Este miércoles el Presidente Gabriel Boric encabezó una reunión en el Palacio de La Moneda junto a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y autoridades del Poder Legislativo, el Ministerio Público y las policías, en la previa a la presentación de una propuesta para reformar la Ley Antiterrorista. 

“Nos habíamos comprometido hace un mes a tener esta reunión, la estamos cumpliendo para poder presentarles la propuesta que queremos presentar al Parlamento respecto a las modificaciones de la legislación de terrorismo en Chile”, señaló el Jefe de Estado.

La cita llega a raíz de los tres atentados seguidos que hubo en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío y que instaron al Presidente, el pasado 15 de junio, a convocar una reunión en La Moneda con los titulares de ambas Cámaras del Congreso, autoridades policiales, el Poder Judicial y el Ministerio Público para trabajar en una reforma. 

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"Los países desarrollados que han tenido expresiones de este tipo cuentan con leyes antiterroristas modernas y el problema que hoy día tiene Chile, es que es ineficaz, y no solo es ineficaz, sino que cuando ha sido utilizada, Chile ha sido condenado por organismos internacionales por el mal uso que se la ha dado", manifestó en dicha oportunidad.

"Nosotros no estamos en contra de tener una legislación antiterrorista, tenemos que tener una moderna y una eficaz, y por eso como gobierno nos hemos comprometido a ingresar un paquete de modificaciones a la actual legislación durante el segundo semestre", aseguró el Presidente en junio último.

Posibles cambios a la ley

Según informó preliminarmente La Tercera, algunas de las propuestas del gobierno apuntan a aumentar las penas para quienes se agrupen para cometer un delito terrorista y eliminar elementos “subjetivos”, como la disposición actual de la Ley 18.314, en que una de las condiciones para acreditar el ilícito es “infundir terror en la población”. 

Para reemplazarlo, se quiere incorporar un artículo que apunte a la intención de “socavar” la institucionalidad política, social y económica, además de estudiar la redacción de un artículo que considere todos los delitos que afecten la integridad individual de las personas. 

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