Tras sortear la acusación constitucional en su contra, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, deberá enfrentar el flanco que quedó abierto: las licitaciones de Junaeb.

En la comisión revisora de la AC, el exdirector de Juaneb, Cristóbal Acevedo, denunció que la institución había pagado $3.488 millones por 30 desayunos. Es decir, por cada ración, se pagó $116 millones.

“Los antecedentes que expuse los recibí de parte de funcionarios de la institución. Pude verificar su veracidad por medio de equipos técnicos y de forma personal, accediendo a la información publicada en el Portal de Transparencia de Junaeb. Dada su gravedad, me pareció que no podía dejar de expresarlos en la instancia”, sostuvo Acevedo por medio de una carta entregada a la comisión.

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Junaeb negó rotundamente haber pagado estos 3.500 millones por 30 raciones a través de una declaración pública en la que acusaban a Acevedo de hacer un cruce de información “erróneo y antojadizo”.

Asimismo, la institución compartió una tabla de precios promedio por ración, la que consigna que el valor de la colación varía entre los $3.942 y los $6.865.

Lobby en la AC contra Ávila

Otra polémica que saltó en medio de la acusación constitucional contra el titular de Mineduc fue la denuncia que hizo el diputado Juan Santana (PS).

El expresidente de la comisión de Educación de la Cámara aseguró que la oposición citó a la comisión revisora de la AC a “dos lobistas” a exponer.

“Insólito. Carlos Gajardo y Francisco Varela, los ‘expertos’ invitados por diputados de derecha a la comisión q revisa Acusación Constitucional contra ministro Ávila, son lobistas de empresas que participan de licitaciones de la Junaeb: Todo vale, con tal de adjudicar un contrato”, sostuvo el diputado en sus redes sociales.

Varela aparece en la Plataforma Ley del Lobby representando a Consorcio Merken SpA, propiedad del grupo uruguayo-estadounidense Fedir Chile, mientras que el exfiscal Gajardo se ha desempeñado como abogado directo de Fedir.

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De acuerdo a un reportaje de Ciper publicado en 2022, Consorcio Merkén fue el proveedor que se adjudicó el mayor porcentaje de ese año del total de raciones que entregaba Juaneb. La empresa estuvo a cargo de entregar más de 1,4 millones de colaciones, equivalente al 35% del Programa de Alimentación Escolar y de Párvulos (PAE-PAP).

Esta situación fue reafirmada por Santana en su intervención en la sesión de la Cámara donde se votó la AC contra el ministro Ávila. “¿Qué es lo que hay realmente detrás de esta acusación constitucional? Por cierto, aquí hay un evidente interés privado en juego. El consorcio Merkén y Savisa (…) presentó, invitados por la derecha, a dos de sus lobistas como expertos. Hay quienes quieren convertir la Cámara de Diputados en un tribunal económico para resolver conflictos de privados”, acusó el diputado socialista.

Flanco abierto

Pese a la derrota, la oposición insistió en que Ávila debe dar un paso al costado, aludiendo a la denuncia de los $3.500 millones.

El diputado Diego Schalper (RN) aseguró estar conforme con la arremetida contra el secretario de Estado, ya que a pesar de que la acusación no prosperó, se instaló en la opinión pública el tema de Junaeb.

Ese mismo argumento hiló el diputado Guillermo Ramírez (UDI), quien sostuvo que el “tiempo dará la razón” a su sector cuando “se destape lo de Junaeb”.

Con todo, esta trama tendrá su continuación tras la determinación de la Controlaría, institución que fue requerida por la directora nacional de la Junaeb, Camila Rubio, para realizar una auditoría a las licitaciones que se pusieron en entredicho.

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