Antes de convertirse en ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) –cargo que luego ostentó su compañero de partido, Álvaro Elizalde–, Ana Lya Uriarte fue una pieza clave para los alegatos de un grupo de vecinos de Vitacura en contra del Conjunto Armónico Portezuelo, que busca instalar 15 edificios distribuidos en 26 módulos sobre la falla de San Ramón, a los pies del Cerro Alvarado en Vitacura, y consta de una inversión de US$250 millones.

Sólo hace un par de días, la Corte Suprema falló obligando a la inmobiliaria a complementar los estudios con informes sobre los impactos que podría tener la falla.

Según Marta Lagos, fundadora de Mori Chile y quien motivó a los vecinos de Lo Curro Bajo para organizarse en contra del proyecto, el Sernageomin será el que decidirá si se puede construir y cuántos edificios, pensando en los efectos de un terremoto de acuerdo a La Segunda.

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Pero para llegar a dicha resolución hubo un largo camino, en el cual la extitular de la Segpres jugó un rol importante como asesora legal.

Asesoramiento legal

Lagos contó que en abril o mayo de 2019, hicieron una asamblea en el Club Militar para presentar a las abogadas Ana Lya Uriarte y Valentina Durán, quienes habían creado la Clínica Ambiental de la Universidad de Chile y fueron propuestas por su marido, Carlos Huneuus.

Gracias a las numerosas reuniones en la casa de Lagos y Huneuus se organizaron tres comités: económico, legal y el de comunicaciones donde lograron el apoyo de más vecinos de Lo Curro.

Aunque fue recién en 2021 cuando ambas abogadas se anotaron el primer triunfo en el Tribunal Ambiental, el cual determinó que el proyecto debía entregar antecedentes geológicos por el riesgo de la falla de San Ramón. 

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Módulos v/s edificios

"Se trata de módulos que al estar conectados por el subterráneo estas estructuras pasan a denominarse módulos y no edificios independientes. Esto es un ardid de aquellos que siguen molestando estos vecinos y la ciudadanía en general, cuando se les pretende desinformar y presentar una realidad de una forma que en realidad no es", señaló Ana Lya Uriarte en dicha oportunidad.

Lo anterior pues, de acuerdo a Lagos, "para la Ley de Urbanismos son 15 edificios, pero, si los miras, son 26, porque algunos están unidos por los estacionamientos. Es una triquiñuela, el junto armónico explota la densidad permitida al máximo", manifestó al medio citado.

Proyecto Portezuelo en Vitacura. Lo que dice Ana Lya Uriarte en el Tribunal Ambiental pic.twitter.com/CYXMA1J8q0

— Patricio Herman (@p_herman) February 16, 2021

Fallo Supremo

Con todo, ambas abogadas debieron abandonar la asesoría legal de los vecinos. Primero lo hizo Valentina Durán, quien dejó el caso tras ser nombrada directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental en marzo de 2022. Ana Lya Uriarte se quedó, pero no por mucho más: en septiembre partió a la Segpres para asumir como titular de la cartera.

En su reemplazo entró Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG Fima, nombrado por la propia Ana Lya, quien recurrió al máximo tribunal para obligar a la inmobiliaria a complementar los estudios sobre los impactos que podría tener la falla de San Ramón.

El resto es historia y ya está en manos del Sernageomin, mientras Lagos cuenta al medio que no han celebrado todavía pero que, de todas formas, "Vamos a hacer un asado aquí en la casa".

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