El diputado José Miguel Castro (RN) fue elegido presidente de la Comisión Investigadora por el llamado Caso Convenios que se constituyó este martes en la Cámara. Sin embargo, a solo un día de asumir, Castro resultó salpicado por este caso.

La diputada Ericka Ñanco (RD) denunció que la esposa de Castro recibió un millonario pago por un contrato suscrito con la seremi de salud de Antofagasta, bajo el gobierno de Sebastián Piñera en 2021.

En concreto, la seremi Rossana Díaz (UDI) firmó un contrato por $513 millones con el Hotel Altos del Sol, para que el recinto prestara servicios de residencia sanitaria en el contexto de la pandemia del Covid-19. Vania Korlaet, esposa del diputado Castro, es directora de la empresa hotelera que suscribió el contrato.

Ante esta información, Ñancko declaró: “Sin lugar a dudas, necesitamos reunir antecedentes de esta materia, pero desde ya solicitare en la Comisión Investigadora, que el diputado José Miguel Castro se inhabilite de presidir la Comisión”.

En esa línea, la diputada aseguró que “no puede existir conflicto de interés en esta instancia, que busca esclarecer convenios en la región de Antofagasta. Necesitamos transparencia y probidad, por eso nos parece necesario que el diputado Castro pueda explicar la vinculación que tuvo con la seremi de salud y cómo se dio este trato directo”.

Explicación de Castro

El RN respondió rápidamente a la denuncia, asegurando que la Contraloría visó el contrato y el posterior traspaso de recursos.

“Hubo un hotel que se arrendó por trato directo, obviamente en la pandemia, porque en ese tiempo se entregaran por trato directo por la urgencia. Fue ratificado por Contraloría, fue Contraloría a ver el hotel. Estaban todas las debidas consideraciones como hotel, en ese momento, al enterarme de esto, envió un oficio a la Seremi de Salud para informar y siguió exactamente igual la necesidad de contrato”, respondió Castro ante los cuestionamientos.

Asimismo, el parlamentario explicó por qué el contrato salió hace pocos meses a la luz. “Lo que pasa es que el gobierno de ese entonces, de Sebastián Piñera, no paga el uso de hotel y la empresa lo que hace es irse a un juicio que toma el Consejo de Defensa del Estado y que este año, aparece una resolución judicial, donde se pierde y se obliga al Estado a pagar por este servicio”, argumentó.

“Hay una resolución judicial, está Contraloría que fue a ver el hotel, existe una autodenuncia inmediata que yo hago antes de prestar el servicio”, agregó.

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