responsable de un atropello con resultado de muerte), o ahora mismo con Francisco Frei Ruiz-Tagle", condenado por varios delitos económicos.

"En Chile no se juzga igual a una persona pobre que una con cierto grado de poder, los criterios para dejar sin prisión preventiva a Barriga tienen que ver con que es un último recurso y ese criterio sería de toda justicia de no ser porque no se aplica igual para todas y todos", complementa.

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 "Salió riendo del juzgado"

"No podemos olvidar a Lorenza Cayupan, luchadora mapuche que parió engrillada en un hospital, o que según datos de la Red de Acción Carcelaria, hay un 47% de mujeres privadas de libertad estando imputadas. Y del 50% de mujeres privadas de libertad que están esperando ser absueltas o condenadas en cárceles, tres de cuatro tienen hijos o hijas menores de edad y el 82% son las principales sostenidoras económicas de sus hijas e hijos", asegura luego Valenzuela.

Siguiendo con su análisis, la vocera del colectivo recalca que "Barriga tiene una carpeta investigativa de 40.000 hojas con evidencia de sus delitos, pero salió riendo del juzgado, haciendo transmisiones en directo".

"Y va a esperar los resultados de la investigación en la lujosa comodidad de su hogar, por mucho menos otras personas, pero sin vínculos en la UDI como ella han quedado en prisión preventiva, e incluso han perdido la vida en el camino acá no hay solo justicia clasista, lo que hace el Poder Judicial también es violencia institucional", concluye.

[caption id="attachment_855728" align="alignnone" width="900"] Sindy Salazar- Cedida[/caption]

"Hemos visto prisiones preventivas por menos"

Por su parte, Sindy Salazar, integrante de la Corporación de Abogadas Feministas (Corafem), también se pronunció respecto de la función de cuidadora a la que aludió la defensa de la también exchica "Mekano" para evitar la prisión preventiva, asegurando que no le "sorprende que utilice el rol en su beneficio, porque el sector que representa ha sostenido una resistencia histórica al avance de derechos de las mujeres, lo han hecho así siempre y su inconsecuencia de utilizarlos después a su favor, también es histórica".

"No olvidemos el ejemplo de la oposición férrea que ha tenido la derecha en Chile por años al aborto en tres causales, o el comentado divorcio y sus emblemáticas figuras Andrés Allamand y Marcela Cubillos, que fueron los primeros divorciados después de años obstruyendo la discusión", agrega.

Y por último, respecto de la cautelar de arresto domiciliario que se estableció, Salazar asegura que "llama la atención que los jueces tengan criterios tan dispares cuando nos enfrentamos a la discusión de medidas cautelares, no porque cuestionemos principios tan importantes como la presunción de inocencia, sino porque hemos visto prisiones preventivas por mucho menos".

"Algunos/as hablan de justicia de clase, y no es nada nuevo, recordando las palabras de doña Nelly León, 'en Chile se encarcela la pobreza'. Esperamos que esta vez con los nuevos marcos regulatorios de delitos económicos, la justicia pueda dar luces de una persecución efectiva a los delitos que hoy se representan en el juicio de la exalcaldesa de Maipú, que empobrecen al país no solo en el erario nacional, sino (en) el nivel de integridad de sus representaciones políticas".

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