Fue la tercera caída de un director ejecutivo. Porque antes de la renuncia no voluntaria de Luis Adasme -el último en encabezar el Servicio de Educación Pública (SLEP) de Atacama-, había estado otro funcionario subrogante, Pedro Lagos, y antes de éste el primero que partió en el organismo, Carlos Pérez,  acusado de notable abandono de deberes.

Ahora es el turno de Ximena Sanhueza Piñones, profesora de Educación Básica y Máster en Gestión Educacional, con más de 30 años de carrera en la educación pública regional, quien ingresó al servicio como jefa de Unidad Técnico Pedagógica. Ella es la cuarta jefatura que llega al máximo cargo en menos de dos años.

Pero lo que suponía era una válvula para destrabar el conflicto, tras el prolongado paro de profesores por más de 60 días y que mantiene a 35 mil alumnos sin poder retornar a clases, terminó por generar más dudas que certezas debido a que la nueva directora ejecutiva tiene a dos hijas en el servicio, cuyos sueldos fueron objetadas por una auditoría del ministerio de Educación por pago de sueldos con platas de subvención escolar, como reveló este medio.

Sobre su sucesora en el cargo, su propio paso por el organismo y los vaivenes al interior del organismo encargado de instalar la nueva institucionalidad educacional en la región, habla Luis Adasme, el exdirector ejecutivo del SLEP de Atacama, en esta entrevista con El Desconcierto.

-El cargo que acaba de dejar siempre ha sido un “fierro caliente”, su llegada también fue bastante accidentada.

Yo no ingresé por ningún cuoteo político al servicio, lo hice por un concurso de alta dirección pública para el cargo de jefe de administración y finanzas, porque los otros dos candidatos renunciaron al cargo. Después me dicen si estaba dispuesto a asumir la subrogancia del servicio y, como funcionario público, asumí el desafío.

-Igual lo han vinculado con Yasna Provoste como parte de un cuoteo político…

Jamás la senadora Yasna Provoste llamó a alguien para proponer mi nombre. En eso quiero ser súper enfático porque es una gran falsedad. Ella siempre ha tenido una posición critica sobre como se ha implementado el Servicio Local de Educación. No era, por lo mismo, la persona indicada para andar promoviendo un nombre. Entonces, en ese aspecto, participé en un sistema bastante exigente y por los azares de la vida quedé porque ya no quedaban más candidatos que quisieran asumir.

-¿A qué se debe su salida?

Pregunté cuál era el motivo y me dijeron que fue por perdida de confianza en el amplio sentido de la palabra, una decisión político-técnica, esa fue la respuesta que recibí y lo que quedó estampado en el documento.

-¿Cómo se lo tomó? ¿Lo esperaba?

Lo lamenté porque estábamos en un trabajo intentando normalizar el servicio, habíamos logrado avanzar en como regular pagos que no estaban documentados, saneando asuntos con proveedores y avanzando en temas que eran importantes para el servicio. Yo asumí en abril y en mayo ya estaba pidiendo una reasignación presupuestaria porque avisoraba que nos iban a faltar recursos, porque el servicio tenía una arrastre muy grande de pagos no realizados.

-¿Hay un mea culpa tras su salida?

Mi mea culpa tiene que ver porque no tuve todas las herramientas para actuar con mayor velocidad, en algunos casos, y no tener los equipos profesionales de apoyo para poder sortear esta crisis. Mi labor fue tratar de resolver en la medida de lo posible, con lo que tenía, asumiendo pagos atrasados y tantas otras cosas que venían de más atrás.

-Del periodo de Carlos Pérez…

Desde Carlos Pérez en adelante. La gente se pregunta por qué no se pagan las deudas de Telefónica desde el año 2021 y las estamos pagando ahora. Cuál fue la inacción de las autoridades para no pagar, teniendo los presupuestos anuales. Hay cosas que no se estimaron y que tienen que ser resueltas, porque si no esto nos va a seguir comprometiendo el presupuesto. Por eso hay que actuar ahora, hasta que se ordene y quede todo pagado.

