Extraer áridos de suelos o lechos de ríos es una actividad extendida que provee a industrias como la minería y la construcción, pero su práctica indiscriminada ha causado estragos en algunos cuerpos de agua y ecosistemas del país.

Para aumentar los límites y regulación a esta actividad, avanza en el Congreso un proyecto de ley que propone penas de hasta 3 años de cárcel y multas de hasta $ 6 millones para quienes no presenten los permisos de trazabilidad. Las sanciones se duplican en caso de reiteración.

El proyecto propone la obligación de contar con certificados de origen y trazabilidad de los áridos para saber de dónde provienen y la posibilidad de establecer zonas de prohibición para esta actividad.

También habilita a exigir planes de cierre, en que las empresas titulares deberán restaurar los lechos de cauces de agua a su forma original, luego de terminar un proyecto de extracción.

En lo fundamental, el texto unifica y fortalece la regulación sobre extracción de áridos, hoy distribuida en diversas ordenanzas municipales.

Ríos degradados

Uno de los casos emblemáticos que ilustran el impacto de la extracción de áridos en los cuerpos de agua es el del río Maipo, que abastece de agua potable a las zonas más pobladas del país, pero atraviesa una situación crítica.

Ya en el 2015, un estudio encargado por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), recomendaba detener la extracción de áridos en el Maipo, sobre todo porque afectaba la estabilidad de obras hidráulicas como puentes.

A pesar de esto, existen al menos 30 faenas de extracción de áridos en el río, según ha catastrado la Junta de Vigilancia. Estos han degradado y estrechado el lecho del río en varios tramos, según demuestra otro estudio del 2018.

Estas transformaciones y degradación de la infraestructura aumentan el riesgo de inundaciones, deslaves y socavones en el caso de frentes de mal tiempo. Según los regantes de la junta de vigilancia, también pone en riesgo la bocatoma que abastece de agua potable a toda la Región Metropolitana.

La iniciativa surgió de una moción de diputados del oficialismo y luego fue sometida a un trabajo de desarrollo donde se ingresaron indicaciones aprobadas por una mesa técnica con representantes de senadores y del Ejecutivo. Ahora, fue despachada por la Comisión de Obras Públicas y pasa a ser discutida por la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía.

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