Presidenta de profesores y crisis en Slep de Atacama: “Hay malversación que tratan de ocultar”
La crisis de la educación en Atacama terminó por escalar al Ministerio Público, quien acaba de abrir una investigación a cargo de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. Todo en medio del paro de profesores que lleva más de 50 días de movilización.
Los dos informes entregados a la fiscalía, uno de Contraloría y otro del Mineduc, fueron determinantes para que el ente persecutor decidiera investigar, solicitando de inmediato los “cuadernos de trabajos” con el fin de recopilar los antecedentes financieros del Servicio Local de Educación Pública de Atacama (Slep).
El organismo que forma parte de la nueva institucionalidad educacional fue fiscalizado por Contraloría, quien detectó traspasos por más de 44 mil millones sin respaldo y el pago irregular a funcionarios con dineros de la subvención escolar, advirtiendo sobre el peligro de “desviación de recursos públicos” al interior del órgano llamado a “desmunicipalizar” la educación pública.
[caption id="attachment_876371" align="aligncenter" width="2560"] Yariela Ardiles[/caption]
En el último capítulo del programa Tolerancia Cero, el ministro de Educación Nicolás Cataldo reconoció que el caso de Atacama ratificaba la “situación crítica” de la educación pública, y llamó al profesorado a aceptar la propuesta de retorno a clases para este jueves. La respuesta del gremio fue negativa por “falta de realismo”.
Yarelis Ardiles, presidenta del colegio de profesores de Copiapó, dice que por ningún motivo han bajado el paro, “mientras no estén las condiciones habilitantes que hemos exigido”. “El ministerio dice que se intervinieron 14 establecimientos y eso no es verdad. Solamente en Copiapó han intervenido cuatro, en Tierra Amarilla uno, en Caldera uno y en Chañaral uno. Es todo una mentira”.
-El ministro dijo que tendrían todo listo el jueves…
Bueno, porque quieren tapar la realidad de los establecimientos, ellos saben que no están las condiciones. Nosotros cuando hablamos de condiciones habilitantes, pedimos que estén los extintores llenos, las puertas de los baños buenas, las llaves del agua en buen estado, cosas básicas para el funcionamiento. Cosas que ya había confirmado la autoridad sanitaria cuando cerró más de 20 colegios en agosto, por no estar aptos para el servicio educativo.
-Cataldo comentó, además, que los estudiantes estaban capturados en el conflicto…
Nosotros jamás hemos metido a los estudiantes en esto. Conversamos con el secretario de Interior, con nuestros parlamentarios, denunciando lo que estábamos viviendo. Cuando la auditoría ministerial mostró claramente las malversaciones, ellos no hicieron nada. Y cuando la pedimos, la negaron y tuvimos que recurrir al Consejo para la Transparencia para que la entregaran. Entonces, claramente, lo que hace el ministerio es mentir.
-¿Crees que se intentó tapar esta situación?
Obviamente, porque ellos saben que las irregularidades dentro del servicio local son más grandes de lo que muestra la auditoría ministerial. Y ellos saben que si indagan más profundo, las irregularidades son más grandes.
-El informe de Contraloría, de hecho, advierte que el desorden administrativo existente puede derivar en malversaciones de caudales públicos.
Efectivamente, hoy en día no contamos con recursos y ellos han sido incapaces de aclarar dónde están. Hay malversación que están tratando de ocultar. Ellos están dilatando esto y tratan de esconderlo. Sabemos que políticamente están asustados porque el ministro, cuando vino en septiembre, dijo que iba a tener una solución y hasta ahora no ha habido.
[caption id="attachment_838469" align="aligncenter" width="900"] Nicolás Cataldo, actual ministro de Educación.[/caption]
-Por eso propuso generar una mesa técnica de trabajo…
En el paro de marzo, firmamos un acuerdo de “mínimos” con la subsecretaria Alejandra Arratia sobre las cosas que tenían que llegar a los establecimientos. De hecho, dejamos mesas técnicas establecidas donde no se llegó a nada y quienes tenían que levantar la información de los acuerdos nunca lo hicieron. Eso nos parece una falta de respeto, aunque las mesas técnicas tampoco contribuyan mucho.
-Aparte de los millonarios traspasos detectados sin respaldo, hay uso de las gift card de los alumnos. ¿Qué piensas de esta situación?
Las gift cards la hicieron con firmas del retail, Ripley y Cencosud, lo que no corresponde. A los niños se les entregó algunas gift cards, pero hay otras que nunca se ocuparon y todavía no se aclara dónde están. También contrataron a trabajadores dentro del servicio con dineros provenientes del pago a asistentes de la educación, lo que está totalmente prohibido.
-No vuelven a clases el jueves, entonces…
No vamos a entrar a los establecimientos mientras no estén las condiciones de habilitación mínimas. De hecho, Mónica Aravena de la subsecretaría nos ofreció hacer clases online si total nadie las supervisaba. Nosotros le dijimos que era una falta de respeto a nuestros alumnos, porque el mayor porcentaje de conexión que tuvimos en pandemia fue casi del 20%. Es muy grave que como gobierno ofrezcan esas soluciones.
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