Mejor educación y salud, pensiones dignas, trato igualitario y avances en derechos de las mujeres. Esas fueron algunas de las consignas que se levantaron en el estallido social.

Las protestas de octubre del 2019 desencadenaron una crisis política y social en el país, y por consecuencia, figuras de todos los sectores políticos se pusieron de acuerdo para habilitar un proceso constituyente que abriera los caminos para dar solución a las demandas de la ciudadanía.

“Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución” se le llamó al documento firmado por parlamentarios de todos los colores políticos. Uno de ellos, fue el entonces diputado y hoy Presidente de la República, Gabriel Boric.

Así fue como se dio pasó al primer proceso constituyente democrático del país. Tras el plebiscito de entrada, la elección de constituyentes y un retraso producto de la pandemia, se instaló la Convención Constitucional, órgano encargado de proponerle una nueva Constitución a Chile.

Sin embargo, el 4 de septiembre de 2022, la ciudadanía optó por el Rechazo, desechando el proyecto de carácter progresista que emanó de la Convención.

Ante ese escenario, la clase política habilitó un nuevo proceso constitucional en el llamado “Acuerdo por Chile”. Pero contrario a lo que pasó en el proceso anterior, las fuerzas políticas conservadoras se hicieron con la mayoría del órgano redactor.

Ahora, el Consejo Constitucional ya está en su etapa final y se apronta a terminar la propuesta de nueva Constitución que será entregada al país el próximo 7 de noviembre, para ser plebiscitada el 17 de diciembre.

A continuación realizamos un repaso de aquellos artículos y normas consagradas en el texto del Consejo Constitucional relacionadas a salud, pensiones, educación y derechos de las mujeres, aspectos de nuestro sistema por los cuales más de un millón de chilenos se manifestó en Santiago el 25 de octubre de 2019 en el contexto del estallido social.

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Salud, educación y pensiones

Cuando se habilitó este nuevo proceso constitucional los distintos partidos políticos acordaron los 12 bordes constitucionales, los cuáles debían ser respetados por los expertos y consejeros constitucionales a la hora de redactar las normas de la propuesta constitucional.

En esos 12 bordes estaba consagrado el Estado Social y Democrático de Derecho, el cuál debía dotarse de una serie de disposiciones constitucionales que hicieran posible materializar aquellos anhelos que la ciudadanía expresó en las protestas de octubre de 2019.

Sin embargo, el oficialismo a acusado reiteradamente de que el Partido Republicano —mayoría en el proceso— ha “desmantelado” el Estado Social que estaba presente en el anteproyecto, reduciéndolo a simplemente una “hoja” sin sustento.

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La crítica de las bancadas de izquierda se debe a que Republicanos y Chile Vamos introdujo la “libertad de elección” como matriz al catálogo de derechos contenidos en la propuesta. De hecho, consejeros oficialistas han sostenido que “si no existieran las AFP o las isapres habría que inventarlas” al estar estipulado en el proyecto que debe haber un prestador privado.

En Educación la situación no es muy diferente. Pese a que la propuesta mantuvo el artículo de los expertos que asegura el derecho a la educación, se constitucionalizó el sistema de “vouchers” y el sistema de subvención. Aunque esta norma fue suprimida por la Comisión de Expertos, Republicanos busca reponerla en la comisión mixta.

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Derechos de las mujeres

Previo al estallido social, en 2018, el llamado “Mayo Feminista” anticipó las protestas que paralizarían al país un año después. Es por esto que en ambos procesos constituyentes los derechos de las mujeres han jugado un rol central en la discusión.

En ese contexto, las normas que podrían limitar el acceso al aborto en tres causales, e incluso que podrían dejar la legislación como inconstitucional, han sido uno de los puntos centrales del trabajo del Consejo Constitucional.

La protección de la vida de “quien” está por nacer y la objeción de conciencia institucional son los dos principales flancos de crítica que tiene la propuesta constitucional.

En cuanto a la primera, el oficialismo y organizaciones de la sociedad civil han alertado que el cambio de la palabra “del” a “quien” podría generar una nueva interpretación del Tribunal Constitucional y dejar sin efecto la ley de aborto en tres causales. De hecho, el jefe de bancada de Republicanos, Luis Silva, aseguró que su sector cree que bajo la actual Constitución el aborto en tres causales es inconstitucional.

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Por otra parte, está la objeción de conciencia institucional e individual. Actualmente este derecho lo pueden ejercer profesionales de la salud que no quieran practicar un aborto argumentando sus convicciones religiosas. Pero con la nueva norma, instituciones de salud completas se podrían negar a atender a mujeres que requieran interrumpir un embarazo por riesgo de la vida, inviabilidad del feto o violación.

Con este panorama, organizaciones feministas y parlamentarios de izquierda han denunciado que con la actual propuesta supone un “peligroso retroceso” en derechos de las mujeres.

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