[caption id="attachment_878517" align="aligncenter" width="1080"] Luis Adasme en sus funciones en el Slep.[/caption]

-¿Cree que se trata de un enorme desorden administrativo o que derechamente existe hay malversación de fondos, que es una de las aristas que investiga Fiscalía?

En ese escenario, creo que va a ser muy importante lo que emita la auditoria forense, que va a determinar si hay situaciones de dolo por delitos funcionarios, malversaciones, desviación de fondos o de decisiones financieras incorrectas, que fueron acarreando el no pago de servicios.

-El informe de Contraloría habla de traspasos de mas de 40 mil millones sin respaldo…
Lo que pasa es que nuestra complejidad es porque trabajamos con varias subvenciones y debemos rendirlas por cada establecimiento a la superintendencia. Entonces cada vez que yo hago un gasto grande, tengo que empezar a repartir ese gasto en distintos establecimientos para poder rendir en marzo a la superintendencia. También se reciben aportes de otras entidades públicas por convenio y muchas veces esos fondos no han sido reintegrados y están pendientes de traspaso.

“Conflicto de interés”

-Llama la atención que la nueva directora ejecutiva, Ximena Sanhueza, tenga un perfil más pedagógico que técnico. ¿Qué piensa de esa situación entendiendo la coyuntura?  

Creo que hay un tema de fondo, crucial, que tiene que ver con los perfiles de los cargos. Estamos en una etapa de instalación de servicios públicos que son altamente complejos y que requiere mucha gestión en el ámbito presupuestario y de gerencia pública. Hay que sentar las bases para que el sistema funcione bien después. Para esto se requieren amplios conocimiento en ley de presupuestos y compras públicas. Por eso, insisto, hay que mejorar el perfil de los cargos, porque la instalación requiere ese nivel de exigencia.

-Hay un tema que tampoco pasó inadvertido: el eventual conflicto de interés de la nueva autoridad por tener a dos hijas trabajando en el mismo servicio.

Cuando llegué me encontré con muchos casos de esta índole, no es el único. El señor Claudio Álvarez cuando asume el cargo de jefe del Departamento de Gestión de Personas -hoy está suspendido- ingresa a familiares, primos, cuñados, el suegro entiendo. Se hizo  incluso un reparo a Contraloría que tuvo que responder. En el caso de la señora Ximena Sanhueza lo mismo.  Uno puede tener dudas razonables si un ciudadano postula al cargo en las mismas condiciones de igualdad que sus hijas. Ella va a tener que resolver cosas complejas, como jefa de servicio, como la renovación de las contratas o ante un sumario administrativo en contra de ellas. Esta situación de eventual conflicto de interés se tiene que resolver a la brevedad, porque si no va a traer problemas.

-Los profesores entregaron una carta ayer en La Moneda exigiendo decretar emergencia educativa en Atacama. ¿Qué piensas de esa solicitud?

Eso estuvo puesto en la mesa de evaluación. De hecho, en la última reunión del viernes los parlamentarios le plantearon a la subsecretaria aplicar el criterio de emergencia educativa, dado que no existen las condiciones de base para volver a clases cuando hay trabajos de reparación en curso. Es inviable tener niños en clases en estas condiciones.

-¿Tiene estatus legal decretar una emergencia educativa?

En estricto rigor es un concepto que no existe y eso tiene que ponderarlo el ministerio del Interior, en el sentido de reconocer una zona con determinadas afectaciones, y acá hay elementos que obviamente la autoridad tiene que fundar. Asumir que existe una crisis educativa que parte con situaciones de infraestructura, pero que además tiene que ver con la situación administrativa del servicio. Aquí hay un déficit financiero que, si no es suplementado con aporte fiscal, va a impedir que este servicio cumpla con el pago de todos sus compromisos.

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