Republicanos y Chile Vamos aprueban Defensoría de Víctimas y asesoría técnica a Contraloría
Ejerciendo la mayoría que ostenta en el Consejo Constitucional, el bloque de derecha —Partido Republicano y Chile Vamos— aprobó un conjunto de enmiendas de unidad de propósito que modifica la composición de la Contraloría General de la República y agrega un nuevo capítulo al proyecto constitucional para crear una Defensoría de Víctimas.
Dichas enmiendas (como todas las presentadas por republicanos) no estuvieron exentas de polémica.
Respecto a las modificaciones al funcionamiento de la Contraloría, en su exposición en el órgano constitucional, el contralor Jorge Bermúdez, acusó que estas “debilitan la autonomía” del ente fiscalizador. “Lo digo con este énfasis porque entiendo que esto va a quedar en un acta y quiero que quede así para la historia: estas enmiendas restringen el control administrativo, debilitan el control como pilar del Estado de derecho y, por lo tanto, debilitan la democracia”, emplazó el pasado 3 de agosto Bermúdez.
Sin embargo, pese a las advertencias del contralor, el bloque mayoritario del consejo aprobó las enmiendas.
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Modificaciones a Contraloría
Uno de los puntos que más críticas generó en la previa de la votación fue el Consejo Técnico Asesor para la Contraloría impulsado por el Partido Republicano a través de las enmiendas.
En concreto, la enmienda aprobada en la Comisión Jurisdiccional sostiene: “La Contraloría General de la República estará compuesta, además, por un Consejo Técnico Asesor que ejercerá la competencia establecida en esta Constitución”.
Esas competencias que menciona el artículo dicen relación con la capacidad de “fiscalizar” al contralor ex ante de que este tome determinaciones tales como; modificar o sustituir resoluciones de actos administrativos, emitir dictámenes o fijar organismos o programas propios de la institución.
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Este organismo sería integrado por cuatro miembros con los siguientes requisitos: tener 15 años de antigüedad ejerciendo carrera en la materia y contar con “reconocida y comprobada competencia e idoneidad profesional o académica”.
Asimismo, se especifica que los miembros serán escogidos por concurso público desde universidades, específicamente desde facultades de derecho y economía, y que desempeñarán el cargo por cuatro años.
Defensoría: “prioriza a algunas víctimas”
Otro de los aspectos que tensionó la sesión en la Comisión Jurisdiccional fue la enmienda que introduce el capítulo de la Defensoría de las Víctimas en el proyecto constitucional.
Si bien es cierto que el oficialismo trató de evitar que se añadieran nuevos capítulos al anteproyecto mediante un recurso interpuesto ante la Corte Suprema (el cuál fue rechazado), con posterioridad los consejeros de izquierda se abrieron a apoyar esta iniciativa, pero no por completa.
Es por esto que al inicio de la votación la consejera María Pardo (CS) solicitó votar por separado los distintos artículos del capítulo, argumentando que su bancada apoyaba el espíritu del capítulo pero no, por ejemplo, la creación de la unidad especializada para protección de víctimas del terrorismo y narcotráfico.
Sobre esto, Pardo aseguró que “no era posible aprobar esta unidad especializada a cargo de defender a ciertas víctimas (…) Nos parece preocupante este inciso porque lo que hace es priorizar a algunas víctimas respecto a las demás”.
En esa línea, la consejera oficialista aseguró que en esta unidad se estaría dejando lado a las víctimas de robo por violencia o de delitos sexuales. “Sabemos que el 53% de las víctimas de delitos sexuales son menores de edad y el 90% son mujeres. Esto da cuenta de todas las personas que quedan excluidas”, emplazó Pardo.
Y pese a afirmar que estaban por aprobar este capítulo, apuntó a republicanos por no otorgar la posibilidad de votar por separado estas enmiendas.
“Nos parece que la Defensoría de Víctimas es una buena iniciativa y teníamos disposición a votar a favor porque que contribuimos en la redacción. Por eso lamentamos la falta de nobleza que tuvo la derecha, en especial republicanos, de no conceder la votación separada. Nos parece mezquino de su parte”, sentenció la consejera.