A cuatros años del estallido social, el fiscal nacional, Ángel Valencia, entregó algunos de los resultados de las investigaciones realizadas por violaciones a los derechos humanos, delitos y crímenes de lesa humanidad registrados durante el periodo.

En dicho contexto, informó que las indagatorias arrojaron que sí hubo violaciones a los derechos humanos, pero que éstas no fueron de carácter "sistemático".

"Hemos detectado, y es de público conocimiento, hechos que revestirían carácter o que se pueden calificar como violaciones de derechos humanos, pero no hemos reunido antecedentes en esas investigaciones que puedan atribuirle el carácter 'sistemático', sin perjuicio que las investigaciones siguen abiertas", informó de acuerdo a 24 Horas.

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Valencia también aseguró que, tras asumir el cargo, su instrucción fue "investigar con mayor celeridad" las causas relacionadas al estallido social y "concentrar en un sólo fiscal regional los delitos graves cometidos en contra de Carabineros".

Además afirmó que solicitó a la Unidad Especializada de Derechos Humanos "verificar que las investigaciones estén bien cerradas, es decir, que no haya diligencias pendientes que hubieran debido realizarse conforme a las instrucciones generales y obligaciones internacionales".

De acuerdo a un informe entregado por el Ministerio Público, entre el 18 de octubre de 2018 y julio del presente año, se registraron 8.508 casos de violencia institucional. A ello se suma la formalización de 147 carabineros, militares y efectivos de la PDI, de los cuales 45 fueron condenados.

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Sin ir más lejos, un reciente informe de la organización Movimiento Salud en Resistencia, nacida en pleno estallido social por un grupo de funcionarios y estudiantes de salud para socorrer a los manifestantes, reveló que Carabineros disparó casi dos millones de perdigones entre el 18 de octubre y finales de diciembre de 2019.

Según el informe "Atención y seguimiento de pacientes afectados por violencia de Estado en contexto del Estallido Social de Octubre de 2019 en Santiago de Chile", la policía disparó 151.288 cartuchos calibre 12, con un total de 1.815.456 perdigones.

Según el análisis de fichas clínicas, entre octubre de 2019 y enero de 2020, se contabilizaron 1.698 registros de atención a lesionados/as en contexto de manifestaciones. De dicho número, 1.491 fueron catalogados como una consecuencia directa de agresiones por agentes del Estado. De ellos, un total de 821 personas presentaron lesiones por impacto de perdigones. 

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